EL ESCENARIO JUDICIAL
“Los jueces no solo hacen, sino que deben hacer juicios de valor, que no pueden confundirse con las emociones ni los reclamos de las tribunas. El derecho no es una lógica pura de las conductas humanas. Requiere administrar justicia “bien y legalmente” (artículo 112, Constitución nacional)”
Antonio Boggiano
*Cristina condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, por un tribunal que ella misma nombró. Además, el decomiso de 84 mil millones. Los fundamentos serán conocidos el 9 de marzo de 2023. Un largo juicio oral, que reivindica al Poder Judicial en su tarea de hacer efectiva la justicia. El escenario de una pretendida persecución política desnudó la ausencia casi total de una defensa material.
**Los jueces designados por el kirchnerismo superan el 60%, por lo que los argumentos del “partido judicial” caen por su base.
***Queda todavía un largo camino para la ventilación de todas las causas relacionadas con la corrupción estructural del siglo XXI. Lo importante es haberlo iniciado.
Finalmente, luego de tres años y medio de debate judicial, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó sentencia en la causa “Vialidad”, condenando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner (entre otros), a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, ordenando el decomiso de 84 mil millones de pesos a los condenados.
Por unanimidad de los tres jueces, la condena se subsumió en la figura penal de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque fue absuelta en votación dividida por el delito de asociación ilícita.
El fiscal Luciani, que había solicitado 12 años, anunció que apelará la sentencia. Lo propio, pero con sentido opuesto, hará la defensa. Con todo, todavía queda un camino a recorrer en las distintas instancias judiciales.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 9 de marzo de 2023, por lo que recién a partir de esa fecha comienzan a correr los plazos judiciales para cuestionar la sentencia.
He seguido atentamente este juicio, obviamente tengo una propia evaluación de sus alcances. Escuché y leí la prueba, los descargos, los alegatos de la acusación y la defensa.
Aun cuando mi columna es de análisis político, como abogado prefiero posponer mi opinión sobre el fallo para luego de que se lean los fundamentos en marzo del año próximo. Nobleza obliga, si bien el asunto tiene marcados condimentos políticos, el fondo de la cuestión es estrictamente jurídico.
Pero lo que sí debo hacer como analista es describir el escenario en que se llevó adelante el juicio y la consecuente sentencia, para despejar “arrancapastos” que se arrojaron a lo largo del camino con el objeto de deslegitimar al tribunal y al proceso oral.
Como no hay peor sordo que el que no quiere oír, las opiniones sobre el fallo se dividieron conforme el lado de la grieta de cada cual, especialmente desde el lado oficialista. Aunque estén en presencia del caballo blanco de San Martín, no reconocerán su color porque sería destruir todo el escenario de supuesta persecución política que montaron para escapar.
El constructo teórico viene desde los albores del gobierno de Macri. Según ello, las causas de los hoteles, los cuadernos de Baratta, las obras de Santa Cruz, el desmesurado incremento del patrimonio familiar, los aviones oficiales transportando valijas, los bolsos del convento, etc., son creaciones de aquéllos que quieren perjudicar políticamente a Cristina.
No es que ella se enriqueció ilícitamente, no es que compró hoteles y alquiló a Austral Construcciones para los retornos, no es que le adjudicó el 80 % de la obra pública de Santa Cruz al amigo de la familia Lázaro Báez, es que la quieren “castigar” por haber gobernado en contra de la corporación mediática-judicial, el FMI y el imperio norteamericano.
De tal modo, el “lawfare”, una expresión inglesa casi creada por su usina, es que los jueces se confabularon para meterla presa.
Aparte de resultar un relato infantil y rayano en lo grotesco, sin sustento lógico, vale decir que la justicia nacional y federal, competente para entender en sus causas, fue integrada mayoritariamente por la lapicera de su marido, de ella misma y de Alberto Fernández, que produjeron las designaciones de los magistrados.
Según un relevamiento realizado en 2015 por la Asociación por los Derechos Civiles, Néstor y Cristina Kirchner designaron a 511 jueces federales y nacionales, sobre un total de 908, lo que significa que el 56% de los mismos salieron de la tinta del matrimonio. Macri designó 166 magistrados y 98 Alberto Fernández, hasta fines de 2021, datos estos últimos del propio Ministerio de Justicia de la Nación.
Esa justicia “macrista” -como la califican del lado kirchnerista-, está formada en su gran mayoría por jueces designados por los Kirchner. De tal modo, el argumento de persecución judicial, “lawfare”, es insostenible.
El otro latiguillo de intención exculpadora es la existencia del “partido judicial” que supuestamente existe en el ámbito de la Justicia y que tiene sus intereses propios que son contrarios a la política oficialista.
Similar argumento que el “lawfare”, con la misma nula credibilidad. No existe ningún elemento que indique la existencia de tal “partido”, menos aún con jueces que fueron mayoritariamente de designación kirchnerista.
Al contrario, lo que sí existió fue la intención de formar ese “partido” con cuño “cristinonestorista”. Ese fue la asociación civil “Justicia Legítima”, inspirada por el jurista todo servicio Eugenio Zaffaroni, que, con la excusa de la democratización de la justicia, infructuosamente intentó ponerla al servicio de los intereses políticos del partido gobernante.
La tercer cuestión es la deslegitimación de los Jueces y el Fiscal del Tribunal Oral 2 que la juzga, por supuesta parcialidad. Desde “tribunal del “lawfare” hasta “pelotón de fusilamiento”, fueron los calificativos denigratorios que Cristina le dedicara.
Pero, ¡oh sorpresa!, los tres jueces que lo integran y el fiscal acusador fueron designados por la propia Cristina, luego de haber ganado los concursos respectivos. Los camaristas Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Gorini, a través de decreto presidencial de setiembre de 2011, y el tercero, Andrés Basso, en setiembre de 2015. Por su parte, el fiscal Diego Luciani fue nombrado en el año 2013.
Cabe señalar que los tres camaristas y el fiscal, vienen de una larga carrera judicial, iniciada desde los más bajos escaños de escribientes de juzgado, pasando por otras funciones judiciales, hasta llegar a los cargos que hoy le permiten intervenir en la causa en cuestión.
Entonces, si alguna sospecha quisiéramos echar con ligereza sobre el tribunal, sería precisamente la contraria, porque fueron nombrados por quién hoy es condenada por ellos mismos.
La tarea de los jueces no hace pie en las generalidades, en argumentos tirados al aire, en acusaciones descabelladas. Para resolver cada causa, los hechos, las pruebas y el derecho resultan no sólo imperativos abstractos de la tarea de ejercer justicia, sino requisitos específicos a cumplimentar en cada caso concreto. Por ello es necesario esperar los fundamentos del fallo.
Como está expuesto al principio, la tarea judicial no se maneja con los preceptos de la lógica pura de las conductas humanas, la justicia debe además administrarse “bien y legalmente” (Art. 112 de la Constitución Nacional), y para ello debe el juez fundamentar su decisión y armonizar la norma legal con la solución justa y efectiva para el caso.
Un largo juicio oral y público, hechos concretos, pruebas al canto, pericias, testimonios, informes, alegatos, constituyen la materia que conformaron la convicción de los jueces que dictaron la sentencia.
El resto, es un relato que no sólo no tiene correspondencia con la verdad sino que además no sirve como defensa material. Un frustrado intento de construir un silogismo basado en falsas premisas.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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