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VINO BARATO Y CHORIPAN

¿QUIÉN PAGA EL AJUSTE POPULISTA?

“Necesitamos tener federalismo, que la Nación respete lo que nosotros generamos y que nos vuelva en obra pública y energía”

Gobernador Valdés, El Litoral 5.8.22

*El ajuste que el gobierno nacional programa para disminuir el déficit fiscal, debe recaer en quienes fueron beneficiados con una luz a precios irrisorios y en las provincias favorecidas con jugosos fondos discrecionales. No es el caso de Corrientes. El que consumió champán y caviar, que pague por ello, no quienes apenas recibimos choripán y vino barato.

**El populismo repartidor hoy está en crisis. No les queda otra que ajustar. Que lo hagan dónde derrocharon.

***Ningún correntino debe pagar en nombre de una supuesta solidaridad.

                               Si en la fiesta, a algunos invitados le sirven caviar y champán y a otros choripán y vino barato, obvio que los precios de las tarjetas para uno y otros deben ser distintos.

                               Durante el festival populista de todos estos años, los regalos en subsidios de luz y gas y la distribución en transferencias no automáticas, se dieron de manera generosa para algunas provincias y escasa para otras. El ajuste que ahora pretenden debe ser pagado por los que recibieron los beneficios mayores, más no por los que obtuvieron migajas y fueron víctimas de esa discriminación, como Corrientes.

                               En suma: los correntinos recibimos del gobierno nacional vino barato y choripán, no pueden imponernos los precios del champán y del caviar. ¿Está claro?

                               El déficit público que viene cargando el pueblo argentino sobre sus espaldas, como consecuencia de la política populista del reparto durante gran parte de lo que transcurre del siglo XXI, nos ha colocado en una situación dramática, cuya conjura se pretende lograr a través de un cocinero de la casa, uno que acostumbra a utilizar en sus recetas “massa” de panqueque.

                   El flamante ministro de Economía deberá recortar fuerte el gasto durante los próximos meses para cumplir su meta de déficit primario del 2,5% anual, pactado con el FMI. Los analistas creen que las medidas anunciadas van en el sentido correcto, pero que falta profundidad y un sentido macroeconómico.

                               En un escenario muy optimista para los ingresos, el recorte del gasto durante los próximos meses debería ser de por lo menos el 10% real. Naturalmente que ello será traumático y traerá quejas de los sectores perjudicados.

                               Sin embargo, el triunvirato gubernamental ha advertido que su margen de maniobra es casi nulo de continuar la inflación tremenda que recorta día a día los bolsillos argentinos y el drenaje de divisas que están en su mínimo.

                               Si la presión impositiva ya es altísima e imposible de incrementarla, salvo con una mejor gestión recaudatoria, el gasto debe ser la variable de ajuste. La pregunta es: ¿dónde ajustar? ¿a qué sectores apuntar? ¿quiénes deben sufrir las consecuencias de largos años de derroche populista?

                               Hay que expresar que el principal componente del gasto originado en una medida demagógica ha sido creado en el gobierno de Cristina, que es la jubilación sin aportes de millones de conciudadanos. Constituye lo que podríamos llamar un “gasto duro”, porque no admite ajuste, salvo el que de hecho se realiza por inflación, que ha llevado los beneficios jubilatorios a montos de hambre. Quitar jubilaciones no se puede, bajarlas aún más es criminal e ilegal.

                               Entonces, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el super funcionario apunta a tres sectores para realizar el ajuste: energía, obra pública y transferencias a las provincias.

                               La “quita” de subsidios a la energía y el gas es el rubro que más coincidencias acarrea como sector a ajustar. Importará una suba de las facturas. ¿Quién deben pagar más cara la luz? Sin dudas que los ciudadanos que viven en Caba y en el cinturón del conurbano bonaerense, porque son los que han venido pagando montos irrisorios hasta el momento, a costa de los sacrificios del resto del país.

                               Teniendo en cuenta que el único subsidio que recibe Corrientes está referido al menor costo en la generación de energía (Camessa) pero no al de distribución (Dpec), si se establecieran incrementos para algún sector de consumidores, para los correntinos deberían ser mínimos. Esperemos transparencia e información por parte de las autoridades provinciales y facturas más explícitas.

                               Los otros rubros susceptibles de ajuste serían el de obras públicas y transferencias no automáticas a las provincias, que podrían agruparse en uno sólo teniendo en cuenta que éstas incluyen a aquéllas.  De vuelta a preguntarnos: ¿a qué provincias se les debe recortar en sus envíos de dinero discrecional?

                               Los recursos que habitualmente la Nación distribuye entre las 23 provincias y Caba, se componen de transferencias automáticas en función de índices establecidos en las normas de coparticipación federal de impuestos y otras, y transferencias no automáticas o discrecionales. Estas últimas están sujetas a la voluntad política del gobierno nacional. Dentro de este gasto están los de obras públicas en las provincias y los ATN (aportes del tesoro no reintegrables).

                               Obviamente, si los recortes se realizan en este rubro, los que deberían sufrir los mismos serían los que reciben la parte del león que la Nación entrega a las administraciones subnacionales amigas. Porque el reparto, hay que decirlo, es absolutamente discrecional, y las cuatro provincias no peronistas han sido absolutamente discriminadas.

                               Las transferencias no automáticas que el estado nacional gira a las provincias, alcanzaron en mayo el nivel más alto en lo que va del año, tanto en valores absolutos como en proporción sobre el total de recursos enviados (datos del Ministerio de Economía). En el bimestre abril-mayo ascendieron a 140 mil millones, tres veces más que en el bimestre enero-febrero.

                               Para dar una idea de la discriminación en la distribución de estos recursos discrecionales, nos remitiremos a un informe difundido por la agencia oficial de noticias Telam sobre lo sucedido en el mes de mayo de 2022. Sólo una comparación, entre dos provincias vecinas, Chaco y Corrientes, una de administración peronista y la otra radical.

                               Pues bien, durante ese período, el kirchnerista Capitanich recibió el 14,52% del total distribuido; el radical Valdés, en cambio, apenas alcanzó a recibir un monto equivalente al 0,63%, el monto más bajo entre todas las jurisdicciones. Si eso no es discriminación, ¿la discriminación dónde está?

                               De allí es que decimos que los que recibieron caviar y champán paguen por ello, y los que apenas obtuvieron vino barato y choripán no terminen pagando por caviar y champán.

                               Si cargar al estado con una política populista fue el condimento esencial de la debacle argentina, el federalismo de amigos, que hace mucho se practica en el país, es el otro.

                               De tal modo, un mínimo sentido de justicia debe primar a la hora de pagar los platos rotos, y ello debe hacerse valer por quienes nos representan en los distintos estamentos institucionales: el gobernador y los legisladores nacionales.

                               La energía cara que pagamos y las transferencias irrisorias que recibimos para obras públicas, son sin duda los parámetros que determinan todo lo que los correntinos contribuimos con nuestro sacrificio para que en otros lugares tengan la luz siete veces más barata y obras públicas de importancia.

                               Que no nos vengan con cuentos de solidaridad ni la mar en coche. Si en los beneficios estuvimos siempre últimos, ahora en sacrificios también debemos ser los últimos.

                               Si hay que pagar para evitar la debacle general, que el precio para los correntinos sea el del vino barato y el choripán y no el del champán y el caviar. Nuestros gobernantes deben custodiar esa premisa.

                               Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI

*Los artículos de esta página son de libre reproducción, a condición de citar su fuente

Jorge Simonetti

Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.

Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).

https://jorgesimonetti.com

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