REFORMA JUDICIAL
*Teniendo el oficialismo suficiente mayoría para aprobarla, la reforma judicial depende del quórum que pudieran otorgar otras fuerzas políticas en Diputados. El número mágico de 129 nos dirige la mirada hacia los diputados correntinos de Juntos por el Cambio, de quienes poco importa que se opongan al proyecto si es que ingresan a la sesión y habilitan el quórum.
**El sistema perverso del federalismo argentino, de cambiar votos legislativos por obras y fondos, no asegura que las posiciones políticas de los involucrados se traduzcan en sus comportamientos en el Congreso.
***Lo verdaderamente importante sería que los políticos se sinceren ante la gente, que entiende más de lo que suponen, y no nos hagan pasar gato por liebre.
“Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres de una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique”
Frédéric Bastiat, 1848
Propios y extraños no dudan que la reforma judicial es el punto esencial en la agenda cristinista, en la que los problemas más acuciantes del país, la pandemia y la economía, se encuentran en las últimas páginas.
Alberto Fernández, un presidente designado para producirla, ni supo ni quiso construir poder para neutralizar los embates de su mentora, está a su merced y dispuesto a cumplir a rajatabla con el compromiso de impunidad oportunamente sellado para alcanzar el premio gordo su candidatura.
Le alcanza al primer mandatario con seguir metiendo uno que otro bocadillo en las decisiones trascendentes, como si continuara siendo el Jefe de Gabinete de los Kirchner, antes de Néstor ahora de Cristina.
Mientras esperamos las 60 medidas, dirigir la cuarentena como un funcionario de salud, negociar la deuda como uno de economía y dar una que otra pincelada de “kirchnerismo a la venezolana” con la frustrada expropiación de Vicentín o la declaración de servicio público de la televisión paga, la telefonía móvil y el internet, son los puntos salientes de una presidencia cada vez más descolorida.
En estas mismas páginas escribí dos artículos referidos a la reforma judicial, a la que no dudé en calificar de “mafiosa”, por su objetivo claro de colonizar la justicia federal penal y colocar a los amigos que garanticen la absolución o la demora de las causas de la corrupción kirchnerista.
El Poder Ejecutivo remitió el proyecto para su tratamiento en los dominios de Cristina, quién no dudó en ningunearlo por su sabor a poco. Quería ir por todo, por lo menos fue por algo más, con un texto que sacó media hora antes de votarlo como as de la manga.
El Senado le dio ya media sanción, sin la “pinturita antidemocrática” de sanciones al periodismo propuesta por el senador Oscar Isidro Parrilli, el “pelotudo en palabras de su jefa, aunque con un reemplazo parecido o peor, que busca acallar las voces contrarias al latrocinio en ciernes.
Lo cierto y concreto es que con la reforma cristinista, el poder judicial se verá de tal manera modificado, que será difícil hallar en el ámbito penal federal un magistrado no afecto al oficialismo. Futura composición adicta de la Corte Suprema con el aumento de su número, Consejo de la Magistratura con mayoría oficialista, y justicia federal penal con jueces titulares o subrogantes designados por el gobierno, dan cuenta de la ciénaga profunda en la que se terminará de hundir la república.
A pesar de tener mayoría propia, el voto senatorial no fue gratis, le costó a Cristina la creación de nuevas cámaras y juzgados federales en las provincias para repartir entre los del palo, que lógicamente quieren su tajada para designar amigos. Más de 500 cargos con sueldos altísimos, nada si es para salvarse.
Y así, con la lógica federalista del “amigo-enemigo” que siempre manejó el kirchnerismo, la repartija comenzó con agilidad y sin planificación alguna, a puro pedido: una cámara por aquí, un juzgado por allá. Les tocó una Cámara a Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Sergio Uñac de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Gildo Insfrán de Formosa, Capitanich del Chaco, hasta Ana Almirón ligó una para Ituzaingó. Juzgados para Ferraresi de Avellaneda, Fernando Espinoza de La Matanza, Maurice Closs de Misiones, otros tantos para Santa Cruz, y así suma y sigue.
La reforma pasó el Senado sin dificultades. En Diputados el panorama es distinto, a pesar de tener el kirchnerismo una mayoría importante de 118 votos, carece de número para lograr el quórum de 129 diputados. Le faltan 11.
Tal parece, para un movimiento atropellador como el kircherismo, que 11 votos no son imposibles de lograr, a poco que se pongan las presiones y los estímulos suficientes. Se dice que ya tiene asegurados 7, por los cuales los 4 restantes deberían caer.
En los dominios de Massa, la oposición fue bastante explícita en sus posicionamientos en contra de la reforma. Juntos por El Cambio de radicales, macristas y lilistas, los diputados de Schiaretti, algunos del peronismo federal y la izquierda se manifestaron en tal sentido.
Pero el poder económico y político de la nación es inmenso. El sistema perverso del federalismo argentino de negociar los votos directamente entre el presidente con los gobernadores y no en el Congreso, posibilitan una negociación barata: votos legislativos por obras o recursos para el erario provincial. En mi último libro “Las zonas oscuras de la democracia”, realizo un análisis exhaustivo de esta mecánica viciosa.
En Diputados, la cuestión no son los votos sino la formación del quórum. Si quieren ayudar, los opositores con sólo ingresar, dar un discurso contrario y no votar a favor, ya le están dando la reforma judicial servida en bandeja al oficialismo, que tiene la mayoría. Es como tirar la piedra (dar el quórum) pero esconder la mano (votar en contra de la reforma).
Si el oficialismo consigue el número con otros aliados, los diputados correntinos no necesitarán exponerse con una posición contraria a su alianza partidaria.
Pero ¿qué sucederá si Cristina y Alberto necesitan que los diputados correntinos ingresen a la sesión para formar el quórum? Sobre el punto, nuestros legisladores radicales y macristas, Sofía Brambilla, Estela Regidor, Jorge Vara e Ingrid Jetter no fueron contundentes. Hablaron en contra de la reforma sin consenso, pero nada dijeron si concederán o no el quórum.
El que sí se manifestó es el Gobernador Valdez, quien dijo “hay que dar el debate”, que entrelíneas significa “hay que dar el quórum”. La pregunta es si su declaración es estrategia inteligente para no tener enemistad prematura con los dueños del poder nacional, o un preanuncio de aportar sus legisladores para forma el mismo en caso necesario.
Juntos por el Cambio se pronunció en contra de aportar sus legisladores para completar los 129. Los diputados correntinos de ese sector político ¿actuarán de manera distinta?
En ese momento, si es que se produce, quedará planteado el debate: es válido negociar posturas como el quórum para una reforma judicial mafiosa a cambio de aportes y obras para la provincia, o debemos rechazar el sistema del “toma y daca” que propone el oficialismo.
Es un dilema que deberá definir el diálogo tripartito entre el Valdes radical con el Valdes gobernador y el Valdes ciudadano.
Jorge Eduardo Simonetti
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