LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA
“Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”
Foro de Periodismo Argentino (Fopea)
*El decreto 780/2024, dado a conocer el lunes pasado, pretende reglamentar el derecho al acceso a la información pública, dejando en mano de la burocracia estatal la decisión de hacerlo o no. Además de su evidente inconstitucionalidad, es una muestra más de que la libertad prometida se convierte en oscuridad e intolerancia cuando se restringe el conocimiento de lo público. Ni el kirchnerismo se animó a tanto.
Si los liberales convencidos pensaron que el mejor continente de sus ideas era Javier Milei, se equivocaron de cabo a rabo. Con los continuos derrapes presidenciales, muchos de ellos convertidos en normas legales (decretos), va quedando claro que la república se vuelve cada vez más oscura, menos liberal, más autoritaria.
Tal vez muchos no lo reconozcan, es que la libertad para pensar y decir necesita de personas valientes, que digan lo que piensan. Pero, sabemos, el poder disciplina, ya sea por temor o por interés. Entonces, “silenzio stampa”.
Hoy por hoy estamos entendiendo el concepto de “casta” de Javier Milei. La integran todos aquéllos que conforman sectores que tengan la posibilidad de investigar, pensar, decir, y no estén a tiro de decreto.
Son “casta” la tan vilipendiada actividad política (las “ratas”) esencial en una democracia, pero también lo son los profesionales de los medios, los periodistas (“esbirros”, “ensobrados”). En ambos casos, son espacios que están fuera del látigo presidencial, o por lo menos se supone.
Hoy nos ocupa la libertad de expresión como instrumento esencial en una democracia, y el derecho de acceso a la información pública.
Como dijera Fopea en su comunicado, son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el estado. En la teoría es correcto, en la práctica no, por lo menos en la administración Milei, que el dueño es el gobierno.
Días pasados, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó que “vamos a hacer una sala de prensa de élite, con periodistas que demuestren que merecen estar cerca del presidente de la Nación”, de modo tal que participar en las conferencias de prensa del gobierno “sea un privilegio”.
El primer mandatario, en una entrevista con Majul, se expresó en el mismo sentido: “sólo daría una conferencia de prensa si a quienes preguntan se los obligara a publicar una declaración jurada de bienes” (¿?).
Cómo si ello no fuera poco, el lunes pasado se supo del Decreto 780/2024, dónde pretende reglamentar el constitucional derecho al acceso a la información pública, regulado por ley. En el mismo se establecen un conjunto de restricciones que hacen virtualmente imposible acceder al conocimiento de tales cuestiones si no se cuenta con la venia gubernamental.
Es decir, los libertarios restringiendo la libertad, un verdadero oxímoron, o no tanto.
Aparte de las cuestiones estrictamente jurídicas (la evidente inconstitucionalidad del referido decreto), se evidencia hacia dónde está dirigida la proa del gobierno, cada vez menos liberal y más autoritario.
El presidente no da conferencias de prensa, las que eventualmente se realizaran (hasta ahora ninguna), serán un “privilegio” para los que periodistas que “merezcan” ingresar. Tampoco se dará información pública, salvo venia burocrática. El periodismo es, según el poder actual, “una profesión corrupta que hay que combatir”. El combo completo del absolutismo.
Tal vez se olvide que en estos cuarenta años de democracia, el periodismo hizo punta en la investigación de casos de corrupción. Tales los de, por dar algunos ejemplos, el Yomagate, las fiestas de Olivos, Skanska, los cuadernos de las coimas, el caso Carrasco, Sueños Compartidos, la valija de Antonini y los bolsos de López, la obra pública en Santa Cruz, Ciccone, el tráfico ilegal de armas de Menem, las coimas en el Senado, los seguros de Alberto Fernández, y sigue la lista.
El decreto del “prohibido preguntar”, se une a la actitud autoritaria del presidente contra la profesión periodística. No parecería, ésta, la isla paradisíaca que nos prometiera, dónde la libertad se enseñoraría en toda su extensión. Más vale, una libertad empresarial, que en definitiva es la única que le preocupa al gobierno.
“Seamos libres, lo demás no importa nada”, dijo el padre de la patria. No creo que su concepto de libertad estuviera limitado a la libertad para hacer negocios.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
