#COLUMNASIMONETTI coparticipación federal PROVINCIA DE CORRIENTES

OTRA VEZ SOPA

COPARTICIPACIÓN FEDERAL

“La cuestión del tesoro es, en el fondo, el eje de toda la política argentina desde la emancipación…aclararla es encontrar el hilo de Ariadna, que nos guía en el laberinto de la política argentina”

Ernesto Quesada, 1898

* El sistema automático de coparticipación federal (Ley 23548) nació como provisorio y se hizo definitivo. Corrientes es la provincia más perjudicada por la baja porcentualidad asignada. En 35 años perdimos miles de millones de pesos. Para colmo, es la única que en el último trimestre de 2021 no recibió un solo peso en ATN (aportes del tesoro no reintegrables) y es la última en inversiones nacionales en obra pública. Discriminación absoluta.

** La Nación fue tomando paulatinamente porciones más generosas de la torta de la recaudación bruta, en desmedro de las provincias en su conjunto, para repartirlas discrecionalmente.

*** El “federalismo de amigos” generó que las provincias de la misma identidad política del gobierno nacional recibieran transferencias no automáticas muy generosas, no así las otras como la nuestra.

                               Dos datos fiscales revelados en las páginas de El Litoral días pasados, nos introduce por enésima vez en la cuestión del federalismo, tan declamado en la retórica política y tan menoscabado en los hechos.

                               En el informe del último trimestre de 2021 del Ministerio del Interior, figuramos con un enorme 0 (cero) en el rubro ATN (aportes del tesoro nacional no reintegrables), la única provincia del país que no recibió en el período ni un solo peso, contra 781 millones de Chaco, 1020 millones de Formosa y 490 de Misiones.

                               Cabe señalar que los ATN son recursos manejados por el gobierno nacional, que se les detrae a las provincias, para atender situaciones de emergencia.

                               Una deducción lógica sería que Corrientes no tiene situaciones de emergencia, que es la única provincia que no las tiene, lo cual sería una gran mentira, un desconocimiento total y absoluto de la realidad. Que se paguen los sueldos y servicios en término responde más a una administración racional de los raquíticos recursos antes que a la realidad de las carencias de una provincia que integra el norte pobre.

                               A su vez, durante 2021 nuestra provincia fue la de menor inversión nacional en obra pública del NEA, apenas con el 1,7 del total.

                               Podríamos decir que no existirá federalismo real sin federalismo fiscal y económico. Podrá nuestro ordenamiento jurídico dotar a las provincias de instituciones federalistas, pero en la medida que las mismas carezcan de recursos propios, todo el andamiaje queda reducido a la retórica discursiva.

                               Los desequilibrios socio económicos de nuestra Argentina, la pobreza concentrada en el norte grande que genera la migración de personas para engordar los cinturones de precariedad económica del conurbano bonaerense, no parece tener solución, o por lo menos no integra el núcleo de las denominadas “políticas de estado” (¿tenemos alguna?) que son comunes a todas las ideologías.

                               Pretendo con ello destacar que nuestra dirigencia política es la del discurso descentralizador pero la de la gestión centralizada. La paulatina desaparición o pérdida de peso de los partidos provinciales, una conformación de partidos nacionales con intereses centralistas, como lo son el PJ, la UCR, el PRO, y todas las alianzas que se generan en torno a los mismos, nos muestran un panorama mediante el cual las políticas se instrumentan de arriba hacia abajo y desde el centro hacia la periferia.

                               Cierto es que existen variantes de coloratura en el juego de la dicotomía centralismo-federalismo, los populismos autoritarios son muchísimos más propensos a concentrar el poder, pero en ningún caso hace al fondo de la cuestión.

                               Todos los días observamos la manera en que los gobernadores son convocados al centro político del país, para requerir su apoyo en una u otra cuestión. Pero ello se hace con el sistema del toma y daca: me apoyas y te doy mayores recursos.

