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¿MENOS DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES O MÁS TRABAJADORES CON DERECHOS?

REFORMA LABORAL

“Los gobiernos peronistas han gobernado el 80% del tiempo desde 1983 y han tenido sólo la mitad del total de paros generales”

Rosendo Fraga

*El paro general del 24, pone en el centro del debate la reforma laboral instrumentada por el gobierno para facilitar la creación de empleo registrado. La CGT representa a los asalariados formales. Los trabajadores en negro, que son la otra mitad, carecen de derechos y protección social, y los gremios no los representan.

**Solucionar los problemas de la macroeconomía es el elemento subyacente en el conjunto de medidas que se intentan para la recuperación de un país en quiebra.

***La mayoría de las veces, las mejores soluciones se encuentran en la ancha avenida de las buenas ideas, antes que en los angostos callejones de los ideologismos.

                   Si yo le digo que el gobierno de Alberto Fernández no tuvo ningún paro general de la CGT (sí, ninguno), Ud. me dirá que estoy equivocado, que revise mis datos. Pero es así, es el más duro y puro dato de la realidad, a pesar de la calidad del gobierno del tío Alberto, hoy dando cátedra en España.

                   La mayoría de los sindicatos en la Argentina tienen un indudable sesgo partidista, lo tuvieron siempre, desde hace más de setenta años, cuando debutaba como Secretario de Trabajo el general de la ancha sonrisa.

                   Desde entonces, aun debiendo ser entidades apartidistas, muchos dirigentes gremiales no tuvieron pudor alguno en reconocerse peronistas y hacer de sus organizaciones verdaderos cotos de poder personal y político del peronismo.

                   No deben existir en nuestro país instituciones más autoritarias que los sindicatos, sus mandamases se proclaman permanentemente democráticos, repantigados en sus poltronas desde hace veinte, treinta y cuarenta años.

                   Si los gremios individualmente, en su mayoría, se reconocen peronistas, la confederación que los une, la CGT, también lo es.

                   Los paros sectoriales pueden ser exclusivamente por reivindicaciones laborales. El paro general, en cambio, es un modo de protesta siempre político.  No es de extrañar, entonces, que sean los instrumentos de protesta preferidos cuando el peronismo no gobierna.

                   Pruebas al canto. ´Desde el regreso de la democracia, el peronismo gobernó el 73% del tiempo, con 16 paros generales. El no peronismo el 27%, con 26 paros. Es decir que los gobiernos no peronistas sufrieron paros generales cada 5,3 meses, en cambio los gobiernos peronistas cada 19,8 meses.

                   El récord en la cantidad de dichas medidas de fuerza lo tiene la gestión de Raúl Alfonsín, con 13 paros. La cifra menor corresponde a la pésima gestión de Alberto Fernández, con ninguno.

                   Con referencia a los días transcurridos de cada gestión para la primera protesta cegetista, el récord lo tendrá Milei, con 45 días. Del otro lado está Cristina, cuyo gobierno sufrió la primera a los 1808 días.

                   No es de extrañar que la politización de la protesta gremial haya sido expuesta y vergonzante. Los gremios fueron tradicionalmente el brazo corporativo del Partido Justicialista. Sus dirigentes, sin el riesgo del recambio democrático, fueron constituyendo capas geológicas que endurecieron la resistencia a gobiernos de un sector distinto.

                   A raíz de que el paro general del próximo 24 se realiza contra las medidas del gobierno contenidas en el DNU, especialmente la reforma laboral, y el proyecto de ley ómnibus, es conveniente referirse a la representatividad de la organización convocante y al sentido de las modificaciones propuestas por el gobierno.

                   Si bien los salarios bajos de los trabajadores formales son un grave problema en la Argentina, la principal causa de nuestra debacle económica y social es el alto grado de informalidad laboral.

