CONSENSO FISCAL FORZOSO
“Los gobernadores radicales aseguraron al interior de Juntos por el Cambio que no aumentarán impuestos y que firmarán porque necesitan refinanciar sus deudas con la Nación”
Infobae, 26 de diciembre de 2021
*La firma del denominado “consenso fiscal” por los gobernadores y el presidente, no fue un acuerdo libre, fue una imposición del poder central para exhibir al FMI el apoyo de los jefes territoriales ante el fracaso de la aprobación del presupuesto 2022. Oxímoron: “consenso forzoso”. Una foto sí, dos es un exceso.
**La responsabilidad de administrar una provincia en el marco de un gobierno de signo político distinto, exige a sus gobernantes un muñequeo permanente que les permita no malquistarse con la nación a la vez que preservar una relativa autonomía política. Un juego de equilibrio muy difícil.
***El gobernador Valdes tuiteó que no incrementará la alícuota de los Ingresos Brutos ni establecerá el impuesto a la herencia. Veremos como cierra su ecuación económico-financiera.
Rechazado el presupuesto nacional para 2022 por el Congreso, el gobierno encuentra una dificultad más para obtener un acuerdo con el FMI por la deuda. El mes de marzo es el límite, dado que comienzan los vencimientos y el peligro de “default” está a la vuelta de la esquina.
Está claro que Fernández no hace mucho para ayudarse en la tarea de acordar. Sus discursos ambivalentes y sus contradicciones geopolíticas en el ámbito internacional lo condenan a soportar el estado permanente de sospecha.
No extraña que los Estados Unidos, accionista principal del FMI, todavía no haya resuelto el respaldo a las negociaciones. “Están dando vueltas…depende de que Estados Unidos salga de la cerrazón en la que se encuentra”, dijo una alta fuente del oficialismo, como si las políticas erráticas argentinas, los dobles discursos, la no formulación de un plan creíble, fueran culpas del país del norte. ¿La cerrazón es nuestra o de los otros?, y no estoy hablando sólo del actual gobierno.
Ante un nuevo incumplimiento presidencial de la presentación al Congreso a mediados de diciembre de un plan plurianual que despejara incógnitas y allanara el camino para la negociación, en sólo unos días, de apuro, pergeñaron un denominado “Consenso fiscal”, necesitaban la foto con los gobernadores para así exhibirlo ante el Fondo. “A falta de pan, buenas son tortas”, pensaron los cráneos oficialistas.
Hay que reconocerles la viveza para apuntar al flanco más débil de la institucionalidad argentina: los gobiernos provinciales, cuyas “necesidades tienen cara de hereje”. Una cosa es la oposición en el Congreso y otra, muy distinta, es la oposición en función de gobierno en una administración nacional de signo político contrario.
Los tres gobernadores radicales, incluyendo al correntino Valdes, firmaron el denominado “consenso fiscal”, a la par que anunciaron que no lo cumplirían con los incrementos en los impuestos provinciales previstos en el mismo. Si no firmaban, se exponían a represalias económicas de la Nación.
Para hablar con propiedad del documento suscripto por 23 provincias (salvo CABA que no lo firmó por estar en litigio ante la Corte), el consenso alcanzado no es de libre coincidencia de voluntades, antes bien se trata de un “consenso forzoso” suscripto bajo una “gran espada de Damócles”.
De lo contrario, no se explicaría la firma de un convenio que no se piensa cumplir (aumento de los impuestos provinciales), tal como lo expresaron los gobernadores radicales. Era suficiente la foto.
Parece una contradicción hablar de consensos forzosos. Oxímoron es una palabra rara, pero algunas veces la hemos empleado en esta columna porque sus ocho letras nos sirven para graficar un nuevo significado en el apareamiento de términos opuestos.
Pues bien, el denominado “consenso fiscal” no es un acuerdo libre, es una sorda imposición del poder central, con su gran capacidad de presión sobre las finanzas provinciales, es un “oxímoron” presidencial, una firma obligada de los gobernadores, para presentarlo como el producto de las coincidencias.
