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GOLPE DE NOCAUT PARA EL ESTADO DE DERECHO

EL DESGUACE JUDICIAL

*** Oculto tras la eliminación de las jubilaciones de privilegio, el gobierno obtiene el preciado objetivo del vaciamiento judicial y la posibilidad de llenar 750 vacantes con jueces amigos. Gran parte de las cámaras penales que juzgan delitos de corrupción quedarán desiertas, para que sean ocupadas por abogados de simpatía oficialista.

*** Con esta maquiavélica jugada, que la oposición se come ingenuamente, Fernández comienza a cumplir la condicionalidad de su presidencia, cual es el desbroce del camino judicial de Cristina y sus hijos.

*** Será de tal impacto la ley próxima a sancionarse, que me animo a afirmar que con ella se fracturará el estado de derecho y la justicia argentina recibirá un golpe mortal.        

 

 “Las jubilaciones judiciales podrían provocar un 50 por ciento de las vacantes en fiscalías y tribunales federales que investigan los casos de corrupción”

Graciela Ocaña

                               El sueño de Cristina de 2013, de colonizar la justicia con jueces amigos, a través del frustrado proceso denominado de “democratización de la justicia”, está próximo a concretarse hoy con una estrategia que pega a la corporación en su línea de flotación.

                               La ciudadanía en general, por lógicas razones de justicia, repudia los sistemas jubilatorios especiales o de privilegio.

                               Sin embargo, aquello que primitivamente presentó el oficialismo cómo un objetivo virtuoso, la eliminación de las jubilaciones privilegiadas de los jueces, se transformó sin estaciones intermedias en un intento por licuar la Justicia y colonizarla con jueces amigos del poder.

                               Según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, hay 260 jueces y funcionarios que iniciaron el trámite ante la Anses y el organismo aún no convalidó y otros 237 que ya tienen otorgado el beneficio, pero suspendido hasta el cese de su carrera. A ello hay que agregarle las 250 vacantes existentes, lo que haría un total aproximado de 750 nuevos jueces que el gobierno de Alberto Fernández debería designar.

                               De los tres poderes del estado, el judicial es el que tiene características distintivas, por su método de conformación, por la duración en los cargos y por la psicología particularizada de los hombres y mujeres que administran justicia.

                               Siendo el poder contrapoder, su conformación no sigue la lógica mayoritaria como el ejecutivo y el legislativo, en los que resultan electos los que más votos ciudadanos obtienen. Concursos de antecedentes y oposición, proposición de ternas por Consejo de la Magistratura, y de designación por el presidente de la nación con acuerdo del Senado, es el sistema mixto que rige para nombramiento de jueces y fiscales (excepto miembros de la Corte Suprema).

                               Se dice por ello que, para que exista un adecuado equilibrio republicano, el poder judicial debe seguir una lógica contramayoritaria, porque precisamente su función esencial es la defensa de los derechos de los ciudadanos contra los abusos del poder mayoritario.

                               Al ser electivos, el presidente y los legisladores son temporarios, tienen un mandato con tiempo prefijado y limitaciones en la posibilidad de reelección.

                               Los jueces, en cambio, son permanentes. La Constitución ha elaborado un sistema protectorio de la independencia judicial, que es la continuidad de los magistrados en el cargo mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de sus remuneraciones. Este último punto incluye a los magistrados jubilados conforme decisión jurisprudencial.

                               La estabilidad en sus cargos y la percepción mensual de sus remuneraciones en el nivel adecuado, son las condiciones de comodidad en la que desenvuelven los hombres de la toga. Poner en peligro alguna de tales variables es afectar su estabilidad emocional, su ritmo laboral, su sosiego de vida. No están acostumbrados a la incertidumbre de la profesión de abogado, por ello escogieron la carrera judicial.

                                Está mas que claro que la presidencia para Alberto Fernández vino con una condición, cual es desbrozar el camino judicial de Cristina y de sus hijos, para evitar un futuro incierto y peligroso en materia penal.

                               Sin embargo, Alberto no la tenía fácil para cumplir con esa condición. La cantidad de causas, las pruebas acumuladas, el gastado latiguillo de la persecución política como defensa improductiva, el argumento del “lawfare” que no sale de la mera teoría a pesar del apoyo papal, son elementos preocupantes para el futuro judicial de la dueña de los votos que lo colocaron en el sillón presidencial.

                               Una reforma judicial ortodoxa, como la atenuación de las prisiones preventivas, el cambio de jurisdicciones, la creación de nuevos fueros o tribunales, no son caminos que otorguen certeza para conseguir los resultados perseguidos.

                               De pronto, no por mera casualidad sino como parte de una maquiavélica estrategia cuidadosamente diseñada, el proyecto de cambio en el régimen jubilatorio de los jueces se convierte en un misil que impacta en la “santa bárbara” del poder judicial

                               Cambiarles sus presupuestos del futuro en pasividad, es sacar a los jueces de su zona de confort y colocarlos en la incertidumbre. En materia previsional rige la ley vigente al día de la jubilación. Encrucijada: jubilarse ya para no perder el 82% móvil, o continuar en el cargo para jubilarse en el futuro con menos haber. La mayoría parece elegir la primera, nadie quiere jugar a héroe.

                               De allí que, a partir de un verdadero éxodo judicial, se producirá seguramente el vaciamiento institucional de un poder básico del estado de derecho, que dejará el camino expedito para todo tipo de trapisondas y para una nueva conformación amiga que posibilite llegar al objetivo de impunidad pretendido.

                               Con la media sanción otorgada por la cámara baja, mediante el quórum otorgado por un Scioli con cara de “yo no fui”, se comienza a hacer realidad el sueño de Cristina de someter a la justicia. Hoy tiene más importancia que en 2013, porque las necesidades no son sólo políticas, sino además personales y familiares.

                               Sorpresivamente, o no tanto, se le allana el camino al presidente para cumplir su compromiso de impunidad. Tendrá la oportunidad de cubrir más de 750 vacantes judiciales. Sumadas a las designaciones del matrimonio Kirchner en sus respectivas presidencias, puede decirse que próximamente la justicia argentina pertenecerá casi íntegramente a un sector político, ese mismo sector que tiene multiplicidad de causas penales en trámite.

                               Además, escondido como as bajo la manga, se incorpora un artículo que modifica la posibilidad de continuidad de los jueces jubilados a cargo de los juicios ya iniciados y los reemplaza por conjueces designados por el poder ejecutivo, posibilitando que las cámaras de juicio que entienden en causas de corrupción puedan funcionar con jueces transitorios que designe Fernández.

                               El oficialismo no quiso negociar la incorporación de una cláusula transitoria para proteger a los actuales jueces del nuevo régimen y evitar el éxodo masivo. Con una ingenuidad propia de principiantes, la oposición empujó la reforma previsional, no advirtiendo que se la dejaban servida al verdadero objetivo del gobierno: vaciar la justicia.

                               Hoy, por un reclamo social justo cual es la eliminación de los sistemas jubilatorios de privilegio, se está a punto de ingresar a una zona de fractura de la institucionalidad, que importa la disolución de la independencia del poder que debe controlar y juzgar al verdadero poder.

                               La jugada no fue fruto de la casualidad, fue fríamente calculada. Para su mentor hay que instituir el premio “Maquiavelo” y entregárselo con total justicia.  Con un solo movimiento de piezas se desguaza un poder y se derrumba el estado de derecho.

                                                                                Jorge Eduardo Simonetti

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Jorge Simonetti
<p>Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.</p> <p>Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).</p>
https://jorgesimonetti.com

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