                   ¿Qué significa la informalidad laboral? Es el trabajo en negro, sin reconocimiento legal, sin cobertura social, sin descuentos jubilatorios, sin protección del estado y, fundamentalmente, con salarios de hambre.

                   Según varias fuentes consultadas, la mitad de los trabajadores están en la informalidad, lo hacen en negro, y sus salarios son, en promedio, la mitad de los que ganan sus similares registrados. Según datos del Indec, 7 de cada 10 trabajos creados desde la pandemia no cumplen con las condiciones legales de formalidad.

                   ¿Cuáles son las causas para que la Argentina sea el paraíso del trabajo en negro? Los especialistas dan varias razones: las altas cargas impositivas, la legislación laboral, la falta de controles, el alto costo laboral y, obviamente, los problemas de la macroeconomía.

                   La incertidumbre que hoy tienen las Pymes para contratar un empleado en blanco, es la gran posibilidad de que ese trabajador se convierta, potencialmente, en un riesgo para la supervivencia de la empresa. Un despido, un juicio, pueden significar la quiebra.

                   La reforma propuesta por el gobierno tiende a morigerar una legislación laboral excesivamente protectora, que incentiva a los pequeños empresarios a contratar en negro a sus trabajadores, sin ningún tipo de cobertura social.

                   De acuerdo al texto de la reforma laboral, no se trata de volver al siglo XIX en cuánto a las condiciones de trabajo, sino de modernizar la legislación para promover la creación de trabajo en blanco que incorpore cada vez a mayor cantidad de trabajadores a los beneficios de un trabajo formal.

                   No sería, entonces, quitar derechos a los que trabajan en blanco sino igualar en derechos a todos. Agravia a un elemental sentido de justicia, que la mitad de la población ocupada esté protegida con un escudo de hierro y la otra mitad sea casi esclava.

                   Y aquí viene el problema de la representatividad gremial. La CGT es el órgano que habla en nombre de los trabajadores formales o registrados, es decir en nombre de la mitad de los trabajadores.

                   La otra mitad, la que percibe salarios de hambre en negro, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, no tiene protección legal contra el despido, esa mitad no tiene voz gremial.

                   Dentro de las normas del DNU que tienden a una mayor flexibilización laboral, se encuentran la ampliación del período de prueba para el inicio de la relación laboral, la disminución del tiempo de licencia por embarazo, la reducción de indemnizaciones por despido, la creación de un fondo de desempleo que reemplace al sistema de indemnización, la calificación de injuria laboral grave a la toma de establecimientos, entre otras.

                   Es cierto, y hay que aclararlo nuevamente. Las reformas son necesarias para contribuir a la creación de empleo formal, son las que van a facilitar que los empleadores registren a sus trabajadores o creen nuevos puestos de trabajo sin temor a la quiebra de su propia empresa.

                   Pero, esas nuevas reglas pueden facilitar pero no solucionar el problema de fondo de la Argentina, el problema grave de su macroeconomía.

                   Con la caída en picada del poder adquisitivo, la inflación galopante y una recesión dramática, el funcionamiento del mercado -sistema religioso del nuevo gobierno- no proveerá automáticamente a una recuperación y crecimiento del empleo.

                   Las modificaciones legales que desalienten la informalidad laboral, deben necesariamente ser acompañadas por el conjunto de la economía, un crecimiento del consumo, un requerimiento de mayor producción de bienes y un pueblo con capacidad para adquirirlos. Y eso no es magia, está por verse.

                   Tal cual lo vengo sosteniendo, no todo es lo mismo. Cada una de las propuestas deben analizarse por separado, muchas de ellas aparecen como necesarias.

                   Insisto en la necesidad de no partidizar el debate. La mayoría de las veces, las mejores soluciones se encuentran en la ancha avenida de las buenas ideas, antes que en los angostos callejones de los ideologismos.

                   Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI

 

Jorge Simonetti

Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.

Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).

https://jorgesimonetti.com

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