CANCELACIÓN DE LA CONFERENCIA DE SERGIO MORO
***La cancelación de la conferencia sobre corrupción que iba a dictar el exjuez brasileño Sergio Moro en la Facultad de Derecho de la UBA, la misma en la que disertó Fidel Castro en 2003, fue a pedido de Eugenio Raúl Zaffaroni y sus adláteres. La pandemia de autoritarismo que comienza a instalarse en la república ha contagiado a la educación superior, lográndose, con métodos “estalinistas”, la virtual abrogación de la libertad de pensamiento y de cátedra.
***El principal teórico de la impunidad con ropaje garantista, continúa demostrando que siempre se puede caer más bajo. Esta vez, a su pedido, la víctima fue el sagrado recinto del aula universitaria, objeto de la más execrable demostración de violación de los principios de la reforma de 1918.
***Aunque estemos atravesando los peligros de una pandemia universal que va dejando muchos muertos en el camino, una verdadera nación nunca debe abandonar los sagrados principios constitucionales que constituyen el basamento de su existencia.
“Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella”
Noam Chomsky, lingüista
Eugenio Raúl Zaffaroni, el otrora prestigioso autor penalista, parece no terminar nunca de derrapar. Está claro que es el prototipo del catedrático que vendió su intelectualidad a una parcialidad política, y en su afán de cumplir con sus mandantes, demuestra, una y otra vez, que siempre se puede caer más bajo.
La pluralidad política, la diversidad de ideas, las libertades púbicas, la división de poderes, son propias de los países verdaderamente democráticos. A esta altura del siglo XXI y de la pandemia, no me atrevo a asegurar que ello suceda en la Argentina.
La virtual desaparición de los contrapesos institucionales, con un poder ejecutivo que concentró todo el poder estatal escudado en una emergencia sanitaria, sólo puede suceder en naciones de débil republicanismo como lo es hoy, acabadamente demostrado, nuestra querida patria.
Con un Congreso que sesiona detrás de una pantalla, vergonzosamente ausente de los temas importantes y que cedió íntegramente al poder ejecutivo la facultad legislativa de fijar y modificar el presupuesto (la ley de leyes), el control político está ausente.
Tanto o más grave es tener una Justicia en estado catatónico, pulverizada en su función reparadora, que intenta liberar presos con condenas graves, que paraliza juicios por corrupción alegando falta de infraestructura, que permite el desistimiento cómplice de las querellas en esas mismas causas, que demuestra una vez más su carácter de poder estratégico inclinado para el lado en el que soplan los vientos políticos.
Y así, mientras nos vamos defendiendo del virus, el poder ejecutivo puso en cuarentena no sólo a la gente, sino a todas las instituciones de la república que deben ejercer el contralor de su gestión, y en especial a aquéllas que pueden avanzar en causas que podrían hacer peligrar la libertad de la femenina encarnación del poder detrás del poder.
El periodismo, casi íntegramente dedicado a comentar hasta el cansancio los detalles y devenires de la catástrofe sanitaria, no parece dispuesto a contradecir el mensaje oficial que baja con fuerte contenido paternalista y no deja espacio para analizar cuestiones tal vez menos urgentes, sí importantes, como la suerte de las instituciones de la república.
Pero si las permanentes tensiones que en ámbito público se suceden entre la libertad y el poder, pueden considerarse hasta casi “normales” en los países de baja institucionalidad, cuando las mismas entran en el terreno del pensamiento, de la intelectualidad, de la educación y del conocimiento, la cuestión se torna de una gravedad inusitada.
Me estoy refiriendo a la universidad, en especial a la pública, que hace gala, en virtud de la reforma de 1918, de su autonomía funcional y su libertad de pensamiento, que no es otra que la libertad de cátedra.
La Facultad de Derecho de la UBA, en la que se supone se enseña la ley y la ética republicana, en total olvido e ignorancia de su carácter de recinto sagrado de los derechos, ha dispuesto cancelar la conferencia que iba a dictar el 10 de junio el exjuez y ex ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, cuyo título era “Combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho”.
Lo realmente grave es que la cancelación se produjo por razones total y absolutamente políticas. Moro fue el juez que intervino en procesos judiciales que quebraron la columna vertebral de la corrupción política en Brasil, como el “Mensalao” y el “Lava Jato”, metiendo el cuchillo a fondo y generando el procesamiento y condena de figuras políticas de todo el arco ideológico, incluyendo al influyente candidato y expresidente Lula Da Silva, por el sistema generalizado de coimas que sostenía la gestión del PT y de todo el sistema político brasileño.
¿Y quién pidió la cancelación?: los “Zaffaroni´boys”, esa pléyade de profesores que responden, tanto en la cátedra como en la justicia dónde ocupan importantes cargos, a las indicaciones del más importante teórico de la impunidad con ropaje de garantismo, Raúl Zaffaroni, quién encabezó la asonada con su firma.
Fue tan grosera la medida cancelatoria, que resultó indisimulable la impronta política de los “académicos” en el pedido, repitiendo las argumentaciones sobre el “lawfare”, que es la teoría de la persecución política creada en nuestro país para traccionar el operativo “impunidad” de quienes ocuparon los sillones del poder hasta 2015.
¿Qué dijeron? Que Moro “representó un modelo de juez incompatible con un estado democrático de derecho, al encarcelar a una persona (Lula) sin sentencia firme…posibilitando el triunfo de Bolsonaro”(sic), agregando que “se utiliza al derecho y a la justicia penal, formulándose falsas denuncias sólo con fines políticos” (sic). Una figura política argentina debería reclamarles el derecho de autor, porque es una copia de su teoría del “lawfare”.
Hasta acá, parecería ser un episodio más en un país sumido en el ejercicio autoritario del poder público. Pero no, esto es más grave, tanto o más que aquella creación cristinista de la “Secretaría del Pensamiento Nacional”, mediante la cual se pretendía establecer el control burocrático sobre el pensamiento.
En éste caso se trata de ingresar al ámbito intocable de un aula universitaria, atropellar no sólo la libertad de expresión sino también la libertad de cátedra, que es un derecho humano internacionalmente reconocido, intervenir en los contenidos de la enseñanza, controlar la direccionalidad política de determinada conferencia, es decir atropellar contra todo las conquistas logradas por la reforma universitaria de 1918, convirtiendo a la Facultad de Derecho y a la Universidad toda, en una oficina más del poder político de turno.
El objetivo fundamental de la reforma fue el de la democratización de la universidad. La cancelación de la conferencia de Moro en la Facultad de Derecho de la UBA, conseguida por Zaffaroni y sus compinches, constituye una verdadera “estalinización” de los sagrados recintos en los que se forman quienes en el futuro serán los encargados de defender la libertad, la democracia, la república.
La libertad de cátedra es consecuencia de la libertad de expresión, y ésta “es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”. Yo lo repito, lo dijo Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010.
Si rápido no se consigue la vacuna contra el Covid-19, el virus autoritario terminará por matar todo atisbo de libertad, de democracia, de república y de educación libre.
Jorge Eduardo Simonetti
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