TRIPLE BLINDAJE CONSTITUCIONAL
“Hasta acá, Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo así”
Presidente Alberto Fernández
*A Cristina nada le interesa probar, se siente por encima de las instituciones, de la ley y de la justicia humana. Su extrema megalomanía puede ser su mayor debilidad. Sin embargo, sabe que la propia Constitución le brinda una triple armadura contra las rejas.
**Las pruebas acumuladas en la causa Vialidad son lapidarias, a pesar de la propaganda oficial en contrario.
***Debería sentirse bailando en la cubierta del Titanic, sin embargo se meneó y cantó en el balcón del Congreso.
Cristina no necesita de más enemigos que agraven el estado general de sospecha que recae sobre ella. Para esa labor tiene amigos, como su escudero jurídico Zaffaroni, o su delegado en el poder presidencial, Alberto Fernández, que, como pato casero, no para de cometer furcios a cada momento que abre la boca.
El tío Alberto no es don Vito Corleone, no es astuto para el mal (ni para el bien), aunque lo pareciera por su expresión mafiosa al comparar a Luciani con Nisman. Debería escandalizarnos, pero los argentinos lo conocemos y estamos malamente acostumbrados a sus torpezas monumentales, aunque ésta ya se pase de la raya.
No hizo más que colocar a su mandante en el lugar en que gran parte de la sociedad la tiene con relación a la muerte del fiscal especial Amia Alberto Nisman. Pero Luciani ya habló, ¡y cómo!, ya está en la historia, su suerte personal no incidirá en la decisión final.
La semana que terminó fue rica en acontecimientos en la causa Vialidad, que involucra a Cristina como jefa de una asociación ilícita para la entrega de obras mil millonarias a Lázaro Báez en su provincia, Santa Cruz, con licitaciones arregladas, sobreprecios, obras no terminadas, y un perjuicio colosal al fisco.
Los fiscales Luciani y Mola concluyeron los alegatos de la acusación. Quiénes nos tomamos el trabajo de escucharlos, no podemos dejar de pensar en que la abrumadora pertinencia de pruebas, colocan a Cristina a las puertas de una condena, por más que el aparato propagandístico del gobierno se haya esmerado en presentar lo contrario.
Pero, se advierte en la vicepresidenta una suerte de convencimiento de su indemnidad judicial, o, por lo menos, una seguridad de que sus días no terminarán viendo la vida pasar a través de las rejas. Debería sentirse bailando en la cubierta del Titanic, sin embargo se meneó y cantó en el balcón del Congreso.
Algunos creen que esa conducta se debe a su carácter psicopático, que no es en rigor una enfermedad sino un trastorno de la estructura psíquica, bastante común en los políticos, que conduce a los que lo padecen a no tener culpa, ni empatía, ni miedo, ni angustia.
Casi en el mismo sentido, en su última columna, Pagni lo explica como el “síndrome de hybris”, ese convencimiento de que no deben responder a tribunal mundano alguno, sólo ante dios y la historia, que ya la han absuelto. Es lo que le dijo Cristina, en su megalomanía, al tribunal que la juzga.
Es así, pero además sabe que sus piruetas en el trapecio del juicio cuentan con malla de seguridad. Cree, y razones no le faltan, que en la Argentina no existe ley, poder o institución alguna que pueda colocarla entre rejas.
Es que, a decir verdad, aún cuando no se correspondan exactamente con la puridad de un análisis técnico, sobran elementos que indican que está blindada por la Constitución Nacional.
Tan convencida está de su impunidad, que no hesitó en utilizar el despacho público vicepresidencial, para monologar un acting defensivo sobre los delitos investigados, en una suerte de criollo “J´accuse”” de Émile Zola, dónde ella se sentía en los zapatos del capitán Alfred Dreyfus.
Una triple armadura constitucional la protege, aunque parezca una oxímoron, una especie de madriguera legal en la que se refugiará y que, por ahora, parece inexpugnable.
Su primera coraza es el art. 18 de la Constitución Nacional, que consagra para todos los ciudadanos la “presunción de inocencia”. Es el estado, por medio de la acusación fiscal, el que debe probar el delito.
Sin dudas que, lo que es una conquista del derecho penal liberal para la persona común, se constituye en un privilegio inadmisible para un funcionario público con tal nivel de poder.
Tuvo a su libre disposición los bienes públicos sin ningún control, por muchos años, durante sus dos presidencias y la de su extinto marido. Hoy, con la presidencia de su delegado, tiene a su merced todos los mecanismos para ocultar pruebas, hacer que los órganos de control se retiren de las querellas, promover reformas legales a la justicia que la benefician, intimidar a jueces, fiscales y testigos.
No se defendió con pruebas en contrario, acusa a diestra y siniestra a otros de cometer las irregularidades de las que se le imputan a ella misma, como si pudiera neutralizar sus propios cargos penales.
Pensó, tal vez, que la mejor defensa es un buen ataque, como dijera hace miles de años el general Sun Tsú. Sin embargo, olvidó que la estrategia puede ser válida para la guerra o para el fútbol, no sirve para los delitos. Perro, parafraseando al estratega chino, para Cristina el ataque es su única defensa posible, aunque no le sirva para nada.
El segundo blindaje son los privilegios que los arts. 69 y 70 CN le confiere a los políticos, sobre la inmunidad de arresto, prerrogativa que le sirvió a Carlos Menem para no ir a la cárcel a pesar de una condena firme en su contra.
Y la tercera protección constitucional fue “buchoneada”, para su disgusto, por el que alguna vez fuera un respetable profesor de derecho penal. Es el indulto presidencial, a pesar de la expresa exclusión de tal remedio para los delitos de corrupción pública.
Si me preguntan a mí, diré que Cristina Kirchner jamás irá presa por los delitos en función presidencial, se ha guarecido en la Constitución Nacional y permanecerá en ella mientras le quede un cacho de poder político. De allí el desentendimiento casi suicida de su suerte. No es sólo psicopatía, es realidad constitucional.
A ello le agregamos un patético presidente conociendo y opinando sobre causas que tramitan ante el poder judicial, a pesar de la expresa prohibición constitucional y a una vicepresidente que utiliza su despacho público para negar los delitos.
Ambas cuestiones nos dan una idea de hasta dónde han confundido lo público con lo privado, hasta dónde se sienten propietarios de lo público, como si formara parte de su patrimonio personal. No es de extrañar, entonces, que dispusieran del dinero del erario como si fuera propio, todo en un mismo bolsillo, el de ellos mismos.
Vociferar contra lo que ella llama “el partido judicial” que la persigue, es escupir para arriba, teniendo en cuenta que con las leyes de democratización de la justicia en su segunda presidencia y la conformación de la agrupación kirchnerista de jueces denominada Justicia Legítima, es ella misma la que quiso partidizar la justicia y no pudo.
Si agregamos que el 70% de los jueces y fiscales del fuero federal (incluido Luciani) fueron designados por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no podemos menos que concluir en sentido contrario. El partido judicial fue la aspiración frustrada del
Debemos esperar, todos, a que los jueces actúen. A pesar de tanto, la justicia continúa viviendo en los Luciani, los Mola, los Stornelli.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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