EL COSTO DE LA DEMOCRACIA
Cuando el poder político es simplemente un espejo del poder económico, el principio de “una persona, un voto” pierde significado, y la democracia deja de ser un “sistema de poder alternativo capaz de compensar el poder económico”
Elmer E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People
*La democracia cuesta, no así la dictadura. La cuestión es establecer si vale lo que cuesta, es decir si la pertinencia del gasto es adecuada y si la rendición de cuentas garantiza la transparencia y la publicidad. Es una obligación republicana de las autoridades y de las agrupaciones políticas.
**En las democracias sudamericanas, el peso del estado generalmente inclina la balanza. Es lo que se denomina efecto “cancha inclinada”. Los oficialismos suelen correr con una Ferrari y el resto con auto de calle.
***Una cosa son los recursos en blanco y otra muy distinta son los fondos en negro, que en política los hay y muchos. Si los candidatos son presa del lobby empresario por el elevado monto de sus aportes o se benefician con el gasto público por izquierda, sin dudas que distorsionan el sistema y lo colocan al borde del precipicio.
Las democracias son caras, o, para mejor decir, cuestan. Sostener un sistema basado en la interacción de los actores del proceso democrático, que supone la existencia de agrupaciones o partidos políticos que generen alternativas de gobierno, publiciten sus propuestas, pongan en valor el debate público y se sometan al juicio ciudadano mediante elecciones periódicas, tiene un costo ineludible.
Por estos tiempos, está internalizado entre muchos ciudadanos que los gastos que genera el sistema político son inmensos e injustificados. Es posible, pero no por una cuestión de índole económica de mayores o menores recursos destinados al sostenimiento del sistema, sino por el empleo u origen indebido de los mismos.
Está claro que las dictaduras son baratas en ese sentido. Basta un dictador y un eficiente aparato de represión y nada más. Por ello, en el sistema democrático no se trata de gastar menos, sino de gastar bien, eficientemente y con transparencia.
La noción de una democracia moderna implica tres conceptos fundamentales: transparencia, responsabilidad y control democrático. Entonces, lo que cuesta la democracia, independientemente del monto, lo vale en la medida que se observen los requisitos de pertinencia del gasto y de la rendición de cuentas periódica.
Dejando ello por sentado, se presenta el siguiente dilema: para algunos es necesario generar regulaciones para garantizar una competencia relativamente justa; para otros, en cambio, debe prevalecer la libertad de dejar que los candidatos usen los medios de que disponen para alcanzar sus objetivos.
La ley argentina ha elegido por la primera opción, el de la regulación de los aportes, autorizando los aportes públicos y permitiendo los aportes privados, pero con limitaciones que establece la normativa.
Sin embargo, ¿hasta dónde el dinero es capaz de distorsionar el sistema? ¿Cuál es la relación prudente entre el dinero y la política? ¿Dónde poner los límites? ¿Cómo realizar los controles?
Hay que decir que, en la materia, todo el mundo lo sabe o lo intuye, hay gastos en blanco, legales, susceptibles de ser rendidos ante la autoridad electoral, pero también los hay en negro, ésos que no figuran en la contabilidad ni de los partidos ni de los aportantes, casi indetectables y, naturalmente, muy difíciles de ponerles coto.
Si esos gastos en negro vienen del sector privado, ¿hasta dónde los candidatos y los partidos no tendrán después que responder a las demandas y “lobbys” de los aportantes cuando estén en el sillón de mando?
En segundo término, hay otros gastos que vienen del dinero público y que, si bien no pueden considerarse “en negro”, sí constituyen inversiones electorales indirectas que hacen que los oficialismos, especialmente los “provinciales”, jueguen casi siempre con el efecto “cancha inclinada”, en su favor, obviamente.
En países como los Estado Unidos, los aportes privados juegan un papel decisivo, y la democracia yanqui se desenvuelve en el marco de los “lobbys” y los juegos de influencias.
En países como el nuestro, no es tan decisiva la incidencia de las empresas en la política, sí el papel que juega el estado cuando se desvían fondos hacia una puja electoral, ya sea con fondos clientelistas como el “plan platita” o con obras públicas direccionadas. Si imaginamos que el acto electoral es una carrera, generalmente el oficialismo correrá con una Ferrari y el resto con un auto de calle.
Ingresando a la parte blanca del gasto electoral, la ley regula el financiamiento público y privado, presentando montos y limitaciones, y exigiendo la rendición de cuentas correspondiente, con diferencias según la provincia de que se trate.
Para tener una noción de lo que estamos hablando, daremos datos que nos suministra el sitio “Chequeado.com”, acerca de las rendiciones de cuentas de los partidos y alianzas en las recientes Paso.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aporte estatal se distribuye en dos grandes rubros: el 50% de manera igualitaria para todos, para la impresión de boletas. El otro 50% proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior para la categoría.
Los aportes privados en las Paso tienen un tope de $550.000 y no pueden hacerlo las empresas concesionarias de servicios públicos o de juegos de azar. El gasto por partido no puede pasar los 27 millones.
Juntos por el Cambio rindió cuentas por un total de 23 millones (compitieron 3 listas), de los cuales 14 millones corresponden al aporte estatal y 9 millones al sector privado. El Frente de Todos rindió por 16 millones: 6 millones de aporte público y 10 millones de aporte privado.
El Frente de Izquierda rindió cuentas por 18 millones, 4 millones más que los aportes recibidos, lo que tendrá que aclarar.
El candidato ultraliberal Javier Milei, no presentó la obligatoria rendición de cuentas, alegando “un error interno”, lo que sin dudas habla muy mal del sector.
En la Provincia de Buenos Aires, la distribución de los fondos públicos es igual, pero los topes son distintos. El límite para el aporte privado es de 2,6 millones por persona o empresa, y el tope de gastos por lista es de $131 millones.
Juntos por el Cambio rindió gastos por 122 millones (Santilli 82,6 millones, de los cuales 37 millones corresponden a aportes privados; Manes, 40 millones, de los cuales 9,7 millones son privados, 7 millones de la UCR, y el resto público).
El Frente de Todos rindió por 90 millones de la lista de Tolosa Paz (33 millones de fondos públicos, 50,4 millones de aportes privados y 6,5 millones del partido de Massa).
El Frente de Izquierda de los Trabajadores rindió por 61,2 millones (36 millones de fondos públicos, 4 millones de privados y 10 millones del Partido Socialista de los Trabajadores), repitiendo lo de la izquierda de CABA: más gastos y menos ingresos justificados.
Por su parte, el candidato liberal José Luis Espert rindió por 18,1 millones, todos de aportes estatales, sin recursos privados, lo cual sería un mérito republicano o una contradicción ideológica.
En Corrientes, que sepamos, las autoridades electorales no han publicado las rendiciones de cuentas de las agrupaciones políticas, tanto en las elecciones provinciales como en las Paso, lo cual es injustificado y poco transparente. Lo único que se conoce es que el gobierno provincial destinó por decreto 100 millones de pesos para la organización de las elecciones Paso y de las generales.
Como corolario, debemos decir que la democracia vale lo que cuesta, siempre y cuando haya pertinencia en el gasto y transparencia y publicidad en su rendición.
¡Boleta canta, chamuyo no!
Dr. Jorge Eduardo Simonetti
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