CAMINO A LA IMPUNIDAD Y EL TOTALITARISMO
“En nombre de la ley, fui tratado como un criminal… no por lo que hice, sino por lo que defendí, por mi conciencia”
(Nelson Mandela, 1985, desde la cárcel de Soweto)
Presos políticos eran los de antes. Perseguidos por sus ideas, denostados por regímenes políticos autoritarios, en general pobres y acallados.
Hoy es distinto. Los perseguidos políticos, en Argentina por lo menos, tienen mucha prensa, publican libros, ocupan bancas, dan discursos, entrevistas, y fundamentalmente son todos ricos.
Casos de perseguidos políticos de antes fueron Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Aleksandr Solzhenitsyn; de ahora, Cristina, De Vido, Jaime, Baratta, Lázaro Báez. Los unos, perseguidos por sus ideas, los otros por acusaciones de llevarse montañas de dinero público.
Los primeros nada debían probar, sus ideas los llevaron a la cárcel, al exilio, a la persecución. Los segundos deberían, al menos, intentar demostrar que no robaron lo que se dice que robaron, explicar, contraponer hechos, presentar pruebas, ejercitar su derecho de defenderse, no callarse como hasta ahora.
Podrían haber dicho, por ejemplo, que los bolsos del convento no tenían dinero ni joyas, sino estampitas; que el efectivo en las valijas semanales transportadas en el avión presidencial, correspondían a las transferencias por coparticipación para la Provincia de Santa Cruz; que tienen hoteles porque son gastronómicos de larga data; que Austral Construcciones ganaba el 90% de las licitaciones de obra pública por ser la mejor empresa, y que los sobreprecios eran contribuciones para la Unicef; que Baratta era un gran amigo y viajero incansable, por ello andaba asiduamente con bolsos y valijas de visita en el departamento de Juncal; que el club de la obra pública reunía a amigos para comer asado y jugar al truco.
Pero lo que no le dicen a la justicia sobre las imputaciones concretas, lo dicen afuera con formato de persecución política, construyendo la teoría del “lawfare”.
¿Qué es el “lawfare”? Es un neologismo de elaboración kirchnerista, para zafar. Según esta teoría, los funcionarios kirchneristas, empezando por Cristina, son perseguidos políticos por una justicia sesgada. “Lawfare”, término en idioma inglés que no tiene traducción en los diccionarios, podría significar algo así como “la justicia que no es”, que sería la metodología supuestamente utilizada por Macri y los jueces para sacarlos políticamente de la cancha.
El “lawfare” es un neologismo en idioma inglés de invención kirchnerista, que significaría “la justicia que no es”. Es el nombre que se le asigna al operativo político, judicial y religioso, que debería culminar con la nulidad de todas las causas por corrupción durante el gobierno kirchnerista, previo triunfo en las elecciones de octubre
En realidad, se trata de una operación cuidadosamente diseñada en el cenáculo cristinista, que conjuga los aspectos culturales, políticos, jurídico-judiciales y religiosos, con un objetivo inmediato, la impunidad, y otro mediato, el ejercicio totalitario del poder en caso de ganar las elecciones de octubre.
La pata política del “lawfare”, y quién primero utilizara el término, es Cristina, que lo empleó en su discurso al asumir como senadora, y que hoy lo esgrime como única defensa en sus múltiples causas.
La pata cultural, es el escritor kirchnerista Mempo Giardinelli, que integra un ignoto grupo de intelectuales denominado El Manifiesto Argentino, que propone la eliminación del Poder Judicial mediante una reforma constitucional, y su reemplazo por un “servicio de la justicia”. Seguramente, el bueno de Mempo sólo puso la boca, porque la autoría intelectual de tamaña barrabasada está en otra cabeza, forma parte de lo que en tiempos anteriores se dio en llamar “la democratización de la justicia”.
