EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
“La hospitalidad universal designa un derecho, no un favor… el derecho de un extranjero a no ser tratado con hostilidad por el mero hecho de haber llegado al territorio de otro.”
Immanuel Kant, “La paz perpetua”
***El gobierno se encuentra trabajando para establecer el organismo que se encargará de expulsar extranjeros que nos hayan insultado en el mundial de fútbol. Cómo si no tuviéramos problemas más graves que atender, reflota un tema secundario que quedó atrás. Sin embargo, con ello está demostrando la doble moral convertida en demagogia. No condena el discurso de odio contra la dignidad de una persona por el sólo hecho de serla. El requisito es que la víctima sea argentina. Y por casa, ¿cómo andamos?
Cuando creíamos que el DNU de Milei para expulsar extranjeros por discursos de odio había quedado sepultado bajo el manto caliente de las realidades argentinas, resulta que el gobierno está preparando un decreto para reglamentarlo y determinar el organismo que se ocupará de identificar al odiador y expulsarlo.
Su falta de “timing” es evidente. ¿Es necesario continuar con esa estupidez demagógica y xenófoba? Obviamente no.
Pero, como hay que cerrar el circuito, tal vez algún burócrata se ocupe de encontrar un par de chivos expiatorios, para aplicarle todo el peso del DNU. Cómo Trump, vio?
Sin embargo, dejando de lado tanta energía gastada en tonterías sin sentido, el asunto tiene un trasfondo que excede los desvaríos gubernamentales.
El presidente Javier Milei ha construido buena parte de su estilo político sobre el insulto. A periodistas los llama “ensobrados” u “operadores”; a la oposición, “casta” o “ratas”; a mandatarios extranjeros como Lula da Silva o al juez Alexandre de Moraes los agravia públicamente en su propio país.
El insulto, es la gramática permanente que sale de su boca, producto de una mente que sería un magnífico material de estudio para un congreso de psiquiatría.
“La doble moral del presidente Milei queda absolutamente consagrada a nivel legal con el DNU que convierte en delito los discursos de odio con motivo del mundial de fútbol.”
Pero el asunto se vuelve más serio a nivel legal cuando firma un decreto que convierte el odio en delito migratorio, pero solo cuando la víctima es argentina.
El DNU 681/2026 modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país, o cancelar la residencia ya otorgada, de todo extranjero que “hubiere dirigido mensajes de odio” o “incitado a la violencia contra el pueblo argentino… motivado en la nacionalidad”.
La norma nació, no de una reflexión sobre derechos humanos, sino de un oportunismo puntual: la Casa Rosada calificó de “campaña antiargentina” las críticas que pulularon en las redes, que fueron replicadas por celebridades ignorantes, como Samuel L. Jackson y Rosalía tras la final del Mundial 2026.
De la ofensa nacional a la política de Estado hay, en este gobierno, un solo paso. Aquí está la pregunta que el DNU no puede responder sin contradecirse: ¿el odio es condenable porque daña la dignidad de una persona, o solamente cuando la persona odiada resulta ser argentina?
Si es lo primero, la nacionalidad de la víctima es irrelevante, el odio contra un boliviano, un venezolano o un haitiano debería preocuparnos exactamente igual que el odio contra un argentino.
Si es lo segundo, entonces lo que el decreto protege no es a la persona sino al orgullo del Estado-nación, y el “odio” deja de ser una categoría moral para convertirse en una cuestión de lesa majestad actualizada al siglo XXI.
Kant fue categórico en esto: una máxima solo es moral si puede universalizarse sin contradicción.
“No está mal odiar, salvo cuando el odiado sea de los nuestros” no pasa esa prueba, no es un principio ético, es un reflejo tribal disfrazado de norma jurídica.
Y hay algo casi cínico en el propio texto del decreto: excluye expresamente la “crítica política, académica o ciudadana” como legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
”¿De qué sirve proteger a los argentinos del odio de los extranjeros si no somos capaces de protegernos del odio entre los argentinos”
El Gobierno sabe distinguir entre odio y disenso cuando redacta una ley para extranjeros. Esa misma distinción se evapora cuando es Milei quien habla de la prensa, de los jueces, de los “zurdos” o de quien piensa distinto.
Hay una segunda traición, más profunda que la incoherencia política: es una traición filosófica. Milei se reclama heredero de la tradición liberal clásica, la de los derechos individuales universales que no dependen de pasaporte ni de bandera.
Pero esa tradición -la de Kant, la de Mill, la que Argentina incorporó a su Constitución con jerarquía suprema en los tratados de derechos humanos- sostiene exactamente lo contrario de lo que el DNU consagra.
El artículo 16 de nuestra Constitución no dice “todos los argentinos son iguales ante la ley”: dice “todos sus habitantes”.
Un gobierno que invoca a Kant y legisla como Carl Schmitt -para quien la política se define por la distinción amigo-enemigo, y el enemigo externo siempre concentra el mal que no se quiere ver adentro- no está actualizando el liberalismo. Lo está enterrando.
“Los discursos de odio del presidente, resultan agravados por la asimetría que genera el poder de quién los pronuncia”
Y hay una tercera contradicción, quizás la más argentina de todas: la de un país que se definió a sí mismo, en su propio Preámbulo, como el suelo abierto “para todos los hombres del mundo que quieran habitar” en él.
Esa fórmula no distinguía entre nacionales y extranjeros a la hora de merecer dignidad; distinguía entre quien viene a construir y quien viene a destruir.
El DNU 681/2026 invierte esa lógica fundacional: ya no importa si el extranjero construye o destruye, importa si el insulto corre en el sentido que le conviene al poder.
El poder, cualquier poder, tiende naturalmente al particularismo moral: a condenar en el otro lo que se permite a sí mismo. La función de una ética pública seria -y de una Constitución liberal, si se la toma en serio- es precisamente resistir esa tentación, no consagrarla en el Boletín Oficial.
Un presidente que insulta a diario y firma decretos contra el insulto ajeno no está defendiendo la convivencia social: está pidiendo, con el peso de la ley, el privilegio de odiar sin recibir el vuelto.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
