DISCURSO PRESIDENCIAL
“El destino de un pueblo se basa en las decisiones económicas que se toman”
Presidente Javier Milei
La presentación del proyecto de presupuesto 2025 por parte de Milei ante el Congreso, es una mecánica innovadora e interesante para publicitar la denominada ley de leyes, el acto político más importante de un estado. Nada nuevo, la ratificación del innegociable déficit cero y un pedido a las provincias para que reduzcan sus gastos en U$S 60.000 millones. Creo que aquí se llevará a cabo la pelea de fondo, que más que pelea espero que sea una oportunidad de consenso.
120 de los 257 diputados se sentaron en sus bancas para escuchar el discurso del presidente Milei sobre el presupuesto 2025, nueve menos que el quórum. La cadena nacional bajó drásticamente el rating de todos los canales que se incorporaron a la misma.
Ni lo uno ni lo otro significó gran cosa para el propósito del gobierno. Con la proa puesta hacia el equilibrio fiscal innegociable, se advirtió un discurso conceptual, sin números presupuestarios, lo que fue objeto de crítica por parte de la oposición.
La ley de presupuesto es el acto político más importante de un estado, no es meramente un conjunto de datos económicos, traduce fundamentalmente el orden de prioridades de un gobierno respecto a sus políticas públicas. Del análisis de las partidas, de aquello previsto para educación, salud, seguridad, políticas sociales, etc., se tendrá noción exacta del rumbo político que tendrá el país.
Ninguna novedad, ningún anuncio hubo en la presentación presidencial del primer presupuesto de su gestión, sólo la repetición de consignas y la ratificación de políticas que se vienen llevando a cabo en éstos nueve meses de gestión.
En esta oportunidad, la atribución de culpas tuvo destinatario más concreto: el kirchnerismo. Recordó el aplauso de la Cámara de diputados por el default de diciembre de 2001, marcándolo como “el comienzo de un ciclo populista que destruyó a la Argentina”.
El déficit cero como el gran ordenador de todas las políticas públicas, fue la ratificación de un presidente que confía en que el mismo constituirá el vector que marque la recuperación económica del país.
Obviamente, la continuidad de la tarea de achicar el estado, de privatizar empresas públicas, de ajustar los números independientemente de los sectores involucrados, fue la demostración más palpable de un presidente que, más allá de algunas inconsistencias, está dispuesto a llegar con el bisturí hasta dónde cree debe llegar.
Se comprometió a mantener su gestión sustentada en tres ejes fundamentales: el acompañamiento social sin intermediarios (una modalidad autocrática que descree de las instituciones), la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa y la modernización y simplificación del estado.
La realidad es que, las políticas del presidente no resultan novedosas, no sólo porque ya las viene llevando a cabo sino porque están sustentadas en los contornos de un estado que rigió en el siglo XIX, denominado “estado gendarme”, por oposición al “estado de bienestar” vigente a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial.
Identificar a la “justicia social” como la gran enemiga de su proyecto, no hace sino reivindicar a un estado consagrado exclusivamente a garantizar la defensa del territorio y la seguridad de la vida y de la propiedad.
De allí que el gasto público debe limitarse a las funciones del estado mínimo que pretende la gestión libertaria, que piensa que “Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad”, según propias palabras del presidente.
Milei confía que el déficit cero provocará la baja de la inflación, que la estima para 2025 en alrededor del 18% anual y un crecimiento de la economía del 5%, número que se repetirá en 2026 y 2027.
Como dato novedoso, les pidió expresamente a las provincias y a las intendencias la baja del gasto público en U$S 60.000 millones, “nosotros ya hemos hecho nuestra parte” se justificó.
En este punto, debemos aclarar que nuestro régimen federal impone una distribución de los recursos a través de la coparticipación, que está establecida por ley. Precisamente, ésos ingresos provinciales son intocables, aunque paradojalmente es la Nación la que se queda con la parte más grande, la parte del león.
Corrientes es un ejemplo paradigmático. Ubicada en el norte pobre, siempre perjudicada en la asignación de fondos discrecionales, la administración provincial supo manejarse con los recursos que por ley le corresponden. Exigir ajuste, sería volcar sobre una provincia equilibrada el peso del festival de gastos innecesarios que supo haber en el orden nacional.
Para Corrientes, ni un peso menos, serán las instituciones correntinas las que decidirán si deben ajustar en distintas áreas, pero siempre preservando la inversión en espacios sensibles y dentro del equilibrio fiscal ya alcanzado hace tiempo.
Discutir el presupuesto nacional es auspicioso. El Congreso tendrá la decisiva tarea de sancionar la ley de leyes. Es claro que el que administra, presupuesta. Es decir, Milei tiene derecho a remitir el proyecto, hacerlo de acuerdo a sus políticas de un estado pequeño, dónde el gasto social seguramente se reducirá al mínimo.
¿Hasta dónde pueden los legisladores modificar el orden de prioridades y el monto de las partidas? Es una ley, y como tal puede debatirse y modificarse el proyecto, sin olvidar que es el presidente el encargado de la administración general del país.
Ahora se verá aquello que ya viene sucediendo. Un primer mandatario atado al carro innegociable del equilibrio fiscal, y una oposición que desea inversiones que atenúen la empatía cero del gobierno con los sectores más débiles de la sociedad.
Lo que vimos hasta ahora es un esfuerzo titánico de la administración Milei por el mantener el déficit cero, pero también observamos que tal objetivo se alcanzó fundamentalmente empobreciendo a los jubilados, quitándoles recursos a las universidades públicas, sacándole ingresos al área de la ciencia y la investigación.
Queda claro que se enfrentan dos modelos opuestos: el estado gendarme y el estado de bienestar. Uno, que se desentiende de la suerte de la sociedad, dejando en el mercado el ordenamiento natural. Otro, que invierte en lo que se llama la justicia social, que degeneró en un reparto populista que quebró las arcas estatales.
En lo personal, no abogo por dichos extremos. Ambos, a mi juicio, son perniciosos para una sociedad que viene haciendo su esfuerzo. Sensatez y reparto justo de cargas deben ser pilares fundamentales. Para que ello suceda, el diálogo es el instrumento fundamental, cosa que parece lejana.
Ojalá que el presupuesto no se transforme en una guerra de modelos de sociedad, antes bien la razón para consensuar.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
