FEDERALISMO ARGENTINO
“La transacción paradigmática del federalismo argentino consiste en el intercambio de recursos financieros a cambio de apoyo legislativo”
Balán-Tiberti
“Te doy para que me des”. La vieja fórmula del intercambio parece haberse convertido en una regla de la política argentina. Los recursos públicos, las negociaciones legislativas y la relación con las provincias responden cada vez más a una lógica donde el interés del poder desplaza a los criterios generales. El federalismo, mientras tanto, queda reducido a un toma y daca.
Hay una expresión latina que atraviesa los siglos y encuentra en la Argentina actual una vigencia inquietante: do ut des. Te doy para que me des. En el lenguaje cotidiano, el toma y daca. En la política, el intercambio de favores, donde cada concesión tiene un precio y cada decisión se mide por su utilidad para quien gobierna.
Nadie puede escandalizarse porque la política negocie. La democracia es, precisamente, el espacio donde conviven intereses distintos y se construyen acuerdos.
El problema comienza cuando negociar deja de ser un medio para alcanzar consensos y se convierte en un mecanismo de subordinación. Cuando el Estado no trata a todos bajo reglas previsibles, sino que distingue entre amigos que merecen ayuda y adversarios que deben arreglarse como puedan.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ofrecen un ejemplo elocuente. Fueron concebidos para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Su carácter discrecional tiene una justificación funcional.
Pero discrecionalidad no significa arbitrariedad, y mucho menos licencia para convertir la asistencia en una herramienta de construcción política.
Al 25 de septiembre de 2026, los desembolsos de ATN rondaban los 184.000 millones de pesos. Corrientes había recibido 19.000 millones; Misiones, 25.000 millones. Otras provincias no habían recibido nada durante el período.
Los números no prueban, por sí solos, que detrás de cada transferencia haya un acuerdo político. Pero obligan a formular una pregunta elemental: ¿qué criterios explican semejantes diferencias?
La respuesta debería estar en datos públicos, fundamentos verificables y procedimientos transparentes. Cuando no alcanza con mostrar las cifras y hay que adivinar las razones, la sospecha se convierte en un problema de poder.
“El federalismo no puede consistir en que los gobernadores deban demostrar su docilidad ante la Casa Rosada para conseguir los recursos que sus provincias necesitan.”
La misma lógica aparece en las negociaciones legislativas. Milei necesita votos para aprobar sus proyectos; los gobernadores necesitan recursos, obras y respuestas para sus distritos. Hasta ahí, política.
El límite se cruza cuando la asistencia pública queda atrapada en una relación implícita de contraprestaciones. No hace falta probar la existencia de un pacto secreto para advertir el riesgo. Basta con que la distribución de recursos carezca de parámetros suficientemente claros y que, al mismo tiempo, los acuerdos políticos se negocien bajo la presión de necesidades financieras provinciales.
La desigualdad entre quien dispone de la caja y quien necesita acceder a ella es demasiado evidente como para ignorarla.
La discusión sobre la eliminación o suspensión de las PASO para 2027 agrega otra pieza al tablero. Milei busca ordenar su espacio detrás de su candidatura a la reelección y evitar una competencia interna que podría alterar ese objetivo. El peronismo, en cambio, necesita resolver sus disputas de liderazgo y encontrar una candidatura capaz de reunir a sectores diferentes.
La eliminación o suspensión de las Paso pueden impedir que exista una primaria nacional en 2027. El oficialismo puede así facilitar la consolidación de su candidatura; el peronismo pierde un mecanismo común para dirimir sus diferencias.
Los gobernadores, entretanto, negocian entre sus intereses provinciales, sus alianzas y las condiciones de la competencia electoral. La discusión deja al descubierto una cuestión de fondo: las reglas electorales se modifican según la conveniencia coyuntural de quienes están en el poder.
“Cuando las reglas se acomodan a las necesidades de quienes gobiernan, la política deja de administrar el interés general y empieza a administrar sus propias conveniencias.”
No estamos ante la desaparición de las instituciones, sino ante una deformación más sutil: siguen en pie las leyes, los organismos y los procedimientos, pero su funcionamiento queda subordinado a la estrategia de quienes circunstancialmente concentran el poder. Las instituciones permanecen; lo que se deteriora es su capacidad para limitarlo.
El problema, entonces, no es que un gobernador negocie ni que un presidente busque apoyo parlamentario. El problema es que la necesidad de obtener recursos pueda convertirse en una forma de disciplinamiento, y que la lealtad política termine pesando más que las reglas comunes.
El federalismo no es una concesión del presidente a los gobernadores. Es una arquitectura de derechos, competencias y responsabilidades. Administrar fondos comunes no otorga el derecho a convertirlos en premios para los propios ni en instrumentos de presión sobre los demás.
Cuando el do ut des se transforma en regla, el Estado deja de garantizar condiciones comunes y pasa a administrar lealtades. El ciudadano termina pagando dos veces: primero, con sus impuestos; después, con las consecuencias de una política que confunde el interés público con la conveniencia del poder.
Un federalismo serio no se construye con favores ni con gobernadores obligados a peregrinar ante la caja nacional. Se construye con reglas previsibles, criterios transparentes y provincias que no tengan que negociar su dignidad institucional a cambio de recursos.
Lo demás tiene nombre conocido: toma y daca. Puede servir para ganar una votación, asegurar una alianza o sostener una candidatura. Pero no es política de Estado. Es el poder utilizándose a sí mismo como medida de todas las cosas.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
