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CON LA PISTOLA EN LA SIEN JUDICIAL

 JORGE EDUARDO SIMONETTI

                               Que  la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, determinará seguramente un antes y un después en la vida política e institucional de la Argentina, ya pocos dudan.-

                               Ese cambio de época que se percibe, es naturalmente adverso al gobierno, al modo particular con que el kirchnerismo ha gestionado durante más de doce años y que termina de la peor manera, con un muerto  que recae sobre las espaldas cada vez más estrechas de una administración política que se manifiesta incapaz de torcer un  rumbo ya de estrepitosa pendiente.-

                               Ese modo disociativo de la conducta presidencial, que con la facilidad de un cambio de indumentaria, troca su investidura funcional por otra de adolescente tuitera, que en lugar de encarar la situación desde su sillón de poder lo hace desde su asiento de computadora, pasa a ser meramente una anécdota ante las implicancias graves que genera un gobierno sin respuestas ante un magnicidio de la envergadura del de Nisman.-

                               La liviandad y superficialidad de las opiniones acerca de la muerte del fiscal, la manera irresponsable con que se dice una cosa así como se dice la contraria a los dos días,  acercan a Cristina y sus corifeos a la calidad de panelistas de la T.V. criolla antes que a la de integrantes de los estamentos superiores de la administración de la Nación.-

                               No fue de extrañar la posición oficial, a través del generoso reparto de  sospechas a un lado y al otro.- En lugar de actuar con la solvencia institucional de soporte de una investigación seria y objetiva, hizo lo que siempre hizo, echar culpas a otros.-

                               Pero ahora la cuestión es distinta, no son ya los fondos buitres ni los grupos concentrados los sospechosos propiciatorios de las impericias y los malos resultados de la gestión, es el propio gobierno quien soporta las miradas acusatorias de casi toda la sociedad acerca de una muerte sugestiva.- Y el sayo le queda a la perfección.-

                               Se investigan los hechos, pero pocos dudan que la muerte fue la consecuencia del delito, ya sea de un suicidio inducido  o de un homicidio.- Se buscan los autores materiales e intelectuales de la muerte, los  instigadores de la misma.-

                               Es posible, no sé si probable, que la investigación esclarezca los hechos, determine las responsabilidades penales y la eventualidad de los juzgamientos correspondientes.-

                               Sin embargo, no hace falta mayor análisis para determinar la responsabilidad política del magnicidio, aquello que en paráfrasis de la terminología jurídica, podríamos denominar la “autoría moral” de la muerte del fiscal.-

                               Con Nisman no comienza la actuación mafiosa contra los estamentos judiciales, muy por el contrario, es la culminación violenta de un largo proceso, durante el cual se pretendió desde el poder arrinconar a la justicia, ponerla de rodillas,  quebrar su moral, inducirla espiritualmente al suicidio institucional de sometimiento al gobierno, o darle el tiro de gracia de un copamiento político indisimulado.-

                               Desde hace varios años que el Poder Judicial de la Nación está viviendo con una pistola en la sien, eso es bien sabido.- La incertidumbre sólo estaba en determinar si era el propio poder quién iba a apretar el gatillo o una mano externa sería la ejecutora.-

                               Los tristemente recordados proyectos de “democratización” de la Justicia, pretendieron darle diseño legal a un fallido intento de terminar con la república, de diluir la división de poderes, de avanzar en el objetivo de darle color mayoritario a una pretensión totalitaria.- Someter a la Justicia y silenciar a los medios, resultaban el combo perfecto en clave legal: la ley de medios y las de elección popular de los estamentos judiciales, terminarían con todo vestigio del pensamiento distinto y de contralor del poder.-

                               Lo que siguió después fue el plan B de la estrategia “democratizadora” fracasada: modificar el Código Civil eliminando la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, alivianar las figuras penales de los delitos contra la administración pública, cambiar el Código Procesal Penal para poner la persecución penal en manos de la Procuradora ultra K Alejandra Gils Carbó, proceder a la designación masiva de fiscales “amigos”.-

                                A ello se le agregó el acoso a los magistrados y funcionarios independientes y la protección amistosa a los del palo, tales los casos de Campagnoli y Oyarbide, dos casos paradigmáticos que ocupan los lugares opuestos en las pasiones kirchneristas.-

                               La tarea destructora no sólo tenía carácter externo, no terminaba con el dictado de leyes a través de la mayoría automática del Congreso.- También se trabajaba intra-justicia, logrando la adhesión de magistrados que, encandilados con las mieles del poder, se encolumnaron en la construcción oficialista “Justicia Legítima”, politizando internamente los estamentos judiciales, para avanzar también sobre otros órganos cómo el poderoso Consejo de la Magistratura.-

                               Demás está decir que todo ese accionar insidioso en el recoleto ámbito de la toga y el estrado, contó siempre con la cobertura conceptual de un personaje apto para todo servicio, el inefable Eugenio Zaffaroni, cuyo último favor fue colgarle una hermosa “cola de paja” al gobierno, al decir que no había delito aunque las denuncias de Nisman contra Cristina y Timerman fueran ciertas.-

                               Así está hoy la República Argentina, su Presidenta, los amigos del poder, también los opositores, la misma Justicia.-  Con un cadáver en el placard, nada menos que del fiscal investigador del ataque terrorista más grave que haya sufrido nuestro país en toda su historia, con más de ochenta víctimas, sin condenas a veinte años del terrible suceso, con la cúspide del poder vernáculo denunciada por el delito de encubrimiento de los principales sospechosos, los iraníes.-

                               Pareciera que hoy no basta con el relato para dibujar una realidad a medida, se ha deshilachado de manera definitiva esa relación de credibilidad que debe existir mínimamente entre gobernantes y gobernados.- Esperemos que esa cuerda tan sensible, no se corte antes del 10 de diciembre próximo.-

                               Si la justicia vivió estos últimos años con la pistola institucional en la sien, no fue de extrañar que alguien apretara el gatillo destrozando la cabeza de uno de sus integrantes.-

                               Le tocó a Nisman, pudo ser otro, pero las esquirlas alcanzaron tan certera y profundamente a una sociedad atónita, que seguro será largo el tiempo de convalecencia.-

                              

                              

 
Jorge Simonetti
<p>Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.</p> <p>Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).</p>
https://jorgesimonetti.com

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