El convenio firmado, habilita a las jurisdicciones provinciales para legislar sobre los impuestos locales, y los libera de la cláusula suscripta en 2017 en tiempos de Macri, en la que se había pactado una baja sostenida y pautada de los mismos. En suma, no deben bajar los impuestos a los Ingresos Brutos y otros y, además, pueden aplicar el impuesto a la herencia sólo vigente en la Provincia de Buenos Aires.
Luego de la firma, los gobernadores radicales se apuraron en destacar que lo firmaron por compromiso, aunque olvidaron aclarar que la baja de Ingresos Brutos, pautada en 2017, no continuaría. Valdes tuiteó que la alícuota de Ingresos Brutos se mantendría y que no restauraría el impuesto a la herencia.
Un análisis del Ieral de la Fundación Mediterránea precisa que la presión tributaria provincial aumentó de forma continua, de 3% en 2002 a 5,4% del PBI nacional en 2017, impulsada básicamente por el impuesto a los Ingresos Brutos, considerado un gravamen distorsivo y de “efecto cascada”, pues se aplica en cada etapa del proceso productivo. Su incidencia pasó del 1,8% del PBI en 2002 a 4% en 2017, para bajar, a partir del Consenso Fiscal 2017, a 4,8% en 2019 y volver a subir en 2020 (5%).
Lo cierto y concreto es que, al no aprobarse el presupuesto 2022, los gobernadores no recibirán de manera directa los 11 mil millones de dólares destinados a obras de infraestructura, lo que posibilita al gobierno nacional tener una herramienta más de negociación política, y, además, volcar la responsabilidad de la recaudación a las provincias para compensar ese faltante, a través, por ejemplo, del impuesto a la herencia.
De cualquier modo, están claras dos cuestiones en la realidad argentina. La una, que la crisis no se conjura con discursos, que las medidas dolorosas son inevitables, por la vía del ajuste y del aumento de impuestos. Ambos, son detracciones a los ingresos de las personas, tanto por la eliminación o disminución de subsidios a los servicios y a la asistencialidad, como por el incremento de la presión impositiva sobre los sectores con capacidad, cada vez más ahogados.
La otra: que cada vez hay menos chance para la improvisación, el chamuyo y el pateo para adelante los problemas. Hay que encararlos y definirlos, y ello es no sólo responsabilidad del gobierno sino también de la oposición.
Entiendo la posición de los gobernadores radicales en el marco de un gobierno kirchnerista. La provincia debe mantener un delicado equilibrio entre sus obligaciones económicas, la prestación de servicios y la realización de obras. Ponerse casi gratuitamente en contra de un contexto general sólo le traerá mayores dolores de cabeza sin un beneficio visible.
Mientras el gobernador Valdez muñequea, junto a sus pares radicales de Mendoza y Jujuy, una relación difícil, de idas y vueltas, con el gobierno nacional, tratando de evitar los efectos colaterales de un estallido económico, sabe que su provincia no es una isla y que las esquirlas de un default nacional impactarán fuertemente en su administración.
Sin embargo, ello no obstó para que se bajaran de la segunda foto, ésa que planeó Fernández para el día miércoles 5, con el objeto de “informarse sobre las negociaciones con el Fondo”. Una sí, la segunda es un exceso.
Esa es la realidad de nuestro federalismo constitucional sin federalismo económico. A través del tiempo, la Nación ha ido tomando porciones más generosas de la recaudación bruta en perjuicio del conjunto de las provincias. Ello le permite manejar una caja de manera discrecional, premiando a los amigos y condenando a los adversarios.
Son momentos muy difíciles para tener responsabilidades de administración y gobierno en un contexto crítico y adverso. Por ello, la presencia de Valdes en el oxímoron fotográfico va a ser casi una anécdota en la larga lucha por reconquistar algo de la amputada autonomía.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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