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LA LICUADORA PERVERSA

INFLACIÓN

“Mediante un proceso continuo de la inflación, el gobierno puede confiscar, en secreto y no observados, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos”

John Maynard Keynes

*El estado paga bonos a los jubilados con una porción mínima de la misma plata que les saca mes a mes con la inflación. La perversa licuadora del gasto estatal es la inflación. Licúa salarios públicos, jubilaciones, subsidios. El gobierno, contento: ajusta sin declararlo.

**La inflación encontró en nuestro país su zona de confort. Con ella en crecimiento, el gobierno no parece estar incómodo en el corto plazo.

***La falta de plan es el plan, no se necesita pagar el costo del ajuste, porque éste lo hace entre las sombras de la inflación.

                               La relación de los gobiernos argentinos con la inflación es de amor-odio. ¿Cómo es eso? se preguntarán muchos, teniendo en cuenta que es negativa desde todo punto de vista. Vamos por parte.

                               Hay que decir que la inflación ha encontrado en la Argentina, definitiva y fatalmente, su lugar de confort, y se ha quedado a vivir. Las personas comunes no la hemos invitado, muy por el contrario, la declaramos persona no grata, porque es la ladrona descuidista de nuestros dineros y de nuestros sueños.

                               Sin embargo, así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece malo es definitivamente malo, todo depende del lugar desde el que se lo mire, y de quién sea el observador.

                               Si el analista es el ciudadano común, que vive de un salario, de una jubilación, de un subsidio social, la inflación le propina una derrota todos los días cuando quiere comprar alimentos o pagar servicios. Lo que llamamos aumento de precios, en términos económicos mejor es decir depreciación del dinero que tenemos en el bolsillo. Es eso lo que logra la inflación.

                               Lo que el relato populista califica como “avidez de lucro empresarial”, en realidad se trata de ajustar el precio nominal para conservar el valor de reposición del producto. Eso es la inflación.

                               Pasa lo mismo con todo lo que se pueda comprar y vender, con los bienes, los servicios, las tarifas públicas. No es que cada vez sean más caras, sino que el dinero en el bolsillo del ciudadano cada vez vale menos.

                               Si en un contexto inflacionario, las fuerzas gobernantes pierden votos por los perjuicios en el bolsillo del votante, la relación debería ser de odio total, y no la agridulce sensación del amor-odio.

                               Ahora, si la continuidad de una economía inflacionaria es perjudicial desde el punto de vista electoral, es altamente beneficiosa para ajustar las cuentas públicas “por las malas”, es decir no por la vía del ordenamiento del gasto del estado sino por la baja de las erogaciones monetarias en salarios públicos, jubilaciones, subsidios, etc.

                               Aquél famoso dicho de que “los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera”, es plenamente aplicable en este escenario. En el caso del estado, podríamos parafrasearlo en “los impuestos van por el ascensor y los salarios y jubilaciones por la escalera”.

                               En un panorama de alta inflación como el nuestro, la recaudación por impuestos se incrementa automáticamente cuando suben los precios. Y allí está el “ajuste por las malas”. Cómo las jubilaciones y salarios se ajustan más tarde y mal, la diferencia de mayor recaudación le queda al gobierno.

                               Es lo que los economistas llaman “licuación del gasto”, algo así como la compra en cuotas fijas de un bien, que la inflación va licuando en su valor a través del tiempo. No es lo mismo una cuota de cinco mil pesos en 2020 que hoy. ¿Se entiende?

                               Entonces, para el estado, la inflación es la gran licuadora nacional, el fisco incrementa sus ingresos tributarios pero por un tiempo sigue pagando la misma cuota (entendida ésta en salarios y jubilaciones). El plan es el “no plan”, o el “plan licuadora”.

                               En términos más simples, la inflación perjudica al jubilado y al asalariado por la depreciación de sus ingresos, pero beneficia al gobierno porque “licúa” el valor de lo que debe pagarles. No es preciso aclarar, entonces, que la inflación es el impuesto a los que menos tienen.

                               ¿Por qué tiene tanta importancia el gasto previsional? Por su incidencia en el monto global. El gasto de la seguridad social en el presupuesto nacional constituye el 51,5% del total. Así que, imagínense lo que el estado se ahorra pagando jubilaciones magras y ajustándolas tarde y mal.

                               De tal modo, el déficit fiscal (la diferencia entre mayores gastos y menor recaudación) no se reduce por un ordenamiento de las cuentas públicas, sino por la inflación, que la pagan los jubilados y los asalariados públicos. Y esto vale para todos los gobiernos, lo hizo Néstor Kirchner, también Cristina y Macri, lo está haciendo Fernández.

                               Entre 2017 y 2019, el gasto fiscal primario se redujo en 4,1% del PIB. Un 47 % de esa reducción se debió a la disminución en el valor real de las jubilaciones y salarios públicos.

                               El gobierno de Alberto Fernández comprometió con el Fondo Monetario Internacional una reducción del déficit fiscal del 3,1% del PIB a 2,5% en 2022, para llegar a cero en 2025. ¿De qué modo hará esas reducciones comprometidas? Pues continuando con el “plan licuadora”, es decir con una inflación alta que castigue salarios y jubilaciones.

                               En concreto, hay que decir que el costo del ajuste de las cuentas del estado la pagan, fundamentalmente, los jubilados y los asalariados. Obviamente, el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción del gasto político, nunca.

                               De allí la aparente tranquilidad de la administración Fernández con el grave problema de la inflación. Ningún plan, nada que indique que vaya a atacarse al principal enemigo de las clases bajas y medias bajas en la Argentina.

                               Dos razones de la abulia gubernamental: la primera, que bajo el telón populista de algunos bonos para jubilados, es un “engañapichanga”, porque se les está pagando con la misma plata que perdieron por inflación y que el estado ya engulló por vía de la suba de la recaudación.

                               La segunda es una cuestión de principios para el populismo y en general para toda la clase política. En materia de gasto público, “ni un peso atrás”, lo que involucra también al gasto político que, aunque podría no significar un gran ahorro, sí constituiría una monumental muestra de solidaridad con jubilados que, como parece, la política no está dispuesta a dar.

                               Mientras tanto, el gobierno nos tiene entretenidos realizando documentales inverosímiles, equiparando los derechos humanos con la deuda pública. La muestra “Neoliberalismo Nunca Más” del Museo de la Memoria, llegó para ensortijar esa lectura al límite del disparate fascista.

                               La deuda con el FMI es una violación de los derechos humanos (también la contrajo Fernández), según el corto documental, no así la deuda contraída por Néstor y Cristina con Venezuela y con China, a tasas altísimas y que pesan particularmente en el recuento global.

                               Todo lo expuesto se inscribe en el marco de un escenario repetido en la Argentina, las altas tasas de inflación que en definitiva terminan volcando todo su peso en los sectores más necesitados.

                               Mientras tanto, el populismo entrega “bonos” para jubilados, sin aclarar que le están pagando una mínima parte con la misma plata que le sacan mes a mes con la inflación.

                               El ajuste del gasto público, en especial del gasto político, la consigna parece ser: “ni un peso atrás”.

                      Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI

*Los artículos de esta página son de libre reproducción, a condición de citar su fuente

                                

                              

                              

 

 

Jorge Simonetti

Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.

Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).

https://jorgesimonetti.com

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