                               Es que la dinámica viciosa en que se ha desenvuelto la política argentina de los últimos ochenta años determina que la evolución en la distribución de recursos brutos tienda a beneficiar al poder central en detrimento de las provincias.

                               Inversamente, los servicios estatales (principalmente los educativos y de salud) han sido “adosados” a las jurisdicciones provinciales. Tenemos a nivel nacional un Ministerio de Salud sin hospitales y un Ministerio de Educación sin escuelas.

                               De la recaudación bruta, la Nación ha ido paulatinamente tomando porciones más grandes de la torta en detrimento de los estados subnacionales. Hoy puede decirse que el estado nacional se queda con el 60% de los recursos, contra un 40% para las provincias. Es lo que se denomina la coparticipación primaria.

                               Obviamente, el estado nacional es el gran recaudador (83% contra 17% de las provincias) sobre el que pesa la responsabilidad de la percepción de los tributos principales, pero a la vez lo hace con el criterio de “yo recaudo, después vemos”. Es decir, también es el gran gastador.

                               La coparticipación secundaria es la distribución de los impuestos coparticipables entre las jurisdicciones. Y en esto existe una falla de origen que ha determinado que la Provincia de Corrientes esté perjudicada desde hace más de 35 años.

                               En la mayoría de los estados federales del mundo, la distribución entre las entidades subnacionales se realiza en función de tres criterios: devolutivos, proporcionales y redistributivos, teniendo en cuenta las necesidades fiscales de gasto, la distinta capacidad de recaudación y la justicia distributiva en función de la compensación de desigualdades relativas.

                               No en nuestro país, dónde la Ley 23548, dictada como norma transitoria de coparticipación de impuestos para los años 1988 y 1989 (hoy todavía perdura por sucesivas prórrogas), no se basa en criterios objetivos y ponderados sino solamente en el promedio de los aportes del tesoro nacional en el período 1984/87 (dónde no hubo ley regulatoria). Esto ha generado un estado de ilegalidad y arbitrariedad que todavía perdura.

                               ¿Cuál fue la provincia más perjudicada con una ley “provisoria” de distribución, que todavía hoy rige? No lo digo yo, lo dice el experto Juan José Llach en su obra “Federales y Unitarios en el siglo XXI”: con la ley 23548 “hubo provincias ganadoras y perdedoras…y Corrientes (4,3% a 3,72%) que sí fue la gran perdedora”.

                               La conclusión de este análisis nos lleva a determinar que, independientemente de la mayor o menor capacidad de los gobernantes en la administración de los recursos, la provincia de Corrientes durante 35 años ha perdido miles y miles de millones de pesos en relación a lo que le hubiera correspondido en una justa distribución, lo que fue en detrimento de la salud, de la educación, de la seguridad del propio pueblo correntino.

                               Ello y la circunstancia de ser la provincia que menor ayuda nacional recibe y menor inversión en obra pública, nos lleva a determinar que la injusticia distributiva tiene a Corrientes como la principal víctima, pero que lamentablemente no está como tema principal en la agenda de la política vernácula, sobre todo en la de los legisladores nacionales.

                               Es cierto. No todo el desarrollo de una región se debe exclusivamente a factores exógenos. Resulta clave el factor endógeno o autónomo, que es la apuesta al capital humano, el capital social, la inversión y la innovación desarrollados localmente. ¿Hasta dónde se generan en nuestra provincia políticas destinadas a promover la inversión y el desarrollo endógeno, y cual es en definitiva el grado de influencia de las mismas en el contexto general?

                               La frase “haz lo posible que dios hará lo imposible” (San Agustín), nos debe llevar a concluir que si no nos ayudamos a nosotros mismos, nadie más lo hará. Los políticos de nuestra provincia deben hacer carne de ello. Los legisladores nacionales no deben ir a Buenos Aires sólo para calentar las sillas del centralismo.

                                                  Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI

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Jorge Simonetti

Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.

Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).

https://jorgesimonetti.com

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