EXTRANJERIZACIÓN FALLIDA
“Un extranjero puede comprar una provincia entera si eso trae beneficios para la Argentina”
Canciller Pablo Quirno
***La decisión del oficialismo de retirar del proyecto la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros trasciende una derrota parlamentaria. El Congreso rechazó el núcleo ideológico de una concepción que pretende reducir la soberanía y el desarrollo nacional a la lógica exclusiva del mercado.
Todavía la calificación de “vendepatria” cala hondo en la sociedad argentina.
Lo sintieron los de la oposición “dialoguista” y le retiraron el apoyo al capítulo de extranjerización de tierras, que iba a tratarse el jueves pasado en el Senado. El oficialismo optó por sacarlo del temario.
Toda una derrota de gran simbolismo, no ya del gobierno libertario, sino de su ideología.
Se puso un límite al modelo de “país mercado” para dejar paso a aquello que nos legaron nuestros próceres: “país patria”.
En realidad, la situación fáctica no cambió, cambió algo más importante, el mensaje de que no todo se compra y se vende, que hay límites, que estos límites están justo dónde comienza a diluirse la frontera entre soberanía y comercio, entre patria y mercado, entre la bandera nacional y la insignia libertaria.
La decisión del oficialismo de retirar del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la compra de tierras por extranjeros constituye mucho más que una modificación parlamentaria.
Es una derrota política. Pero, sobre todo, es una derrota ideológica.
“La caída del capítulo de extranjerización del territorio significa una derrota al modelo de “país mercado”
El proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo eliminaba todas las restricciones existentes. En otras palabras, el Estado argentino renunciaba a fijar un límite legal a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Durante la negociación en el Senado, el Gobierno aceptó una primera concesión: ya no sería la eliminación absoluta de los límites, sino la ampliación del porcentaje permitido del 15 al 25 por ciento.
Sin embargo, ni siquiera esa flexibilización consiguió los votos necesarios. El oficialismo terminó suprimiendo por completo ese capítulo. No perdió solamente una iniciativa legislativa. Perdió la idea que le daba sentido.
Lo llamativo es que la discusión ni siquiera respondía a una necesidad objetiva. Hoy, la superficie rural en manos extranjeras ronda apenas el 6 por ciento, muy por debajo del límite legal vigente del 15 por ciento.
Es decir, no existía un obstáculo real para las inversiones. Nadie podía sostener seriamente que la legislación actual estuviera frenando el desarrollo del país.
Entonces, ¿por qué modificarla? Porque el objetivo principal no era resolver un problema práctico. Era enviar un mensaje político. Un mensaje que decía que, para el Gobierno, la tierra debía dejar de ser considerada un bien estratégico sujeto a regulaciones especiales y pasar a ser una mercancía más, sometida exclusivamente a la lógica del mercado. Ése era el verdadero corazón ideológico del proyecto.
El libertarismo parte de una premisa clara: el mercado asigna los recursos mejor que el Estado. Si un extranjero desea comprar una fábrica, un departamento o una hectárea de campo, el Estado no debería establecer diferencias.
“La superficie rural en manos extranjeras apenas ronda el 6%. La reforma no respondía a una necesidad práctica, sino a una definición ideológica”
Pero los Estados no existen únicamente para administrar mercados. Existen también para proteger intereses permanentes de la comunidad política que representan. Y entre esos intereses figura, desde hace siglos, el control del territorio.
Por eso resulta significativo que prácticamente todas las democracias desarrolladas mantengan algún tipo de regulación sobre la propiedad extranjera de la tierra.
Algunas limitan superficies; otras establecen controles en zonas de frontera o sobre recursos estratégicos; otras exigen autorizaciones especiales. No porque rechacen la inversión extranjera, sino porque distinguen entre un activo financiero y un componente de la soberanía nacional.
La misma matriz ideológica aparece en la política de apertura irrestricta de las importaciones. Allí también el mercado es elevado a criterio casi exclusivo de decisión. Si una industria argentina no puede competir, deberá desaparecer. Si un producto importado resulta más barato, el consumidor se beneficiará y el mercado habrá cumplido su función.
El problema es que la industria tampoco es una mercancía cualquiera. Detrás de una fábrica existen empleos, conocimiento, innovación, proveedores, desarrollo regional y capacidades productivas que ningún país serio entrega con indiferencia.
En ambos casos -la tierra y la industria- el debate es el mismo. ¿Debe el Estado limitarse a garantizar la libertad de los intercambios o tiene también la obligación de preservar ciertos bienes estratégicos?
El Senado, al rechazar primero la eliminación de todos los límites y luego también la ampliación al 25 por ciento, respondió esa pregunta con claridad.
No rechazó la inversión extranjera. Tampoco defendió el aislamiento económico. Lo que rechazó fue la idea de que el territorio nacional pueda quedar completamente librado a la lógica del mercado.
“El Senado puso un límite a la ideología del gobierno. Ese límite está en el lugar preciso en que la Argentina deja de ser patria para convertirse en mercado global”
Por eso esta situación trasciende largamente el destino de un capítulo de una ley. Marca el primer límite político importante a una concepción que pretende convertir toda decisión pública en una decisión de mercado.
El Gobierno podrá insistir con otras iniciativas. Forma parte de su programa y de su legitimidad democrática. Pero esta vez encontró un límite que no provino de un sector político en particular, sino de una convicción bastante extendida en el sistema institucional argentino: hay bienes que no pueden ser tratados como cualquier mercancía.
Una patria puede abrirse al mundo, comerciar con el mundo y recibir inversiones del mundo. Lo que difícilmente pueda hacer es aceptar que el mercado sea el único árbitro de todo aquello que define su propio destino.
La tierra no era el problema. El verdadero debate era otro: si la Argentina debía dejar de pensarse como una Nación con intereses estratégicos para convertirse simplemente en un espacio económico abierto al mejor postor.
Ese debate, al menos por ahora, el Gobierno lo perdió. Y con él perdió, por primera vez de manera nítida, una de las expresiones más puras del proyecto ideológico que intenta construir.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
