ENDEMIA
“A mí ya me absolvió la historia”
Cristina Kirchner, causa Vialidad Nacional
***La corrupción pública se ha convertido en una enfermedad endémica en nuestro país, especialmente en el siglo XXI. La sociedad ha caído en el juego de la política. Apunta con el dedo acusador al líder de la insignia política contraria. De tal modo, es un arma arrojadiza contra la humanidad del enemigo político. Cambian los modos y las técnicas, persiste la inmoralidad cuando se ejerce el poder. La marcha judicial tiene dos tiempos: lenta con los que están en el poder, rápida con los que han traspuesto las escalinatas de los edificios públicos.
En diciembre de 2019, en el comienzo de la causa conocida como “Vialidad”, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, parafraseó a otros tantos conocidos políticos que pretendieron sustraerse al sistema institucional de su país, para ubicarse en el olimpo, apenas un escalón por debajo de los dioses.
“Aunque nos declaréis mil veces, la diosa eterna del juicio final destruirá la acusación y se sonreirá ante el veredicto del tribunal, porque ella nos absolverá”, fueron las palabras del futuro Führer en 1924.
La expresión de Cristina es casi calcada, aunque más corta y contundente. Fue Fidel Castro en 1954, Hugo Chávez Frías en 1992 y AMLO tiempo después.
Lo propio sucedió días pasados, en el inicio de la causa “Cuadernos”, en la que se juzga a la expresidenta y a más de ochenta imputados, entre exfuncionarios y empresarios. Cohecho sistematizado y asociación ilícita, a través de la obra pública.
Valijas y bolsones de dinero que se entregaban en el departamento de calle Juncal, en la Casa Rosada, y en Olivos, como el producto de los delitos imputados, a través de viajes registrados con exactitud suiza por el chofer del funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Cristina volvió a desconocer la actividad del tribunal juzgador, colocándose, nuevamente, por encima de la estructura republicana. Su defensa, seguramente, será cómo lo fue la de Vialidad: política, más no técnica.
“Quién piense que la corrupción pública es cosa del pasado, es que está muy desinformado o tiene un sesgo partidario que resiste evidencias. Lamentablemente es la endemia nacional a fuerza de vacunas”
No negará hecho por hecho las acusaciones, no contrastará pruebas ni declaraciones. En su declaración inicial adelantó su estrategia: el juicio forma parte de una gran persecución judicial y política, de la que el tribunal juzgador es parte. La teoría del “lawfare” en toda su dimensión
De tal modo, el basamento de su defensa es desconocer todo el andamiaje institucional de la república, que en el caso de la justicia corresponde a magistrados designados en tiempos de gobierno kirchneristas.
Ella misma en su carácter de presidenta, formando parte del sistema constitucional, propuso al 60% los jueces actuales, pidió la conformidad al Senado y luego los designó por decreto.
Paradójicamente, la misma estructura normativa e institucional que integró como pieza fundamental, es la que hoy la juzga y la que decidirá su futuro. Desconocerla es desconocer su propia historia.
Resulta que la corrupción pública en la Argentina, ha dejado de ser un delito en el pensamiento público, para convertirse en un arma arrojadiza a gusto del sector interesado. En tal sentido, no podemos olvidar los sucesos actuales de la administración Milei, dónde las balas pican cada vez más cerca del presidente, con pruebas que parecerían casi contundentes.
Hay una escena que se repite con una regularidad casi mecánica en el imaginario social: la corrupción no se juzga, se milita. Se aplaude o se condena según la camiseta. No importa el expediente, importa el bando.
Y en ese juego, la ética queda reducida a un accesorio descartable. La doble vara ya no escandaliza: se ha naturalizado. Lo que en el adversario es prueba irrefutable, en el propio es una operación. Lo que ayer era delito grave, hoy es persecución judicial. Y así, la corrupción muta de problema estructural a herramienta discursiva. No se combate: se administra.
“Cambian las formas, las cajas y los protagonistas. No cambia la pretensiones del poder de aprovechar el cargo para engrosar sus bolsillos. Antes fue la obra pública. Hoy son otras cajas, como la de los discapacitados o las estafas tecnológicas”
El problema no es solo jurídico. Es ético. Si las reglas son válidas mientras benefician, pero ilegítimas cuando incomodan, entonces no hay reglas: hay conveniencias. Y sin reglas comunes, no hay república posible.
A esto se suma otra escena conocida: el político acusado que abandona el terreno técnico para refugiarse en el político. No responde pruebas, responde relatos. No discute tipificaciones, denuncia persecuciones. No se defiende ante un juez: se victimiza ante su electorado.
Es una estrategia eficaz en términos de supervivencia, pero devastadora en términos institucionales. Porque transforma un proceso judicial en un acto de campaña.
Y mientras tanto, la sociedad observa… y aprende. Aprende que la corrupción es relativa. Que depende de quién la comete. Que la ley no siempre es pareja. Que el poder puede ser, al menos temporalmente, un escudo. Teléfono Milei.
El dato no menor -y que muchas veces se omite en el debate- es la incidencia concreta en la conformación del propio Poder Judicial. Durante años, distintos gobiernos, y en particular el kirchnerismo, avanzaron en la designación de una cantidad significativa de jueces.
“Cristina es el prototipo de la corrupción. No se hace cargo de sus responsabilidades, pretende ejercitar una defensa política antes que técnica. Cuestiona el sistema judicial que ella misma se ocupó de conformar, con la designación de más del 60% de los jueces”
Es una facultad constitucional, sí. Pero también es un dato político. Porque luego, cuando esos mismos jueces intervienen en causas sensibles, la sospecha -justa o no- ya está sembrada. Y en ese terreno, la confianza pública se vuelve frágil.
Entonces, el círculo se cierra: la política influye en la justicia, la justicia pierde credibilidad, los acusados se refugian en la política, y la sociedad divide su juicio según pertenencia. Un sistema perfecto… para que nada cambie.
Romper esta lógica exige algo incómodo: coherencia. Condenar la corrupción propia con la misma firmeza que la ajena. Exigir justicia rápida para todos, no solo para los que ya cayeron en desgracia.
Defender las instituciones incluso cuando fallan en contra. Porque si no, seguiremos en este teatro conocido: políticos que se dicen perseguidos, jueces que llegan tarde, ciudadanos que eligen creer, y una verdad que siempre queda en disputa.
Y así, entre relatos cruzados y moral selectiva, la corrupción deja de ser un escándalo para convertirse en paisaje. Un paisaje cada vez más difícil de remover.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
