EDUCACIÓN Y PRESUPUESTO
“La educación es un derecho humano fundamental, porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad”
Consejo Interuniversitario Nacional
*El gobierno está dispuesto a cerrar las cuentas sin importarle de dónde provengan los recortes. Antes a los jubilados, ahora le toca a la universidad pública, que goza de gran aceptación pública. Para el oficialismo es una cuestión financiera, para la oposición el mantenimiento de un modelo educativo inscripto en el ADN de los argentinos. Para una clase media empobrecida, la universidad pública gratuita significa el último transporte hacia un mejor futuro.
**Transferir las universidades a la provincias o al mercado, significa el comienzo del fin de un modelo de educación superior que engrandeció al país.
***Si se trata de racionalizar los gastos, la solución es construir nuevos sistemas de contralor y auditoría. Sacarle el respirador no es buena solución para el enfermo.
Desfinanciar aquello que funciona, sólo para que te cierre la caja, es, por lo menos, un estupidez utilitaria, un tiro en el pie para el futuro de un país como la Argentina.
Demás está decir que, aparte de debilitar el sostenimiento de la universidad pública gratuita, la institución más valorada por los argentinos según las encuestas, es una segura apuesta al fracaso del futuro del país, que seguramente quedará a merced de los vientos del mercado, dónde lo que vale no es la educación sino la ley de la oferta y la demanda.
“M´hijo el dotor”, es la demostración más acabada de un modelo que posibilitó la movilidad social a partir de la educación, diría yo uno de los pocas estructuras públicas que, a través del tiempo, aún con sus debilidades, se mantuvo en la consideración pública por encima del promedio de las instituciones.
Ni qué decir del magnífico instrumento de igualdad social que significa poder acceder a la educación superior gratuita, que consolidó una clase media importante para el desarrollo nacional. Clase media, una capa social hoy desvalorizada, con un importante segmento que se proletariza.
Es cierto, no todo son rosas en el funcionamiento de las universidades públicas. La autonomía universitaria no es un dogma ni debería significar la constitución de cotos cerrados, dónde la luz del día no ingresa, dónde la transparencia no es regla, dónde las auditorías brillan por su escasa presencia.
Es más, existen universidades que no cumplen con los estándares mínimos, especialmente aquéllas creadas por el kirchnerismo, que sólo sirven para refugio de adeptos y que no producen básicamente lo que deberían: personas con títulos universitarios de calidad.
Ello, sin embargo, debería servir para poner la atención en la corrección del sistema, hay que controlar, auditar, ajustar con raciocinio, discutir nuevos paradigmas, pero ¿en qué cabeza calenturienta cabe el desfinanciamiento de un sistema que nos ha colocado a los argentinos a la cabeza de Latinoamérica?, ¿en qué planilla Excel figura que la educación es un gasto inoficioso y no una inversión para el futuro?
Está claro que el gobierno sabe de economía (¿sabe?), pero muy poco de educación, porque la estigmatización de la universidad pública y gratuita no parte de un modelo diferente de educación, sino de sacarse el problema financiero de encima, que implica el mantenimiento de dichas instituciones.
Pero, seamos concretos y realistas. La apuesta del gobierno está en consonancia con su ideología política: el minarquismo, que significa un estado mínimo; cuando no el anarcocapitalismo, que es la desaparición del estado.
Lo dijo Milei en la presentación pública del presupuesto por cadena nacional: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales”.
Las palabras presidenciales dejan entrever un propósito netamente financiero más que ideológico. Al decir que la educación también es competencia de los estados subnacionales -como lo fue la transferencia de las escuelas y hospitales a las provincias en tiempos de Menem-, está sugiriendo que las mismas se hagan cargo de las universidades con un presupuesto mínimo que las obligará a arancelar.
Tanto la nación como las provincias constituyen el Estado. Así que, si el sistema universitario se transfiere a los estados locales, sigue siendo un sistema estatal, por lo que ya no es, entonces, una cuestión ideológica, sino financiera, el de aliviar la caja de Nación y mandarle el muerto (una forma cruda de decirlo) a los estados provinciales. Por ello, le da lo mismo si son las provincias o el mercado los que se encarguen.
La marcha del miércoles pasado fue multitudinaria, aunque no alcanzó los números de la realizada en abril. Sin embargo, números más o menos, contó con fuerte presencia política y sindical, sobre todo porque el reclamo principal es el deterioro salarial.
Cómo estaba previsto, el gobierno respondió con el veto total, sin inmutarse, confiando en que podrá sostenerlo en las Cámaras con la tarea de “convencimiento” que esta vez está a cargo del que reparte la torta en el ámbito legislativo: el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
El argumento de la decisión presidencial es el mismo que el de la frustrada ley de incremento a los jubilados, la no especificación de los recursos que sostendrían el financiamiento universitario, a esta altura un dogma monetarista resistente a cualquier política que no sea la impuesta por el Poder Ejecutivo y su propósito del equilibrio fiscal.
Pero no todas las razones del veto están expuestas ni son de índole financiera. También hay motivos ocultos, que no se expresan en los medios, pero que tienen un peso significativo al momento de decidir.
La universidad pública y gratuita es casi la última joya de la abuela que le queda al radicalismo. Impulsores y sostenedores de la Reforma de 2018, con sus componentes de gratuidad y autogobierno, sus agrupaciones universitarias constituyen un soporte importante de la razón de ser del partido.
También pujan en la política universitaria, tal vez con menos suerte, el peronismo y/o kirchnerismo. Por el contrario, con haber tenido casi siempre agrupaciones liberales en dicho ámbito, es casi un campo minado hoy para los libertarios, por lo que el debilitamiento de la universidad es oportunidad política para el gobierno.
Tirarle por la cabeza dichas instituciones a las provincias o al mercado (da lo mismo), es matar dos pájaros de un tiro: eliminar las partidas presupuestarias nacionales correspondientes a la educación superior y, a la vez, ahogar a una institución que políticamente nunca será afecta a la política oficialista.
Parece mentira que la idea original salga precisamente de un radical, o ex radical, o radical libertario: Federico Sturzenegger, con su idea de que la mejor manera de desarmar una corporación es pisarle la caja. Y vaya si lo están haciendo. Hoy un docente universitario ha sufrido un deterioro salarial de casi un 50%, y las universidades han recibido, en los primeros ocho meses del año (en comparación con el mismo período de 2023) un 34% menos.
Para sostener el veto, al gobierno tal vez no le alcance en esta oportunidad con una “negociación” turbia o con un asado a la romana. Con la excepción del tucumano, el resto de los comensales radicales quizás no se animen a saltar el cerco. Falta la definición del PRO, que generalmente se mueve en un terreno de indefiniciones que lo está consumiendo electoralmente.
No es un tema menor. Forma parte del ADN de los argentinos. Si prospera el veto, habremos perdido el último bondi hacia un mejor futuro y una parte importante de nuestra identidad.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
