EVASOR JACTANCIOSO
“No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años.”
Manuel Adorni, 10 de junio de 2026
***Adorni, su esposa Bettina Angeletti, el exdiputado Espert, el ministro Sturzenegger, entre otros funcionarios del gobierno libertario, se inscribieron en el régimen de Inocencia Fiscal, que permite el “blanqueo” del patrimonio sin declarar su origen. Bingo. Ellos lo inventaron, ellos se benefician. Es una bofetada ética para los ciudadanos de a pie. Los que venían a levantar la vara moral, están hasta las manos.
La noticia se filtró con la parsimonia de quien ha aprendido a moverse en los pliegues de la burocracia: el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el exdiputado José Luis Espert -entre otros funcionarios del gobierno libertario-, se acogieron al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal. El movimiento fue escalonado, discreto, casi clínico.
La cronología tiene su propia elocuencia. El 31 de mayo se adhirió Angeletti. El 1° de junio lo hizo Felipe Núñez, asesor del ministro Caputo y director del BICE. El 9 de junio pidió su ingreso Espert -el mismo legislador que había impulsado la norma en el Congreso-. Y Adorni cerró la secuencia el martes 10.
Ese mismo día, horas después, Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada 2025 y las rectificativas de 2023 y 2024. Treinta y cinco días después de que el presidente Milei anunciara que lo haría “de manera inminente”.
La Ley 27.799 tiene tres efectos que sus promotores prefieren no enunciar en voz alta. Primero, simplifica la declaración impositiva, calculando el impuesto sobre la facturación sin exigir información sobre consumos ni variaciones patrimoniales. Segundo, levanta un “tapón fiscal” que impide a ARCA revisar la composición y evolución de bienes de los años 2022, 2023 y 2024. Tercero, permite regularizar activos e ingresos no exteriorizados previamente sin que eso se denomine, técnicamente, blanqueo.
“Los principales escuderos libertarios, funcionarios de primera línea, se acogieron al régimen que permite el blanqueo del patrimonio no declarado sin investigar su origen. Cinismo al palo”
Es un blanqueo que se niega a sí mismo mediante una perífrasis administrativa. La propia ley redujo además el período de revisión fiscal de cinco a tres años, y elevó los umbrales mínimos para que la evasión configure delito penal.
Pero fue la declaración jurada de Adorni la que cerró el círculo con una brutalidad inusitada. Ante las cámaras de LN+, el jefe de Gabinete admitió que él y su esposa habían mantenido durante años fondos no declarados. Su explicación fue tan sorprendente como la confesión misma: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos.” Más autoincriminación no se consigue.
La frase merece ser releída despacio. El portavoz oficial del gobierno de la transparencia, el hombre que durante meses repitió en conferencias de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”, reconocía públicamente haber ocultado al fisco medio millón de dólares. Y lo justificaba con una lógica que, en su generosidad involuntaria, igualaba su conducta con la del delincuente. La inmoralidad queda pequeña ante su cinismo.
La explicación sobre el origen de esos fondos no fue menos llamativa. Adorni atribuyó parte de su patrimonio a una herencia paterna descubierta en el departamento familiar tras la muerte de su padre en 2002, y a ganancias obtenidas en inversiones en criptomonedas realizadas hace más de trece años: “Invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000”. Todo ello no declarado. Todo ello incorporado ahora a las rectificativas presentadas al amparo de la Ley de Inocencia Fiscal que su propio gobierno diseñó, impulsó y celebró.
“Los Adorni y Cía., han demostrados ser gambeteadores seriales de la ley y de la ética pública. Insultan a la inteligencia de la gente con explicaciones inverosímiles de sus correrías”
Lo que los formularios no borran. El derecho, sin embargo, conserva sus propias resistencias. La causa que tramita en Comodoro Py —a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita— no se detiene por la presentación de una declaración jurada rectificativa. El artículo 268 del Código Penal exige al imputado justificar un incremento patrimonial apreciablemente superior a sus ingresos legítimos.
Las inconsistencias detectadas oscilan entre 725.000 y un millón de dólares, e incluyen la compra de un departamento en Caballito con 30.000 dólares en efectivo y una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses a dos jubiladas como vendedoras. La ley es explícita: sus efectos liberatorios operan exclusivamente en el plano fiscal y no alcanzan las causas por enriquecimiento ilícito. El “tapón fiscal” no es el “tapón penal”.
Hay algo más profundo en juego que la suerte procesal de un funcionario. Un gobierno que llegó al poder proclamando el fin de la casta y enarbolando la transparencia como bandera existencial, diseñó una ley que funciona como amnistía patrimonial para quienes tienen fondos de origen oscuro.
Y luego sus propios artífices corren a ser los primeros beneficiarios. Espert, que impulsó la norma; Adorni, que la celebró. El diseñador de la cerradura corriendo a buscar su propia llave.
“Cabe la pregunta: ¿son casos aislados de inmoralidad y corrupción o el gobierno comienza a parecerse, apenas con diferencias instrumentales y de volumen, a la gestión kirchnerista?”
La república exige de sus funcionarios algo que ninguna norma puede suplir: la disposición voluntaria a rendir cuentas. No porque la ley lo obligue en cada detalle, sino porque el mandato público lo impone como condición de legitimidad.
La honestidad en el ejercicio de la función pública no se certifica con un formulario de adhesión. Se demuestra con una vida que no necesita escudos.
El ciudadano común, ese que camina la calle, que intenta llegar a fin de mes bajo el peso de un ajuste feroz y que cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales, hoy asiste a un espectáculo azorante.
Las maniobras vergonzosas de gran parte de los funcionarios del gobierno libertario -aquellos que venían a refundar la moral pública y a barrer con los privilegios de “la casta”- para escapar a la obligación de demostrar su honestidad, es, por sobre todas las cosas, una bofetada ética.
¿Con qué cara se le pide sacrificio a la gente, mientras los arquitectos del modelo utilizan los mecanismos del propio Estado para licuar sus zonas grises?
¿Le cree Ud. a Adorni sobre el origen de su patrimonio? Además de su inmoralidad y cinismo, es un evasor jactancioso.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
