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MILITANTES DE VERDADES PARCIALES

                                

                               En oportunidad de pronunciar una conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella, sobre las audiencias públicas en la Corte Suprema, el Dr. Ricardo Lorenzetti se refirió a la escasez de espíritu crítico y a la ausencia de diálogo en la sociedad,  dónde cada cual defiende la trinchera de sus propias creencias, sin intercambio con los demás.-  En esta guerra de posiciones, “somos militantes de verdades parciales”, decía.-
                               Si el diálogo es el instrumento más importante de la civilización, y es la marca en el orillo que llevamos los seres humanos sólo por nuestra condición de tal, la falta del mismo nos conduce a un circuito de primitivo relacionamiento, en el que las medidas de acción directa y la violencia prevalecen por sobre el intercambio pacífico de opiniones.-

                               La cuestión es grave cuando la falta de diálogo se produce en los niveles de conducción de la sociedad, especialmente entre quienes ocupan los espacios institucionales del manejo estatal.- Mucho más lo es aún, cuando esa incapacidad de diálogo es inherente a la personalidad de los titulares del poder político.- Y la situación se vuelve terminal si es la propia autoridad estatal la principal usina generadora de la confrontación social.-
                               En estos días, vuelve el gobierno a cargar contra el Poder Judicial, lo cual no parece una novedad en estos tiempos, salvo porque lo hace cuando le faltan poco más de seis meses de gestión.- La propia Presidenta se manifiesta en contra de los poderes que no son elegidos democráticamente (en obvia alusión), el parlanchín Aníbal Fernández cuestiona la reelección de Lorenzetti como Presidente de la Corte, se insiste en la edad de Carlos Fayt y se preparan para un juicio político contra el mismo, colocando a una “camporista” al frente de la Comisión respectiva en el ámbito de la Cámara de Diputados.-
                               Si lo ordinario fue siempre que el gobierno entrante promoviera cambios en la Corte, lo novedoso es que el régimen saliente es el que está en esa tarea.- La explicación es casi redundante: cubrir la propia retirada.-
                               En el estado de cosas presente, cabe indagar el ¿por qué el Poder Judicial ha adquirido tanto protagonismo? La respuesta está por el lado de la virtual fractura social e institucional que padece la Argentina de estos tiempos.-
                               Muchos se preguntan, con fundamento, ¿por qué los jueces, que no son elegidos democráticamente, tienen la última palabra en la decisión de los conflictos o en la validez constitucional de una ley? ¿Por qué la palabra judicial tiene mayor valor que la de los poderes surgidos del voto popular?
                               La realidad es que son interrogantes válidos que merecen tener respuesta, por lo menos desde una visión razonada de nuestro sistema institucional y del sentido común.-
                               El primer fundamento es, llamémosle, legal.- Nuestra Constitución Nacional dice que estamos en una república, en la que hay tres poderes, dos que se eligen por vía del voto ciudadano (el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo), y un tercero (el Poder Judicial) por el sistema indirecto con participación del Consejo de la Magistratura, del Senado y del Poder Ejecutivo.- Así que, la cacareada “democratización” de la Justicia es, además de inconstitucional,  apenas un estertor autoritario ante decisiones contrarias a los propósitos del poder.-
                               De tal manera, así diseñada la república, al Poder Ejecutivo se le dio la competencia de administrar, al Legislativo de dictar la ley, y al Judicial de decidir los conflictos y de controlar la gestión de los otros poderes.- Es lo que los constitucionalistas llaman el sistema de “balances y contrapesos” (checks and balances).-
                               Si, por vía de hipótesis, la Constitución estableciera que los tres poderes debieran ser elegidos por el voto popular, casi seguramente el partido que gane las elecciones tendría el Presidente, la mayor cantidad de legisladores y la mayoría de los jueces.- Todos responderían, entonces, a la lógica mayoritaria y, una decisión del poder, no tendría interlocutores válidos a quiénes reclamarle, porque todos –incluso los jueces- responderían al mandamás de turno.-
                               Imagínese el lector, si la verdad sacrosanta, la única verdad,  sea la que diga el partido gobernante que maneja los tres poderes, ¿a quién se quejaría?
                               Esa es la razón, expuesta de manera básica y sencilla, por la que nuestra Constitución no incluyó la elección popular de los jueces, por lo que el Poder Judicial se constituye en “contramayoritario”, por oposición al carácter “mayoritario” de los otros dos.-
                               La segunda razón, de carácter fáctico,  que amerita que los jueces tengan la última palabra en el control de constitucionalidad, es la ausencia de diálogo institucional.- Esto es lo que sucede hoy en nuestro país.-
                               Existe  en el ámbito del derecho, la corriente doctrinaria del “constitucionalismo dialógico”, que consiste básicamente en promover una solución dialogada de los conflictos institucionales y no institucionales.- De ello se deduce la existencia de una “justicia dialógica”, que antes de dar “la última palabra” en un caso, promueve el diálogo entre los poderes del estado y los ciudadanos e intenta llegar a soluciones consensuadas.-
                               En la Corte Suprema, muchos casos de trascendencia institucional (como la ley de Medios) y social (medioambiente, pueblos originarios, vivienda), pudieron tener mejores posibilidades de solución a través de las audiencias públicas, de creación netamente jurisprudencial.-
                               Pero, sin dudas, el diálogo es un asunto plural.- Si uno no quiere, dos no dialogan.- Hoy, en la Argentina, no hay diálogo porque el poder actual es refractario al consenso.-  La Presidente no quiere dialogar, sino imponer.- Entonces, el final es previsible: la confrontación y la fractura.-
                               Con un Congreso dependiente del Poder Ejecutivo, le queda al Poder Judicial cumplir la función compensadora que le es propia, poner los límites a los abusos y a las pretensiones autoritarias.-
                               Con una cultura política diferente, con políticos menos egocéntricos, con gobernantes más razonables, es probable que puede llevarse adelante un sistema que funciona en otras partes del mundo (como Canadá, Australia, Sudáfrica), el de la justicia dialógica, en el que los conflictos sean canalizados en el ámbito del diálogo.-
                               Sin embargo, hoy por hoy, a la Justicia no le queda otra salida que cumplir con su tradicional función de “contrapeso” del poder, poniéndole límites a través de decisiones que naturalmente generan tensión en el ámbito institucional.-
                               En tal sentido, aunque parezca contradictorio, es mérito del kirchnerismo la designación de una Corte que se maneja con independencia de criterio, aunque hoy se den de cabeza contra la pared y quieran cambiarla.-

 

 
Jorge Simonetti
<p>Jorge Simonetti es abogado y escritor correntino. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Participó durante muchos años en la actividad política provincial como diputado en 1997 hasta 1999 y senador desde 2005 al 2011.</p> <p>Se desempeñó como convencional constituyente y en el 2007 fue mpresidente de la Comisión de Redacción de la carta magna. Actualmente es columnista en el diario El Litoral de Corrientes y autor de los libros: Crónicas de la Argentina Confrontativa (2014) ; Justicia y poder en tiempos de cólera (2015); Crítica de la razón idiota (2018).</p>
https://jorgesimonetti.com

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