La pata jurídico-judicial fue diseñada en dos etapas: la primera, a través de la desacreditación de los jueces y fiscales que tienen a su cargo las causas de la corrupción kirchnerista (casos de Stornelli y Bonadío), y de periodistas (caso Santoro), operación recaída en el juzgado de Ramos Padilla de la ciudad de Dolores, que abrió un expediente por denuncia del empresario Pedro Etchebest (involucrado en la causa de los cuadernos) y un personaje extorsionador ya conocido, el falso abogado D’Alessio.
La segunda parte de la pata legal debe concretarse en caso de llegar el kirchnerismo al poder. Su mentor, el otrora prestigioso penalista y hoy abogado todo servicio de Cristina, Eugenio Zaffaroni, dio a conocer los pasos futuros del “lawfare”, que consistiría en el dictado de una ley especial que permitiría la revisión judicial de las causas de la corrupción kirchnerista, y un incremento de los miembros de la Corte que convalidaría judicialmente la impunidad.
El término fue utilizado por primera vez por Cristina en el discurso de asunción como senadora, y, paradójicamente, repetido por el Papa hace algunos días, ante un calificado auditorio de juristas, entre los que se encontraba Eugenio Zaffaroni
Y si la batalla cultural de Mempo, la política de Cristina, la jurídico-judicial de Zaffaroni, están caminos a la anhelada concreción de la impunidad y el totalitarismo, faltaba un extremo muy importante para que la mayoría católica del pueblo argentino pueda digerirla: la bendición papal.
“Mi reino no es de este mundo” dijo Dios, pero nada dijo del Papa, que parece creer que la limitación divina no le comprende.
La pata religiosa faltante fue concretada hace pocos días por el inefable Francisco al que, teniendo en el auditorio el aplauso presencial de Zaffaroni, no le importó repetir el término kirchnerista de “lawfare”, para desempolvar la teoría de Cristina: “El “lawfare”, además de poner en riesgo la democracia, es utilizado para minar los procesos políticos emergentes…..es fundamental detectar y neutralizar estas prácticas…..en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”, dijo un Papa con un alineamiento político a esta altura inocultable.
La cuestión del operativo “lawfare”, tendría el siguiente desarrollo: la sociedad acepta culturalmente la existencia de una justicia sesgada, políticamente Cristina es una perseguida judicial, en octubre los votantes eligen la fórmula Fernández-Fernández, y a partir de diciembre comienzan los pasos jurídicos para la amnistía, el indulto o la nulidad de las causas de corrupción, convalidados por ley especial, reconocidos por una nueva Corte Suprema y santificados por la mayor autoridad religiosa católica en el mundo: Jorge Bergoglio.
Para que se concrete la impunidad primero, y el totalitarismo después, se necesita el paso indispensable del triunfo de los Fernández en las elecciones de octubre
Una vez alcanzados los objetivos coyunturales de la impunidad, se avanzaría en los estructurales, cuales serían la desaparición de la Justicia como poder del estado, reemplazada por una especie de “servicio” con dependencia del poder.
¿Qué no lo creen? Pregúntenle a Alberto Fernández, el candidato a presidente por el kirchnerismo, que afirmó, en tono amenazante, que “algún día (Julián) Ercolini, (Claudio) Bonadío, (Martín) Irurzun, (Gustavo) Hornos y (Juan Carlos) Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Más claro, agua.
Argentina, ese país del nunca jamás, da para ésto y para mucho más, la cuestión es animarse y no tener escrúpulos de atropellar con cuánta norma jurídica y de convivencia exista.
Pero, siempre hay un pero, el “lawfare” necesita una quinta pata, la pata ciudadana, la que con su voto decidirá en octubre si la clava o no en la tabla para sostener la mesa kirchnerista, con pleno conocimiento de lo que sucederá después.
En definitiva, somos los votantes los que le daremos la pata faltante, o provocaremos el derrumbe de la estrategia.
Jorge Eduardo Simonetti
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