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TOMA Y DACA: ¿DEL CONGRESO A LA JUSTICIA?

ACUERDOS SUBTERRÁNEOS

“Hay la posibilidad de ampliar el número de ministros de la Corte”

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete

*Los votos para sancionar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, fueron obtenidos a fuerza de intercambios de favores, la ley del “toma y daca”, te doy para que me des. Obras, fondos y demás para una provincia, a cambio del voto de sus legisladores. Similar sistema se intenta aplicar en el ámbito judicial, dónde el aumento del número de cortesanos, servirá para repartir entre los partidos que conformarán el pacto.

**Milei utilizó el mismo mecanismo que es tradicional de política que tanto critica. Bienvenido presidente al club de “la casta”.

***Si el sistema de intercambio de favores prospera en el ámbito judicial, allí sí podríamos decir que se ha producido un quiebre tremendo en el sistema que puede arrastrarnos al desastre

                   La democracia republicana es un sistema de gobierno, el mejor que conocemos, por lo menos para una gran mayoría.

                   Obviamente, como toda construcción humana no es perfecto. Es más, puede ser el más vulnerable, porque no está sujeto a la voluntad omnímoda de una sola persona o de un grupo pequeño.

                   Posibilita la intervención de la mayor cantidad de ciudadanos en su gestación a través del voto y en su ejercicio por medio de una importante número de representantes de los tres poderes del estado y demás instituciones públicas.

                   En su funcionamiento, la interacción entre los representantes se configura a través de la compartimentación del poder, en el que cada uno tiene su competencia y no le es dable al otro, por lo menos en la teoría, invadir la del vecino.

                   Lo que sí, es el más transparente, el más fácil de diagnosticar cuando una patología lo aqueja. Creo que el mal más común y contagioso de la república es el virus del “toma y daca”, no es mortal, al contrario, a veces puede moverse entre los límites de lo lícito y lo ilícito, lo que nos lleva al estadio siguiente de lo legítimo o ilegítimo siendo lícito.  Pero atentos, es altamente transmisible.

                   ¿Qué es el toma y daca? Sencillo, es un intercambio de favores: te doy para que me des. En términos lúdicos, es una estrategia en el juego del prisionero. En ella, el jugador que use esta estrategia responderá consecuentemente a la acción previa del oponente. Si el oponente ha cooperado previamente, el agente cooperará.

                   El ejercicio fáctico de la política, es campo orégano para desarrollar la estrategia del “tit for tat” (denominación original en inglés). Es lo que comúnmente denominamos “clientelismo político”, dónde el votante es el cliente que, por favores recibidos o a recibir por parte del político, compromete su voto por una determinada fracción o partido.

                   Si tú me has conseguido una casa, me has entregado regularmente alimentos, me has facilitado trámites, me has conseguido medicamentos, me has hecho toda clase de favores, yo te correspondo con mi voto durante el acto electoral. Regularmente, los favores conferidos por el político son con fondos públicos, por lo que los partidos de gobierno dominan este tipo de situación.

                   Se juntan dos estados de necesidad, por así decirlo. El del votante, que normalmente es una persona de escasos recursos, necesitada de ayuda, y el del político que debe juntar votos para acceder al poder.

                   Pero también, el clientelismo puede ser institucional, es decir darse entre integrantes de distintos poderes del estado, a través de intercambio de favores. Y allí tendríamos que estudiar los límites entre lo legal y lo ilegal.

                   Lay Bases y Paquete Fiscal. Un gobierno en absoluta minoría legislativa, que necesitaba sendos instrumentos legales para gobernar. ¿Cómo conseguir el número? Imposible lograrlo simplemente a través de convencer al adversario de la conveniencia de los proyectos.

                   ¿Cómo logró, entonces, el presidente tener ambas leyes? Sencillo, a través del trabajoso método del “toma y daca” (te doy para que me des).

                   Obras para las provincias, normas sobre temas puntuales, destrabe de fondos, o cualquier otro elemento de intercambio que nada o poco tenía que ver con el contenido de los proyectos de ley.

                   ¿Es un comportamiento legal que un diputado o un senador comprometa su voto sobre determinada ley, a cambio de una decisión del poder ejecutivo que beneficie a su provincia? ¿La función del legislador no es legislar para el conjunto y sobre el tema en tratamiento? ¿No está vendiendo su voto o intercambiándolo por favores para su provincia? ¿El presidente no está incurso en la misma irregularidad, especialmente cuando pone en estado de necesidad financiera a las provincias?

                   La verdad, creo que se viola el sistema constitucional, lo que no sé es de qué lado, en el difusa frontera de lo lícito y lo ilícito, se encuentra tal conducta. En todo caso entraríamos a debatir entre lo legítimo e ilegítimo.

                   Pues bien, parece que el sistema del “toma y daca” le puede servir también al gobierno y restantes fuerzas políticas en el ámbito judicial, lo que ya es mucho más delicado, teniendo en cuenta que se juegan muchos intereses que tienen que ver con la corrupción.

                   La administración Milei destapó varias ollas, pero siempre comprometiendo penalmente a personas que ocupan los estratos medios o bajos de la escala. Nunca apuntó para arriba.

                   La designación de Lijo para la Corte, altamente cuestionada por los sectores académicos y asociativos de profesionales del derecho, no mereció palabra alguna de ninguna fuerza política. Raro no?

                   La impúdica conversión, en la causa Cuadernos, de un delito de soborno en una falta electoral ya prescripta, que benefició a Calcaterra, dictada por la Cámara de Casación, que provocará una catarata de absoluciones a todos los empresarios y funcionarios involucrados en los sobornos multimillonarios que se pagaron, duramente cuestionada por el Tribunal Oral 7, no mereció el repudio de ningún partido político. Raro no?

                   Se está tejiendo un acuerdo de aumento de los miembros de la Corte (Francos lo confirmó), que se hace por ley, para repartir las designaciones entre los partidos involucrados en el pacto.

                   Ello significaría impunidad para Cristina en sus numerosas causas, también para Macri en algunas que tiene, y apoyo para el gobierno, tanto legislativo, como judicial. Es decir, Milei, por vía del intercambio de favores, estaría también dominando la justicia.

                   Y allí ya entramos en el terreno pantanoso de la volubilidad más absoluta del sistema. El intercambio del voto de un legislador por obras o fondos para su provincia, con ser distorsivo para la manda constitucional, tiene algunos anclajes en el bien común.

                   No así el “toma y daca” en los ámbitos de la justicia. El “te doy para que me des”, en los recoletos salones de la toga y la balanza, constituyen, de mínima, acuerdos espurios para dominar o incidir en las decisiones judiciales.

                   En la Argentina de hoy, las cuestiones más calientes en manos de la justicia consisten en las causas por corrupción, principalmente en tiempos de gestión cristinista. Por lo que, “te doy el voto para designar un miembro de la Corte”, tiene como contrapartida la impunidad a cambio.

                   Es más, como el número de cortesanos siempre fue la variable de ajuste de los problemas de la política, la consecuencia para el país del contubernio puede ser mortífera: olvidar la corrupción y conseguir una corte “sijavierista” que bendiga en favor del gobierno todas sus medidas.

                   Hoy tenemos una integración que ha demostrado, una y otra vez, independencia en sus juicios respecto a la política pero fundamentalmente respecto al gobierno.

                   Si la designación de Lijo prospera, si no se anula el fallo de Calcaterra en la causa Cuadernos, si, para colmo, prospera el incremento en el número de cortesanos, estamos en el horno.

                   Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI

 

 

 

 

Jorge Simonetti

Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.

Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).

https://jorgesimonetti.com

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