DESCONOCER EL FALLO DE LA CORTE
“La fortaleza del Poder Judicial está en su independencia y se traduce en la no negociabilidad de nuestras decisiones”
Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema
*Alberto, con la complicidad de sus compinches gobernadores peronistas, ha decidido terminar con la república y abrogar el poder judicial. No acatará la decisión de la Corte de devolver la coparticipación a Caba. Un patético presidente, que ni siquiera ha servido para ejercer mínimamente sus funciones ejecutivas, quiere ahora ponerse por encima del máximo tribunal judicial. Tarde o temprano, deberá sentarse en el banquillo por ello.
**El presidente de la Corte, en su mensaje de fin de año, abogó por un poder judicial fuerte. Es ahora dónde deben las palabras traducirse en acciones concretas contra el alzamiento.
***Llegará el momento, seguramente, en que los argentinos recuperemos la normalidad de un estado de derecho. Por ahora, sólo los resultados deportivos nos acompañan.
Sobre el fin de un año que será recordado por un logro deportivo que franqueó la sociedad de manera transversal, el gobierno parece estar pasando por sus horas más oscuras, encerrado en el propio laberinto que supo construir.
No pudo subirse al tren de la algarabía por la copa mundial, sus intentos cayeron de a uno, desde la calurosa madrugada en Ezeiza, con el ministro del Interior Wado de Pedro ignorado por los deportistas, hasta la tórrida tarde siguiente, en que la caravana dejó al presidente plantado en Casa Rosada.
Esa soledad gubernamental no es sino la consecuencia de un gobierno cuya gestión parece ser la peor de la historia y que está dando un paso más hacia el precipicio de la disolución republicana. Se apresta Fernández, con la complicidad de los gobernadores peronistas, a desconocer la medida cautelar de la Corte sobre la coparticipación de Caba.
Ese alzamiento, es el abandono de la última estación del respeto al sistema democrático, al estado de derecho y a la ley como mandato civilizado de las sociedades. Tomar el atajo de la prepotencia, parece ser el único camino que conoce el autoritarismo kirchnerista.
Es cierto, un adelantado Papá Noel vino cargado de regalos judiciales de toxicidad manifiesta para el oficialismo, que sumaron contraste tras contraste y lo dejaron sin posibilidades, siquiera, de trascender la fase de grupos, futbolísticamente hablando.
La condena para Cristina en la causa Vialidad parecía cantada por la cantidad de pruebas acumuladas, la confirmación de la sentencia a 13 años de prisión para Milagro Sala en la causa conocida como “Pibes Villeros”, también.
Tras cumplirse un año del fallo de la Corte que hizo caer el viejo Consejo de la Magistratura de 13 miembros, el mismo tribunal neutralizó una y otra vez las maniobras de Cristina y de Cecilia Moreau para birlar la representación de la minoría legislativa en el organismo.
La decisión institucional adoptada por el máximo tribunal, en carácter de medida cautelar, consistente en la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de parte de su porcentaje de coparticipación (2,95%) que Alberto unilateralmente la despojara en 2020 y la transfiriera a Kicillof, fue el detonante.
A pesar de que la nación aceptó oportunamente la competencia de la Corte para decidir, el gobierno se desentiende de su compromiso de mantener la institucionalidad y adopta el caprichoso y peligroso comportamiento de desconocer el fallo. Un alzamiento a la Constitución, una especie de autogolpe autoritario, que quién sabe dónde terminará.
Obviamente que la acumulación de decisiones judiciales adversas al oficialismo es campo orégano para las teorías sesgadas o conspiracionistas. Critican a los jueces que ellos mismos designaron (Néstor, Cristina y Alberto), acusándolos falsamente de utilizar sus fallos como pico y pala para derrumbar al kirchnerismo. Insólito.
Sin embargo, en las causas judiciales que los involucran, tanto penales como institucionales, como consecuencia de delitos contra el erario y de decisiones presidenciales unilaterales tachadas de arbitrarias, es la justicia la que manda, por imperio constitucional, y no una banda conformada nada menos que por el presidente y algunos gobernadores.
