CASO LOAN
“Nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza; nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común”
Marco Aurelio
*Cuando se defina la situación procesal de los detenidos y la jueza libere a unos cuantos, tememos que la reacción popular salga de sus carriles y la situación se torne inmanejable. Allí está el peligro de una intervención federal. Hay una inmensa cuenta pendiente de los tres poderes provinciales que, para la salud de la democracia provincial, debería saldarse. El gobernador salir de su caparazón, el senado despojar de sus fueros a Pellegrini, y el Superior Tribunal investigar al fiscal Robineau.
**Mientras ello no se aclare, los cuervos seguirán rondando y la algunos políticos prohijando una eventual intervención, para hacer con ella lo que no pueden con los votos.
***La Constitución Provincial de 2007 ha configurado los mecanismos necesarios para la constitución transparente de los poderes. Allí debe encontrarse la solución.
Desde ya dejo establecido mi criterio, con carácter jurídico y político. La intervención federal a una provincia es una rémora autoritaria de nuestra constitución, que no tiene reglamentación alguna, permitiendo al interventor hacer y deshacer, cual monarca absolutista.
Dice Marcelo Borka (SAIJ 2016): “Si se interviene el Poder Ejecutivo provincial, el interventor hace las veces de Gobernador; si se interviene el poder legislativo provincial, el interventor reemplaza a la legislatura, pudiendo dictar decretos-leyes. Si se intervienen el poder judicial, el interventor puede remover los jueces actuales (pierden su inamovilidad) y designar otros”.
La intervención federal, tal cual está regulada por la Constitución Nacional, es inconstitucional, aunque parezca contradictorio. Desparece la división de poderes, elemento fundamental del sistema republicano, el interventor reúne “la suma del poder público”, especialmente en la designación de “sus” jueces, que están a tiro de decreto del interventor.
Corrientes es la provincia con más intervenciones federales, siempre enancada en intereses políticos nacionales para disciplinar a una provincia díscola. Tuvimos, en nuestra historia, 17 intervenciones federales (récord Guiness).
La última, dispuesta por el presidente De la Rúa, depuso al gobierno del Partido Nuevo, votado por una gran mayoría, para entregar todo el poder al radicalismo, encabezado por Ramón Mestre, que desembarcó en la provincia con sus amigos cordobeses, que ocuparon todos los cargos, incluyendo los del Poder Judicial. Los colaboracionistas locales hicieron el resto.
Fue común, en ese entonces, la persecución política a través de jueces “designados al efecto” por el interventor. Además, dejaron una provincia muy endeudada a través de grandes empréstitos tomados sin ningún control de la legislatura.
El interventor del Municipio de la capital, Oscar Aguad, tomó un empréstito desproporcionado para la envergadura de la comuna (40 millones de dólares), e hizo un pasamanos con el interventor provincial por “presuntas deudas”, recibiendo a cambio papeles Cecacor. ¿Quién quedó con la diferencia de cotización? Un latrocinio que luego fue investigado por la justicia federal.
La creación del famoso Cecacor, terminó por fundir al erario público y a los correntinos. Luego, los cordobeses volvieron a su tierra más ricos, dejándonos a los correntinos más pobres.
En suma, la intervención federal es un veneno, para instalar en una provincia a los políticos que no pueden acceder al sillón de gobernador por la vía electoral.
Todo ello llevó a introducir en la Constitución Provincial sancionada en 2007, el artículo 36, que limita las facultades de la intervención a los aspectos administrativos y la prohibición de contraer empréstitos.
La última intervención terminó con la vigencia de los partidos provinciales, e instauró la era radical, aliada en sus inicios al peronismo, que ya lleva casi un cuarto de siglo en el poder y que hoy están en la cuerda floja por el caso Loan.
Cualquier problema provincial debe definirse por los carriles institucionales de la propia provincia, que los tiene. Los interventores sólo llegan para favorecer a determinadas facciones políticas y dejan tierra arrasada.
