YPF
“Cuando uno mira el sistema judicial americano, daría la impresión de que a medida de que se asciende en la jerarquía de los tribunales los jueces son cada vez más permeables a la política”
Carlos Pagni, La Nación
En la Argentina, la realidad suele ser un péndulo salvaje que oscila entre el abismo y el alivio. El reciente veredicto de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revoca la sentencia de primera instancia en el caso YPF, no es solo un éxito judicial de proporciones inéditas; es, sobre todo, un respirador artificial para una economía exhausta y un nuevo campo de batalla para nuestra eterna e incombustible confrontación política.
La decisión de la justicia estadounidense de anular la condena que obligaba al Estado argentino a pagar la friolera de US$ 16.100 millones (que con intereses trepaba a los US$ 18.000 millones) marca un hito. No solo por la magnitud del ahorro -equivalente a casi un préstamo completo del FMI- sino porque desarma, al menos temporalmente, la guillotina financiera que pendía sobre el futuro de varias generaciones.
Los alcances de una carambola jurídica
Desde lo estrictamente jurídico, el tribunal de alzada neoyorquino ha corregido la interpretación de la jueza Loretta Preska. El eje de la discusión se centraba en si el Estado argentino, al expropiar el 51% de las acciones en 2012, debía haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de los papeles, tal como rezaba el estatuto de la empresa de 1993.
La Cámara ha dado la razón a la defensa argentina en un punto sustancial: el incumplimiento de un estatuto societario no se traduce automáticamente en una responsabilidad contractual directa del Estado frente a terceros en los términos planteados por los demandantes (Burford Capital y Eton Park).
Sin embargo, el triunfo no es absoluto ni definitivo. Si bien la condena de pago fue revocada, el caso retorna al juzgado de Preska para que revise su decisión bajo los nuevos parámetros. Además, subsiste la posibilidad de que el fondo Burford intente el último recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La seguridad jurídica de la Argentina ha ganado un round clave, pero el pleito, que ya lleva más de una década, aún no ha firmado su acta de defunción.
El botín de la narrativa: de Milei a Cristina
Como era de esperar en nuestra “Argentina confrontativa”, el fallo no fue recibido con la sobriedad republicana que la ocasión merecía, sino como un botín de guerra discursivo.
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei no tardó en calificar el hecho como el “mayor logro jurídico de la historia nacional”. En su cloacal estilo habitual, capitalizó el éxito como una validación de su gestión, a pesar de que la estrategia de defensa fue una posta que atravesó cuatro gobiernos de distintos signos.
Para Milei, el fallo es la prueba del error garrafal del kirchnerismo -al que llama el “impuesto Kicillof”-, pero irónicamente es su administración la que recoge los frutos de una resistencia judicial que otros iniciaron.
En la otra vereda, el kirchnerismo también canta victoria. Para Cristina Kirchner y Axel Kicillof, la sentencia de Nueva York confirma que la expropiación se hizo “conforme a derecho” y que la soberanía energética no tiene precio. Para ellos, el fallo deja en evidencia que el relato de los “fondos buitre” era una construcción para saquear al país.
Asistimos, una vez más, a la paradoja argentina: el oficialismo celebra un fallo que beneficia a una empresa que, en el fondo, preferiría ver privatizada, mientras la oposición reivindica un proceso que, de no haber mediado este giro judicial, nos habría dejado al borde del default técnico.
Escenarios: ¿Alivio real o tregua pasajera?
¿Qué sigue ahora? En el corto plazo, el impacto en los mercados ha sido inmediato. Las acciones de YPF han volado en Wall Street, mientras que los papeles de Burford Capital sufrieron un desplome histórico. Para el Gobierno, esto despeja el horizonte de embargos y mejora el perfil de riesgo país, facilitando una eventual vuelta a los mercados voluntarios de deuda.
No obstante, el escenario futuro presenta aristas que requieren prudencia:
- Revisión en Primera Instancia: La jueza Preska debe dictar un nuevo fallo. Aunque el margen para una condena de similar magnitud se ha reducido drásticamente, el litigio no está cerrado.
- La Corte Suprema de EE. UU.: Es la última instancia. Aunque la Corte estadounidense toma muy pocos casos de este tipo (el “certiorari”), Burford jugará su última carta allí.
- Uso de los fondos: El “ahorro” de US$ 18.000 millones no es dinero que el Tesoro tenga en la caja, sino una deuda que deja de computarse. El alivio es financiero y de expectativas, más que de flujo de caja inmediato.
Conclusión: La ética de la independencia
Como he sostenido en otras columnas, el periodismo no debe ser el “aplaudidor oficial” de los éxitos gubernamentales ni el “fiscal militante” de los errores ajenos. Este fallo es una excelente noticia para el país, independientemente de quién ocupe el sillón de Rivadavia.
El riesgo latente es que la política, en su afán de transformar cada acto administrativo o judicial en una épica fundacional, termine por oscurecer la verdad. La recuperación de YPF fue un acto político cargado de desprolijidades técnicas que nos expusieron a este juicio; su salvación judicial es un triunfo técnico que nos devuelve la respiración.
Un dato para tener en cuenta: nuestro país se destaca por ser uno de los países con más demandas corporativas/inversores en el CIADI (Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones), un tribunal vinculado al Banco Mundial y al sistema de la ONU.
Ojalá que esta vez el alivio no nos sirva para profundizar la ceguera selectiva, sino para entender que la seguridad jurídica y el respeto a las normas no son banderas ideológicas, sino las únicas herramientas capaces de evitar que el futuro de los argentinos se siga dirimiendo en tribunales extranjeros.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
