OLVIDO, MENTIRAS E IMPUNIDAD
*La reforma judicial encarada por el oficialismo, apunta sin ninguna duda a favorecer la impunidad de los hechos de corrupción kirchnerista. Modificando códigos, cambiando las competencias jurisdiccionales, designando jueces amigos, ampliando el número de miembros de la Corte y dividiéndola por salas, se construirá una telaraña para no dejar pasar el derecho de la sociedad a obtener justicia con los que la han saqueado.
**En poco tiempo, los nombres de los jueces y fiscales que investigan, los que deben juzgar oralmente y los que integran los tribunales superiores que dan la palabra final, seguramente irán cambiando para alegría de los acusados.
***Si ello sucede, como está planeado por los actuales ocupantes del poder político, la Argentina habrá ingresado en la última etapa del derrumbe de una ética mínima y del estado de derecho.
“El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe”
Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina
Argentina está muy cerca de perder el último reducto indispensable de la república. Aunque parezca apocalíptico, nos separan pocos pasos del precipicio más profundo, el de la disolución de los lazos morales y jurídicos que determinan nuestra existencia como nación.
Está todo preparado para el golpe, casi final y definitivo, que pondrá en grave riesgo de derrumbe a los pilares de una mínima ética pública, cual es que los mismos acusados de graves delitos hagan su propia legislación a medida.
Porque si lamentable es que se hayan sustraído montañas del dinero público y continúen zafando por el temor y el oportunismo de la justicia, sólo en un país que va en pronunciada pendiente es posible que esos mismos imputados de múltiples delitos, sean los que hagan su propia “reforma judicial”, dicten las normas bajo cuyas condiciones se investigarán sus conductas, establezcan las competencias y elijan a los jueces que los juzgarán. Un claro ejemplo de que siempre se puede caer más bajo.
Alberto Fernández ha capitulado definitivamente ante el kirchnerismo puro y duro. No sólo que se dispone a cumplir con la precondición básica de su designación como candidato, cual es la impunidad de Cristina y sus compañeros, sino que además está dispuesto a tolerar el asedio y el “ninguneo” que la misma le propina a través de sus apóstoles.
Un presidente interpelado por un relator deportivo devenido en “ultra” kirchnerista, acerca de la posición argentina en Venezuela, la carta insultante de la violenta Presidenta de Madres por su reunión con empresarios, ha mostrado a un Fernández resignado a ser un mandatario que acepta su condición subalterna.
Su función se limita, ahora, a cumplir con el papel para el cual fue puesto en el cargo: dar vueltas de campana cuando sea necesario, ser tironeado del saco una y otra vez y oficiar de “hábil declarante” para falsear y esconder los verdaderos objetivos detrás del telón presidencial.
Si una nación, como dijera, no tiene un sentido moral y un estado de derecho, no tiene nada. La ética mínima y el ordenamiento jurídico deben mostrar para todos un trato igualitario. Es parte de principios universalizados, la igualdad ante la ley ante la circunstancia que fuera.
La dictadura militar eludió el camino judicial y adoptó el terrorismo de estado para combatir el terrorismo político, la democracia hizo lo opuesto en un principio, transitar el sendero de la ley, aunque ya en el siglo XXI se internara en los mismos caminos de la marginalidad jurídica para encarar algunos juzgamientos de los hechos del setenta.
Distingo dos etapas en el juzgamiento de los militares, la primera con el juicio del “Nunca Más”, dónde se condenó a cadena perpetua a los principales responsables de los secuestros y asesinatos, luego de juicios públicos de trasparente imparcialidad.
La segunda, en el siglo XXI, ya fue distinta, altamente sospechada de parcialidad. Se intentó construir poder político con el “dejavu” setentista de ejecuciones judiciales más que de juicios, incorporó el doble estándar incompatible con un estado de derecho, que permitió indemnizar a los amigos y salvar a los represores del palo, como César Milani.
Y ahora se inicia la reforma judicial mafiosa, en la que los protagonistas pasan de creadores del “memoria, verdad y justicia” a beneficiarios del “olvido, mentiras e impunidad”. No fue esta semana, se anunció para la próxima.
Fernández es el ejecutor dócil, los verdaderos actores son otros, ésos que cambiaron de disfraz con el transcurso de las circunstancias, que pasaron de abogada ejecutora de deudores hipotecarios en la dictadura a líder oportunista del regreso de los setenta, de juez cómplice del gobierno militar a maquinador jurídico de la impunidad kirchnerista, de madre doliente de pañuelo blanco, a odiadora serial, promotora de la violencia política y estafadora de dineros públicos.
El cursograma de la impunidad está elaborado, con una batería de medidas que serán instrumentadas por ley, por decreto y por el asesoramiento de una “comisión de expertos”, en el que el abogado de Cristina Gregorio Dalbón juega un papel importante tras el telón.
El incremento del número de jueces penales de Comodoro Py, el nombramiento de nuevos jueces, el cubrimiento provisorio de vacantes con traslados y subrogancias de jueces “amigos”, el cambio de competencia y la división de fueros, el aumento de miembros del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia (incluyendo la división por salas en función de la materia), y la sustitución del procurador general de la nación, serían algunos de líneas directrices que convergerían todas en el objetivo de la impunidad.
Esta mafiosa reforma, busca elaborar una doble línea estratégica, ya sea para demorar los juicios o para eliminarlos definitivamente, de la siguiente manera:
- a) Los hechos y pruebas: la primera línea está dada por los tribunales en los que se juzgan los hechos y las pruebas (tribunales penales de Comodoro Py y Tribunales Orales Federales), se intentará cambiar a los jueces naturales por jueces “amigos”. Esta línea defensiva puede ser muy vulnerable, dada la cantidad y contundencia de las pruebas de culpabilidad de corrupción.
- b) El derecho: si pasan la primera línea, hay una segunda en la que no se discuten los hechos sino el derecho, y a través de ella, de un plumazo, pueden llegar a caerse todas las causas por nulidades e inconstitucionalidades (una de ellas pueda ser la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, quitando validez a los testimonios). En esta segunda línea de defensa está el aumento de miembros del Consejo de la Magistratura (cuerpo que designa y remueve a los jueces), del Tribunal de Casación Federal, y el incremento y división por salas de la Suprema Corte, de manera tal que con una integración “amiga”, una sala de tres personas puede llegar a sellar la impunidad sin posibilidad de discusión posterior.
Los abogados sabemos que, cuando las pruebas son abrumadoramente contrarias a nuestro defendido, debemos apuntar a nulidades, inconstitucionalidades y cuestiones de derecho, que se resuelven en las instancias superiores y pueden tirar abajo todo el andamiaje probatorio construido pacientemente por las instancias inferiores.
El presidente está decididamente jugado a cumplir con la promesa, aunque en ello le vaya el escaso prestigio que le queda. Cristina aprovechó muy bien la pandemia, con un perfil bajo y la elaboración de la telaraña reformista que la encamine a la indemnidad.
Probablemente, entonces, pasaremos del estado crítico de la pandemia de corrupción, a velar el cadáver de la república, reforma judicial mafiosa mediante.
Dr. Jorge Eduardo Simonetti
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