INCESTO INSTITUCIONAL
“La Justicia no sólo debe hacerse, también debe parecer que se hace”
Gordon Hewart, jurista inglés
***Ser y parecer es la exigencia que tiene la mujer del César. En el caso de la Justicia argentina en la causa Libra#, que involucra al Presidente de la Nación, no sabemos si es; lo que sí estamos seguros es que no lo parece. De un andar lentísimo, la investigación contrasta con las pocas horas en las que se consumó la estafa. En el medio de la cuestionada decisión del magistrado Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes que impulsan la investigación, aparece la designación pendiente de la esposa del magistrado como Juez, que está a la firma del Presidente Milei. No creemos en las coincidencias.
Una percepción común es que la Justicia tiene dos velocidades en las causas relacionadas con la política. Una, lenta, cuando los encausados están en el poder; otra, más rápida y legal, cuando emergen del mismo.
Es lo que también está sucediendo con la Causa Libra#, que muestra un revelador contraste entre la velocidad supersónica con la que inversores de buena fe fueron estafados (apenas unas horas), contra el transcurso de casi diecisiete meses que transcurren de la investigación judicial, que se arrastra con la lentitud de los moribundos.
En la Argentina, la impunidad rara vez llega con estruendo. Casi siempre llega caminando. Hay causas que se archivan en los tribunales y otras que se disuelven lentamente en el caldero del almanaque.
Pero en la estafa cripto, no sólo el tiempo está jugando a favor de los involucrados, entre los que está el propio Presidente de la Nación. También decisiones judiciales que tienden a favorecer al poder.
Hay coincidencias que no parecen fruto de la casualidad. El viernes 3 de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los cinco querellantes de la causa $LIBRA, bajo el argumento de que no habían acreditado un perjuicio “concreto, directo y suficientemente individualizado”.
“La celeridad de la estafa contrasta con la lentitud de la investigación. Es que la Justicia funciona con distinta velocidad cuando se trata de causas relacionadas con el poder”
La decisión judicial no cierra la causa. Pero le quita el motor que la venía moviendo: la actuación de los querellantes perjudicados y no la del fiscal Eduardo Taiano.
Fueron los ahora apartados quienes consiguieron los avances probatorios más relevantes, incluido el embargo sobre los bienes de Hayden Davis. De ahora en más, la causa que investiga si el presidente promovió una estafa a través de su cuenta de X queda exclusivamente en manos del fiscal Taiano (“Tardano”, para los que lo conocen bien) que, según sus propios críticos dentro del sistema judicial, no ha mostrado apuro por llegar a ningún lado.
El argumento del magistrado roza el cinismo de la era digital: sostiene que las capturas de pantalla y los registros de las wallets no acreditan fehacientemente la titularidad de los fondos, y que, al fin y al cabo, quienes entraron en ese juego conocían el riesgo de un mercado volátil.
Bajo esa lógica jurídica, la estafa digital gozaría de una zona de exclusión penal permanente. Si el engaño se perpetra con un algoritmo y se promociona desde la cuenta oficial de un Presidente de la Nación, la Justicia parece sugerir que la culpa es del estafado por su supuesta “codicia” o ingenuidad.
Se confunde, de manera alarmante o deliberada, la fluctuación propia del mercado de riesgo con la manipulación de un esquema diseñado para estafar.
“Un juez que necesita la firma presidencial para la designación de su esposa, y un Presidente que necesita una decisión del mismo juez en causa que lo involucra, no es una combo confiable”
Los informes de la división de Cibercrimen de la Policía Federal ya habían sido categóricos semanas atrás: el código compartido por Javier Milei no era de acceso público y respondía a un único titiritero en las sombras.
A eso se le sumaron los escandalosos chats del teléfono del lobista Mauricio Novelli, donde los millones de dólares de “comisión” bailaban en borradores dirigidos al entorno del esquema oficial.
Había pruebas, había un rastro digital y, sobre todo, había damnificados de carne y hueso que perdieron sus ahorros confiando en la palabra de quien prometió terminar con las castas y los privilegios.
Sin embargo, en el tablero político de este invierno de 2026, las fichas se mueven con otra sincronía. La decisión de vaciar la causa de acusadores privados coincide sugestivamente con el clima de negociaciones y acuerdos en el Senado por las vacantes judiciales. Cuando la política grande necesita aire, Comodoro Py suele abrir las ventanas.
No puede dejarse de lado, para describir el contexto, que en la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, fue el propio Taiano el fiscal que no apeló la decisión del juez Oyarbide de sobreseer al entonces matrimonio presidencial.
Hay un dato que la resolución no menciona pero que el expediente político sí registra. Martínez de Giorgi, el juez de la estafa Libra, tiene a su esposa, Ana María Cristina Juan, con el acuerdo del Senado ya obtenido para ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Le falta un solo paso: la firma del decreto presidencial que Javier Milei todavía no estampó.
Ese detalle -que no aparece en ningún considerando de la resolución sobre $LIBRA- es la explicación extrajudicial de un fallo que, jurídicamente, muchos consideran endeble.
No hace falta imaginar una orden explícita, un llamado telefónico o un sobre. La corrupción institucional argentina rara vez necesita esas torpezas. Alcanza con que un juez sepa que su cónyuge espera una firma presidencial que puede llegar mañana o no llegar nunca, y que esa firma depende exclusivamente de la voluntad de alguien cuya causa penal más incómoda él mismo tiene en sus manos.
“Soy de los que defienden a la Justicia, en el convencimiento que la mayoría de sus integrantes son íntegros. Pero, Comodoro Py no deja de ser la mancha venenosa de su prestigio”
El incentivo no necesita ser nombrado para operar. Funciona precisamente porque nadie lo nombra. Ésa es la mecánica que distingue a la corrupción de sistema de la corrupción de episodio: no requiere pacto expreso, solo dependencia mutua bien entendida. Un juez que necesita un decreto y un gobierno que necesita una causa dormida no precisan reunirse para saber qué esperan el uno del otro.
No puede ignorarse que la confianza pública se construye sobre percepciones tan poderosas como los hechos. Y cuando una investigación toca las cercanías del poder político, cada demora, cada omisión y cada decisión controvertida adquieren una dimensión institucional que trasciende lo estrictamente judicial.
La Justicia tiene derecho a reclamar respeto por sus decisiones. Lo que no puede reclamar es confianza automática. La confianza se gana.
Porque en una república no sólo resulta grave que la Justicia sea parcial. También resulta grave que una parte creciente de la sociedad llegue a creer que lo es. Y cuando eso ocurre, el problema ya no está en el expediente. Está en el corazón mismo de las instituciones.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