Viniendo a 2024, en varios medios y en otros recintos institucionales, se habla de la posibilidad de una intervención federal a Corrientes por el caso Loan, circunstancia que desde ya rechazo vehementemente.
Si se estima algo de gravedad institucional, son los poderes provinciales los que deben actuar, y, además, el pueblo decidir en las elecciones del año próximo.
Es cierto que los juegos políticos se dan a todo nivel, y prevalecen sobre los intereses institucionales. Por lo que sería ilusorio pensar que una eventual intervención tenga por objeto mejorar las instituciones o solucionar el tema Loan, cuya causa está ya hace casi dos meses en manos de la justicia federal, más empantanada que nunca.
Pero, así como digo una cosa, digo la otra. Con el caso Loan se vieron muchas inconsistencias en algunos funcionarios puntuales de los tres poderes de la provincia, que deberán tener sus consecuencias, para credibilidad del sistema democrático correntino.
La implantación de la teoría del accidente, ha dejado muchas dudas y cabos sueltos que no se terminan de investigar ni atar. Todo el periplo y las distintas versiones que circulan de manera pública, involucran a autoridades provinciales, incluyendo al primer mandatario, que ha tomado la decisión de obviarlas y encerrarse en su caparazón. Pero le ha hecho daño.
Desde aquí hemos insistido que los funcionarios públicos deben ser, parecer y aparecer, yendo voluntariamente a la justicia y brindando su declaración. Esto incluye al Poder Ejecutivo, no es suficiente quedarse sentado en el sillón y esperar a que venga la familia Peña.
El Poder Legislativo, en especial el Senado, ha actuado en forma corporativa, brindando declaraciones de apoyo a Valdés, que sólo sirven para hacer realidad ese dicho que “entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera”. ¿No hubiera sido mejor callarse, apoyar la investigación judicial y quitar los fueros a Pellegrini, para que se siente ante el Juez y preste su testimonio? “Con la verdad, no temo ni ofendo”, dijo Artigas.
Por último, un Poder Judicial criticado con generalizaciones injustas, presenta un flanco que debe cerrarse. El Superior Tribunal de Justicia, a través de sus facultades de superintendencia, debió abrir una investigación sumarial para determinar la conducta del fiscal Robineau ante su intervención incompetente, fuera de hora y que aparentemente enteró a autoridades de otro poder antes del conocimiento general.
En el perverso juego de la política rastrera, seguramente hay sectores políticos que, a falta de votos, desean hacer calzar su sota con un eventual interventor. El lobby, no las elecciones, es para ellos la manera de posicionarse en el poder.
Se atribuyó impericia a la justicia correntina en los inicios de la investigación del caso Loan. Se logró llevar la competencia al ámbito federal, que bajó con toda la artillería de tecnología, expertos, y una parafernalia nunca antes vista en estos pagos olvidados por el centrismo. Resultado: nada. Más confusión.
Salvo el Superior Tribunal que es designado directamente por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, el resto de los magistrados y funcionarios son el producto de concienzudos procesos de selección regulados por la Constitución, dónde intervienen los exámenes de competencia, los antecedentes, los estudios y la experiencia.
En Corrientes, señoras y señores, el Poder Judicial funciona. Es cierto, puede tener errores o personas no honestas, como toda actividad humana, para lo cual está el Jury de Enjuiciamiento que ya ha removido a algunos en los procesos debidos. Pero, en lo global, tenemos una Justicia no corrupta, que no muchos pueden decir, especialmente en el ámbito nacional.
Entonces, el que quiera gobernar Corrientes, que se presente a las elecciones del año entrante, y el que quiera ser juez, que presente antecedentes y rinda en los concursos pertinentes.
No confiamos en el dedo de nadie, menos de un interventor foráneo. El sistema constitucional provincial es el único que objetiviza los procesos.
Pero, cuando el río suena, conviene poner las barbas en remojo.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
