JUSTICIA Y PODER EN TIEMPOS DE CÓLERA
“Sin en tiempos normales el Poder Judicial es un actor clave para la vida republicana, hoy más que nunca los magistrados deben ser conscientes del papel que juegan, para que la ambición desmedida de los gobernantes, la apetencia de poder, las ansias de dominio, el deseo de sometimiento, tengan en este bendito país definitivamente su Waterloo, librando con el pueblo argentino la madre de todas las batallas”
Del libro “Justicia y Poder en tiempos de cólera” (2015), de Jorge Eduardo Simonetti
*La decisión de la Corte sobre la autonomía de CABA, antes que posibilitar las clases presenciales, importa porque establece que el estado de derecho está por encima de la voluntad de los titulares del poder. En clave institucional debe leerse: división de poderes horizontal (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y autonomía vertical (Nación, Provincias y Municipios).
**Tenga pollera o pantalón, una característica esencial del poder es que siempre se parece a sí mismo. No existe mandatario que no quiera resoluciones favorables del Poder Judicial, que vayan en consonancia con el desarrollo de sus políticas públicas.
***Sin embargo, mientras los gobernantes normales sujetan sus propios deseos y respetan las instituciones, el autoritarismo de otros no les permite soportar los controles republicanos.
Se dice que hay empleados legislativos que escucharon, tras la pesada puerta de roble del despacho de la presidencia del Senado, vociferar a Cristina: “la culpa de este descalabro judicial la tuvo Néstor”. Se refería a la designación de los nuevos jueces de la Corte en 2003, luego de desarmar la de la mayoría automática de Carlos Menem.
Fue esa composición de la Corte conformada por Néstor, la que decidió la inconstitucionalidad de las leyes de “democratización” de la justicia sancionada en tiempos de Cristina presidenta, que amenazaba con terminar con todo vestigio de independencia y someter a la Justicia al poder político.
Apenas se publicó el fallo que pone límites a la invasión de competencias del gobierno nacional sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconozco que fui a hojear mi libro, “Justicia y Poder en tiempos de cólera”, que publicara en 2015. En él describo toda la historia kirchnerista con la Justicia, desde los tiempos de gobernador de Néstor hasta el último mandato presidencial de Cristina.
El último fallo del más alto tribunal del país, que reconoce la autonomía de CABA en disponer medidas sobre su propio territorio, fue adoptado por cortesanos en su mayoría designados o relacionados con Néstor Kirchner. De los cuatro votos, uno corresponde a un juez de origen peronista (Maqueda, nombrado por Duhalde y ratificado por Néstor), el otro designado por Néstor (Lorenzetti), un tercero fue ministro de justicia de Néstor (Rosatti) y sólo Rosenkratz no responde a su relación con el kirchnerismo, aunque fue apoyado por la mayoría peronista en la nominación formulada por Macri. Se abstuvo Highton de Nolasco, también designada por el presidente Kirchner.
De allí surge la amarga queja de Cristina, cargando sobre las espaldas de Néstor la conformación de una Corte que por segunda vez le negaba la posibilidad de copamiento integral de los poderes del estado.
¿Pero fue Néstor un gobernante de raigambre republicana? Todo lo contrario, tal como lo describo en el libro: “Es éste, entonces, el esquema que Néstor Kirchner dejó en Santa Cruz antes de iniciar su periplo nacional. Un Poder Ejecutivo con reelección indefinida, un Poder Legislativo con mayoría calificada a favor del oficialismo, y un Poder Judicial con una integración absolutamente adicta. Lo que se dice, una “pinturita” antirrepublicana y feudal”.
Fue durante la presidencia de Néstor que, siendo Cristina legisladora, se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, organismo que propone y juzga a los jueces, a partir de la cual lograron conformaciones adictas durante largos períodos.
De manera tal que, si el kirchnerismo se queja de las decisiones judiciales y las atribuye a influencias políticas, está utilizando una argumentación inadmisible en derecho, la alegación de la propia torpeza, porque la gran mayoría de la justicia federal está conformada a propuesta de Néstor y Cristina Kirchner.
Pero, a decir verdad, no son todas pálidas para Cristina y sus amigos. Mientras el ruido de las clases presenciales durante la pandemia ocupa la tapa de los diarios, los micrófonos radiales y las cámaras televisivas, se cuelan silenciosamente algunos movimientos judiciales que dan para pensar.
El levantamiento de la quiebra de Oil Combustibles de Cristóbal López, procesado penalmente por estafa al fisco de millonarias sumas, con la conformidad de la AFIP Marcó del Pont que le otorgó un cómodo plan de pagos de los impuestos omitidos, el trámite de la nulidad de la causa de la Amia contra los que negociaron la impunidad de los responsables de las 85 muertes en el atentado mayor que se viviera en nuestras tierras, son cuestiones que nos deben mantener alertas y no bajar la guardia.
Cuando escuchamos al camaleónico Fernández apenarse por lo que él considera “la decrepitud del derecho convertido en sentencia”, no podemos menos que tener una sonrisa condescendiente con un presidente que se ha afanado en dar vueltas de campana en sus opiniones con un oportunismo repugnante. Apenas ayer tuiteaba contra Cristina y su desconocimiento del derecho constitucional sobre el carácter de “contrapoder” de la Corte.
De igual forma recordamos cuando hace algunos años Cristina, con su dedito de maestra siruela levantado, “enseñaba” a un auditorio adicto y aplaudidor, que los males argentinos se remontaban a la Revolución Francesa de 1789, por sus reminiscencias monárquicas. Sólo lograba demostrar su absoluto desconcepto intelectual e ignorancia histórica y su temperamento antirrepublicano irreductible.
Decía yo en mi libro, que en la historia del mundo los poderes ejecutivos de cualquier nación han tratado de imponer alguno de estos modelos judiciales: el del juez servidor de la patria, el del juez funcionario o el del juez sacerdote. Ninguno de esos modelos es el del juez de la república. Pues bien, este régimen intenta introducir vanamente una cuarta categoría: la del juez obediente todo servicio, aunque sólo lo logró con Zaffaroni y algunos más, hasta ahora.
La importancia del fallo de la Corte no radica principalmente en posibilitar las clases presenciales en CABA en el marco de la pandemia, sino en establecer que en la Argentina existe un sistema constitucional y también un estado de derecho, por encima de la voluntad de gobernantes que insisten en hacer tabla rasa contra todo vestigio de institucionalidad.
Es reconfortante advertir que subsisten en nuestro país reductos de republicanismo que están sirviendo como valladar para que Argentina no se convierta en una Venezuela.
No hay que confundir democracia con república, porque no puede haber república sin democracia, pero sí democracia sin república. Con ello, decimos que los votos mayoritarios no legitiman cualquier acción de los gobiernos, porque existe la ley y existen los controles, aunque algunos no soporten ser controlados ni someterse a la ley.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, con apoyo de la Asamblea Legislativa, destituyó a cinco jueces de la Corte Suprema por decisiones que no le gustaron. Así, copó los tres poderes del estado. ¿A qué distancia estamos de ello en la Argentina?
Afortunadamente, aún con nuestros bajos institucionales, demostramos que en Argentina existe una cultura política superior a la de Venezuela o El Salvador, que todavía impide los despropósitos de gobernantes que, con el pretexto del voto popular y de la pandemia, quieren llevarse por delante todo el sistema constitucional.
Jorge Eduardo Simonetti
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