CAUSA VIALIDAD
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”
Fiscal Diego Luciani
*La impunidad no arregla problemas, los tapa. Con la inminente decisión del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad, culminará en su primera etapa el primer juicio oral destinado a ventilar la corrupción estructural del siglo XXI. Asociación ilícita, obras con sobreprecio en Santa Cruz, licitaciones arregladas, delitos precedentes del lavado de dinero, tendrán una conclusión. El pueblo quiere saber.
**No es el momento del juicio divino ni de la historia, es momento de los jueces. Con las pruebas al canto, de cara a la transparencia de la oralidad y publicidad, deberán emitir su fallo.
***Tal vez, este caso marque un histórico momento de quiebre en la relación entre la política, la corrupción y la impunidad.
Si señor, llegó la hora de los jueces. El martes 6 de diciembre deberán emitir su sentencia declarando culpable o inocente a Cristina y sus compañeros.
Mientras los argentinos podemos estar festejando (ojalá así fuera) nuestro pase a cuartos en la opulenta Qatar, desde los más modestos estrados del Tribunal Oral Federal N° 2 se estará pronunciando el veredicto en la causa Vialidad.
El progreso de la selección en el Mundial de Fútbol disimula temporalmente la grieta política, pero se reactualiza con la definición de las causas por corrupción pública.
El “pan y circo” que pareciera mezclar un resultado deportivo con una instancia crucial en la marcha de un país, tiene al oficialismo rezando para que la albiceleste los acompañe en su propósito de diluir el trago amargo de una eventual condena.
Políticamente maradonianos, con el 10 como estandarte no por sus cualidades futbolísticas sino por su simpatía con Castro, Chavez y compañía, el kirchnerismo carece de pruritos para dar una vuelta de campana y convertir a Messi en el nuevo salvador, aún a pesar de éste.
Es que la “Pulga” y sus compañeros, muy lejos de los entramados políticos y judiciales de un país en pendiente, parecen ser la única razón para levantar el ánimo de una sociedad muy castigada por la interminable crisis socio económica y la decadencia moral en sus instituciones.
Todo el mundo sabe que con impunidad las cosas no se arreglan, se tapan. La grieta subsistirá en la medida que, en punto a la corrupción estructural que asoló al país en el siglo XXI, comience a desenrollarse la madeja agitando también la consigna de “memoria, verdad y justicia”.
Es lo que parece que comenzará a suceder con la sentencia del TOF 2. Acorralada por la actividad probatoria de la fiscalía en la causa Vialidad, cuyo juicio oral trató de evitar a toda costa como en Hottesur-Los Sauces, Amia y Dólar Futuro, llega el momento de la verdad.
Los tres jueces, luego de la producción de testimonios, pericias, informes, alegatos de defensa y acusación, deberán determinar si hubo o no delitos en la gestión de la obra pública de Santa Cruz, quiénes fueron los autores y cómplices en caso afirmativo y las penas que les corresponden.
Ignoramos cual será el resultado del fallo, lo que sí sabemos que el mismo deberá pronunciarse a luz de la lupa pública, tal como sucedió en el juicio oral, en el que, quienes lo seguimos, tuvimos la oportunidad de apreciar los hechos, las pruebas y la hondura de las posiciones.
Seguramente las sombras que cubrieron la tres causas que gambetearon la publicidad y la oralidad, comenzarán a despejarse con las sucesivas decisiones también pendientes en el tribunal de casación. Ojalá tengamos la oportunidad de debatirlas también de cara al público.
Es cierto que la grieta política, que ha dividido a la sociedad en una dinámica controversial generada desde arriba hacia abajo, generan posiciones extremas difícilmente emparentadas con la tarea de “dar a cada uno lo suyo”.
Sin importar los fundamentos y los elementos probatorios, muchos procuran venganza a través de los jueces, otros tantos impunidad, los menos justicia.
Pero no es el momento de la gente, tampoco de los sesgos ni de los odios o amores, es el momento de los jueces, que en su tarea deben fallar y exponer las razones de su sentencia. Ése es el verdadero momento de la verdad.
Y, como seres civilizados que se supone somos los argentinos, las decisiones de la justicia humana deben aceptarse, aunque conforme a tirios pero no a troyanos, hundidos en sus propios sesgos. El fallo, cualquiera sea su sentido, seguramente deberá ser revisado por otras instancias, para finalmente llegar a la sentencia definitiva que determinan nuestros principios constitucionales.
Cristina ha sido presidenta en dos oportunidades, ahora es vicepresidenta. No está exenta de responsabilidad política y personal en la conformación del Poder Judicial, más aún teniendo en cuenta que en su mandato (incluyendo el de Alberto) y en el de su marido, se designaron la mayoría de los jueces federales y nacionales.
La expresión formulada por la vicepresidenta en su declaración indagatoria, “la historia ya me absolvió”, equivale a su convencimiento de la índole monárquica de su investidura, ésa que fundamenta la autoridad humana como venida de dios y no del ordenamiento jurídico.
Tal vez le llegue el momento del juicio final de la divinidad, pero no es el tiempo, por lo menos no todavía, menos aún de la historia como artilugio diluyente, es el momento de la justicia humana, integrada de acuerdo con el sistema legal argentino, en cuya conformación ella fue principal protagonista como autora de la ley del Consejo de la Magistratura de predomino político.
Con más dotes actorales que sustentos defensivos, agravó la descalificación a los jueces, que pasaron de ser el “tribunal del lawfare” a integrantes del “pelotón de fusilamiento”.
La acusación de haber liderado una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado, a través de contrataciones al “bancario” Lázaro Báez, devenido en empresario todopoderoso a partir de la primera presidencia kirchnerista, que ganó el 80% de la obra pública de Santa Cruz a través de licitaciones arregladas y con sobreprecio en la adjudicación, no fueron objeto de una defensa material sólida de su parte.
No niega el direccionamiento, tampoco la posibilidad del delito de sobreprecio ni el arreglo de las licitaciones, tampoco su relación con el “empresario” Báez, no prueba que Santa Cruz necesitaba más obra pública que Corrientes, tampoco que fue adjudicada “a lo pavo” al amigo de su esposo en casi su totalidad, que no se terminaron pero que se cobraron íntegramente.
El fundamento principal de su defensa es que, como presidenta, no eran sus funciones intervenir en ello, y que no se probó que ella supiera lo que estaba sucediendo con la obra pública en su provincia, realizadas íntegramente con los fondos nacionales de un país que ella misma presidía. De Vido y compañía, agradecidos por la actitud de su “jefa”, que les tiró toda la responsabilidad a sus subordinados.
Dijo el periodista Ernesto Tenembaum que ella no podía no saberlo. Yo diría no debía ignorarlo, porque era la presidenta de la nación, los fondos eran nacionales, las obras fueron para su provincia, Santa Cruz, y el empresario beneficiado era el amigo de su marido, Lázaro Báez.
La causa Vialidad resulta una pieza de “yenga” en la estructura de la corrupción, porque sería el delito precedente al lavado de dinero que se imputa a través de la ocupación de los hoteles de los Kirchner, que retornaban en jugosos cobros a Báez por la contratación de habitaciones no ocupadas.
Seguramente el fallo no conformará a algún sector, que a aquél que amenaza con una “pueblada”. Pero, tal vez comience a vislumbrar la retirada de una justicia para los amigos y otra para los enemigos. Que así sea.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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