CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
“Las modificaciones que el poder ejecutivo ha querido realizar durante años persiguen intereses mezquinos y no toleran que la justicia falle en contra de los políticos”
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
*Durante sus cuatro mandatos, el kirchnerismo intentó atar a la justicia a su carro político. Hasta el 15 de abril tiene tiempo para desplazar a la Corte de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Si no lo logra, sus estrategias penales pueden caer con un máximo tribunal que ha demostrado independencia. El oficialismo consiguió aparentemente los votos en el Senado. Hay que ver en Diputados.
**Desde la ley Kirchner de 2006 hasta hoy, los proyectos oficialistas siempre estuvieron dirigidos a manejar la justicia.
***En un ámbito, el de la política, dónde no siempre dos más dos es cuatro, el final es incierto.
El 15 de abril es la fecha límite. Durmiendo en los anaqueles legislativos desde diciembre del año pasado, el proyecto de ley de modificación de la integración del Consejo de la Magistratura remitido por el Poder Ejecutivo toma una velocidad supersónica por decisión vicepresidencial.
Es que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que funciona como una “espada de Damócles” para el oficialismo. Les urge sancionar una ley que los ponga a resguardo de eventuales vendavales judiciales en las causas de corrupción. Vamos por parte.
El referido Consejo es un órgano constitucional multisectorial, integrado por representantes de los abogados, jueces, legisladores, académicos y del poder ejecutivo. Tiene funciones muy importantes: confeccionar por concurso ternas vinculantes de candidatos a integrar los tribunales de la nación (excepto Corte), controlar la actividad e imponer sanciones a los jueces, abrir el juicio para la destitución de estos ante el Jurado de Enjuiciamiento y, finalmente, administra financieramente el poder judicial.
La Constitución Nacional encarga al Poder Legislativo decidir acerca de su conformación, con la condición de que haya un equilibrio entre la representación política y la técnica.
La Ley 24.937 de la época menemista estableció su número en 20, distribuyendo la representación de manera equilibrada. Sin embargo, en 2006, el presidente Néstor Kirchner remitió un proyecto que baja el número a 13 integrantes, otorgando una clara preeminencia al sector político. Con Cristina como vocera, el proyecto se convirtió en la Ley 26.080.
Ante distintos planteos, la Corte dicta un fallo en los últimos meses del año pasado, declarando inconstitucional la ley Kirchner, y confiere un plazo de 120 días para que se dicte una nueva ley que respete los equilibrios. Si el 16 de abril dicha norma no es dictada, el Consejo volverá a la integración de 20, teniendo como presidente de éste al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fondo de la cuestión reside, en términos generales, en la avidez política por controlar a la justicia; en lo particular, monitorear políticamente la designación y los fallos de los jueces de Comodoro Py, que se encargan de las causas por corrupción política y narcotráfico.
Las motivaciones no son un secreto. Ningún político, aunque no lo reconozca, carece de la intención de obtener fallos favorables de la justicia, por lo que la designación y remoción de jueces les es altamente sensible.
Esto, para el kirchnerismo, no tiene un interés meramente abstracto sino material y vigente: solucionar las causas de corrupción que los tiene acorralados. Y la mayoría oficialista en el Consejo, para los jueces poco valientes, atemoriza.
Como dato ilustrativo, recordamos otras dos circunstancias que revelan la intención de controlar la justicia por parte del oficialismo actual. La primera, las leyes de “democratización de la justicia” de la época cristinista, que fueron declaradas inconstitucionales. La segunda, el ya famoso “caso Risso”, en el que se declaró inconstitucional la elección de los integrantes del Consejo como parte de la oferta política de los partidos o alianzas en pugna.
Puede advertirse en las distintas propuestas normativas un hilo conductor: la evidente intención de atar a la justicia al carro de la política, lo cual convertiría a la nación en una anti-república, dónde el ganador de las elecciones se llevaría como premio el manejo de los tres poderes.
Desde esta columna reiteradamente hemos expuesto el carácter de poder contrapoder de la justicia. Si la designación de jueces lleva la misma lógica que la elección del presidente y de los legisladores, el combo ganador impondría la administración, la legislación y la justicia a su gusto y paladar. Insostenible.
No está demás aclarar que el oficialismo está en baja, pero que conserva las mayorías relativas en el Congreso. Su único obstáculo fue, y es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que administra justicia sin someterse a la voluntad omnímoda de la poderosa vicepresidenta, cuyos intereses penales necesitan de “jueces amigos”.
De tal modo, hoy el oficialismo busca contra reloj sancionar una ley que impida que el titular de la Corte presida el Consejo de la Magistratura, y de tal modo salieron a la caza de los votos legislativos.
Si días pasados los senadores cercanos a Cristina Kirchner votaron en contra del acuerdo con el FMI, cuya aprobación solicitaba el presidente del frente oficialista, la pregunta es: ¿por qué votarían ahora en conjunto la propuesta del poder ejecutivo respecto al Consejo?
En realidad el interrogante es meramente retórico, porque la explicación está en la razón última por la que Cristina eligió a Alberto Fernández como candidato: despejarle el camino en las causas judiciales que la aquejan juntamente con sus hijos.
Entonces, si el acuerdo con el FMI es para beneficio del poder ejecutivo, o para evitar las consecuencias nefastas del default para el conjunto social (si así quiere verse), tales razones no conmovieron la intransigencia kirchnerista y votaron divididos.
En cambio, como la conformación del Consejo de la Magistratura constituye una cuestión de interés personal y familiar de la vicepresidenta, toma dimensión aquella razón que Jorge Luis Borges expusiera en su amor por Buenos Aires: “no nos une el amor, sino el espanto”.
Y el espanto no es otro que las consecuencias de las causas judiciales de corrupción en trámite. Con un Consejo de la Magistratura de integración adicta, y una Corte recortada en sus funciones, los jueces de Comodoro Py tendrían una mirada más condescendiente con los procesados.
Es el espanto de la cárcel el que consigue los 37 votos necesarios en el Senado, con el “arreglo” realizado con el filo oficialista Alberto Weretilnek y que probablemente sea aprobado en la sesión del día de la fecha.
En Diputados no la tienen tan fácil, pero están a la caza descarnada de los porotos necesarios, que impidan la tan temida presidencia del titular de la Corte en el Consejo.
La diputada de Massa, Cristina Caamaño, propone una alternativa intermedia que en definitiva es hacerle el juego al proyecto del oficialismo. Con ello, trata de incorporar a la nave oficialista a los legisladores del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y a los de Roberto Lavagna, que en ambos casos se pronunciaron en contra del proyecto oficial.
Lavagna escribió en un tuit: “El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Con una clase política en la que no siempre dos más dos es cuatro, los resultados legislativos están por verse. Nada extrañaría que los anunciados votos negativos se convirtieran, por arte de no se qué, en positivos, y se logre sancionar la ley al gusto y paladar de la vicepresidenta.
El amor ya no es un insumo de unidad frentetodista, sí el pavor que genera una Corte independiente, un fuerte adhesivo para unirse en el común objetivo de desplazarla de la presidencia del Consejo. Veremos.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
*Los artículos de esta página son de libre reproducción, a condición de citar su fuente