Si vamos a aplicar nuestros propios sesgos a la decisión, diremos, desde un lado de la grieta, que lo hizo para castigar al kirchnerismo; si nos colocamos del otro, concluiremos en cambio que tardó demasiado en hacerlo, dos años, haciendo perder así a Rodríguez Larreta ingentes fondos.
Pero el alto tribunal hizo lo que tenía que hacer, aunque no guste su resolución, porque es de su competencia hacerlo. Cuando los problemas políticos institucionales se judicializan, la Justicia debe hacerse presente. Y punto.
Recordar, si se le quiere asignar una intencionalidad política a la decisión, que días antes de asumir Mauricio Macri a la presidencia, en noviembre de 2015 la misma Corte dictó un fallo haciendo lugar a una demanda promovida por la Provincia de San Luis en 2008, obligando a la Nación a devolver fondos millonarios detraídos para el Anses.
¿Estaba la Corte desestabilizando económicamente al futuro gobierno de Cambiemos? No señor, estaba sentenciando una causa sometida a su jurisdicción. Y nuevamente punto.
El eje fundamental de la cuestión es muy claro y no se presta a dobles interpretaciones: el estado nacional no tiene derecho a recortar los ingresos coparticipables de ninguna provincia (incluyendo Caba) sin acordar con el gobierno local, y Fernández lo hizo unilateralmente. Eso, y no la patética postura de prepotencia presidencial envalentonado por mandatarios provinciales cómplices, es el verdadero federalismo.
Es que el Poder Judicial, lo repetimos por enésima vez, tiene una función que cumplir en la república, y lo debe hacer a como dé lugar, con los criterios que marca la ley, ya sea que favorezca a tirios o a troyanos.
Caso contrario, deberíamos suprimir el poder judicial y entregarle la república entera a Alberto y sus compinches. Afortunadamente en la Argentina, con idas y vueltas, con subes y bajas, el Poder Judicial está diciendo presente cuando las cuestiones bordean los límites del autoritarismo, y eso habla bien de nuestros magistrados, aun cuando pueda achacárseles no haber estado a la altura de las circunstancias en algunos momentos.
Hoy, hay que decirlo, tenemos un eficaz poder contramayoritario, que sirve como contrapeso a la acumulación indiscriminada del poder en los ámbitos ejecutivo y legislativo. Ya no da lo mismo, con la Constitución todo, sin ella nada, parecería ser su mensaje de fin de año.
Y que decisiones jurídicas sean las que vayan colocando hitos de institucionalidad en la Argentina de hoy, indica que la república se va recuperando, a pesar de que tengamos que soportar los estertores de un autoritarismo con muerte anunciada.
En su tradicional mensaje de fin de año, en un salón colmado y ante más de 500 jueces, fiscales y secretarios, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, advirtió sobre la necesidad de tener “un Poder Judicial fuerte y una Corte fuerte”, agregando de manera coloquial pero contundente que sus integrantes “no se cuecen al primer hervor” y tampoco “sus fallos están en el comercio, no son negociables”.
¿Qué significa una justicia fuerte? No es la imposición arbitraria de un poder sobre otro, sino el cumplimiento de la indeclinable obligación de impartir justicia sin aceptar presiones de ninguna índole.
La república, entonces, es cada uno en su gatera, el poder ejecutivo administrando, el Congreso legislando y los jueces dictando sentencia. Es la única manera de funcionar en nuestro sistema.
Lamentablemente, nos desacostumbramos a ello en el siglo XXI. El presidente está anunciando hoy un alzamiento contra el poder judicial. Deberá responder, más temprano que tarde, sentándose en el banquillo.
Conclusión: no queremos un gobierno autoritario, tampoco un gobierno de los jueces, pero es inimaginable un gobierno sin los jueces. Punto final.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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