CONFLICTOS SOCIALES REGULADOS
“La ayuda social, si no está vinculado a actividades laborales y a contraprestaciones efectivas o a la creación de riqueza al interior de los sectores pobres, en términos ambientales, económicos y de capital social, no resuelve los problemas estructurales, sino que incluso los agrava”
Agustín Salvia, director del Observatorio Socia de la Universidad Católica Argentina (UCA)
*Los gobiernos han volcado los dineros públicos a la multiplicación de las “Jennifer” y los “Brian”. Los “planeros” o “choriplaneros”, verdaderas víctimas del sistema, son ya parte del paisaje que ofrece una Argentina devaluada en su capital humano.
**Como toda industria, la pobreza necesita de sus “Ceos” para administrarla e incrementar su producción. Es parte de ese país del estigma populista.
***Con un estado al borde del colapso económico y una inflación que produce nuevos pobres aceleradamente, los gobiernos no pueden salir del círculo vicioso de la falta de fuentes de trabajo y la dádiva para sobrevivir.
Estado benefactor o Estado de bienestar es un concepto de la ciencia política con el que se designa al conjunto de políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto social.
En el mundo capitalista siempre está presente con mayor o menor extensión. La diferencia se encuentra en las proporciones y los incentivos. Un país en que la mitad de la población esté dependiendo del gasto social y los incentivos económicos tienen esa matriz, seguramente está en graves problemas.
Si de comparar se trata, es bueno decir que tanto Argentina como Alemania tienen gasto social, pero las situaciones son diametralmente opuestas.
No se trata de rebatir la insólita declaración de Cristina Kirchner ante la FAO en 2015, de que Argentina era menos pobre que Alemania, se descalifica por sí sola. Se olvidó de decir que “su Indec” hace años ya no medía la pobreza.
Alemania tiene un plan social conocido como Hartz, que otorga 450 euros a los ciudadanos en edad laboral sin trabajo, a los que se conoce como “hartzer”. Un poco más de un millón de alemanes reciben ese plan, en un país con 85 millones de habitantes.
Argentina tiene poco más de 45 millones de habitantes, de los cuales el 55% está alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese porcentaje era del 32,9% en 2010; 40,3% en 2015 con Cristina; 43,8 cuando dejó la presidencia Macri y, finalmente, con Alberto Fernández es del 55%.
Números más o menos, la pobreza alcanza hoy a 19 millones de argentinos y la indigencia a otros 5 millones. Con estas proporciones, la diferencia entre los estados argentino y alemán resultan obvias. Alemania confiere cobertura asistencial al 1,5% de su población, nosotros a más del 50%.
Precisamente, esa continuidad política del subsidio ha generado en nuestro país el nacimiento y consolidación de una importante capa intermediaria entre la población y el estado, los comúnmente llamados “gerentes de la pobreza”. Esa intermediación profesionalizada tiene sus categorías y niveles de rentabilidad, rentabilidad política y económica.
Están los punteros de los partidos políticos, que responden a dirigentes de nivel medio, que a su vez se reportan a los mandamases partidarios. Esa mecánica endémica, constituida por reparto de planes y ayudas alimentarias, constituye el sustento principal de la política “clientelística”.
A ellos, se han sumado los “nuevos gerentes de la pobreza”, los dirigentes de los movimientos sociales, que han desplazado a gran parte de la política. En realidad, no hacen nada muy distinto al clientelismo partidario del reparto, se benefician políticamente de ello (¿y económicamente?) y se constituyen en los nuevos y poderosos “personajes” de la fauna autóctona.
Si tenemos que definirlos con las categorías teóricas del presente, diríamos que son “gerentes sociales”, intermediarios entre el estado y la gente, cuya función es ordenadora de los reclamos, canalizadora de la distribución de la ayuda social y catalizadora del conflicto.
La realidad es que son el producto nefasto de la pobreza sistémica, que han encontrado el canal perfecto que les permite una trascendencia social y política a través del manejo de los recursos del estado en relación con las necesidades de la gente.
Su metodología ha sido perfeccionada a través del tiempo, teniendo de rehenes a las capas más necesitadas de la población y también al estado. A los primeros le consiguen subsidios a cambio de lealtades políticas, asistencia a las marchas y protestas y una porción de los beneficios. Al estado, le ofrecen la regulación de los conflictos.
Sobre los fines de año, la forma de la protesta social en la Argentina se traduce tradicionalmente en reclamos alimentarios y saqueos de supermercados. Vale la pregunta: ¿por qué desde hace varios años no hay reclamos ni saqueos en el mes de diciembre? Respuesta: por los “ceos” o “gerentes” y su manejo discrecional de planes a cambio de “paz social”.
Ello demuestra que las protestas y saqueos son organizados, planificados, ordenados, pero también impedidos por los “ceos”. Los hay “combativos” y “negociadores”, pero ambos sectores, al final, confluyen en un mismo punto del camino.
Durante el gobierno de Macri, la entrega de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo entonces de Carolina Stanley, fue manejada discrecionalmente por el “Triunvirato de San Cayetano”, donde confluyen la Ctep. de Grabois, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pié, el Movimiento Evita y el MTE.
Hoy el sistema se repite, con los agregados “kirchneristas” de los movimientos “amigos”. El manejo de miles de millones de pesos, con el dinero y la autoridad del estado por un lado y el “apoyo” del universo de beneficiarios por el otro, los ha colocado en un lugar de verdaderos artífices del conflicto (si les conviene) o de la tranquilidad social (también si les conviene).
No son ya las necesidades generadas por la pobreza y la marginación las que definen las potencialidades del estallido social, sino el progreso o estancamiento en la negociación estado-gerentes.
Esa es la Argentina de hoy: una continuidad del modelo social de beneficencia que llevan adelante los sucesivos gobiernos argentinos, independientemente de su identidad ideológica, que no quieren o no pueden ya cambiar la tendencia iniciada sobre fines del gobierno de Menem.
Entones, resulta lógico que esa continuidad haya generado una nueva clase social, la conocida con la denominación estigmatizante de “planeros” o “choriplaneros”, que no son nada más ni nada menos que el producto de un modelo político que ha colocado los incentivos en las colas de los cajeros automáticos antes que en las filas de los que buscan trabajo.
La Argentina, mal que nos pese, ha volcado sus recursos para la construcción de su capital social, en el agujero negro de las “Jennifer” y los “Brian”, verdaderas víctimas de una dinámica que nos acerca al precipicio.
El Premio Nobel Amartya Sen ha señalado con certeza que los dineros empleados en materia social en realidad no son “gastos” sino “inversiones” en el capital humano de un país. “Sin desarrollo social paralelo no habrá desarrollo económico satisfactorio”, dijo el Banco Mundial.
Sin embargo, cuando el contexto económico no es autosostenible y la ayuda social se transforma en herramienta principal del modelo y no en el salvavidas que toda sociedad está obligada moralmente a entregar al necesitado, el estigma de la pobreza y la esclavitud del clientelismo seguirá dominando a una sociedad que no parece tener un piso de descenso.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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