CAUSA CUADERNOS
“Mientras el Estado es desguazado en nombre de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción parece beneficiarse, una vez más, de la impunidad estructural que nuestra democracia sigue sin poder transformar”
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)
Todos conocen la causa “Cuadernos”, un expediente penal que tiene más de seis años, que hace tiempo está dormido aunque en condiciones de ser realizado el juicio oral ante el TOF 7, que involucra a muchos empresarios y funcionarios, encabezados por Cristina Kirchner.
Dicha causa es paradigmática. En ella se condensa todo el entramado de corrupción en la obra pública, en dónde las principales empresas se reparten las licitaciones estatales, obviamente pagando el “peaje”, “coima” o “soborno”, como quieran llamarlo, al funcionario público.
Nació de la denuncia del periodista de la Nación, Mariano Cabot, que presentó los cuaderno que el chofer Oscar Centeno escribió puntillosamente sobre los traslados de dinero en efectivo proveniente del bolsillo de los empresarios al de los funcionarios. La mayoría fueron entregados en bolsos en el departamento de los Kirchner de la calle Juncal.
Hay 45 personas acusadas por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, administración de dádivas y encubrimiento.
Muchos de los empresarios están presentados como “arrepentidos”, con la esperanza de una condena menor La causa está en condiciones de tramitarse. Además de las pruebas documentales, la fiscalía presentó 299 testigos. La defensa, ninguno.
Se trata de dinero en efectivo, sin registro alguno, que pasó clandestinamente, de la mano de empresarios a funcionarios. Ello fue reconocido, bajo distintas excusas, por los empresarios arrepentidos.
Un caso criminal de libro, que seguramente culminaría con severas condenas, no sólo por la gravedad de los delitos imputados sino por su reiteración. Es por ello que, con complicidad judicial, el expediente estuvo parado durante todo el mandato de Alberto Fernández.
Días pasados, la Sala de Casación Penal Federal, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, apuró al Tribunal Oral Federal 8 para que realice el juicio.
Esta decisión fue festejada en ámbitos tribunalicios, especialmente por la ejemplar fiscal Fabiana León, a cargo del caso. Por fin se realizaría el juicio.
Pero, nadie podía prever que en realidad, el urgimiento de la Cámara de Casación era una “engaña pichanga” al estilo de Maquiavelo.
Un par de días después, ese mismo tribunal dicta una sentencia que favorece al empresario Angelo Calcaterra, convirtiendo lo que, en términos comunes, eran coimas para el poder político, en simples aportes de campaña electoral no registrados, que son meras infracciones que se castigan con multa, y encima están prescriptas.
Unos genios los jueces. En un pase de magia, convirtieron graves delitos reiterados, en simples infracciones electorales ya prescriptas.
Vale decir que el empresario favorecido, Angelo Calcaterra, es el primo de Mauricio Macri. Punto.
Pero hay algo más grave aún. El juicio de Cuadernos se realizará, pero la maquiavélica Cámara de Casación, de acuerdo a su propia decisión con Calcaterra, provocará el “efecto cascada”, disponiendo remitir a la Justicia Electoral todo el caso.
Ergo, tanto empresarios como funcionarios (encabezados por Cristina) resultarán impunes, porque las simples infracciones electorales está prescriptas.
No es casualidad que el fallo de Calcaterra se dicte en tiempos de la presidencia de Javier Milei. Es sabido que el libertario es amigo y favorecedor del sector empresario, precisamente el que tiene que invertir en su economía de mercado. Obvio, presos no lo pueden hacer.
Es más, todo el movimiento de Milei en contra de la corrupción kirchnerista, están dirigidos a los sectores medios y bajos de la escala. No apuntó nunca contra los popes del robo, como Cristina y otros. Tanto así, que dispuso que los organismos del estado no se presentaran como querellantes en las causas de corrupción.
Esto mereció que, días pasados, el asesor estrella Nicolás Caputo le pidiera la renuncia al vicepresidente de la AUIF, Manuel Tessio, por presentarse como querellante en la causa en que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici.
No extraña, entonces, que propusiera al “anestesista judicial”, Ariel Lijo, especialista en hacer dormir las causas que involucran al poder político, para integrar la Corte Suprema.
Siempre hay algo peor. La propuesta de Lijo mereció el repudio de casi todas las entidades académicas. Pero, siempre hay un pero, ningún partido político se pronunció claramente sobre la postulación. ¿Habrá aquello que dice el título: un pacto transversal de impunidad?
Cristina, Macri y Milei configuran las tres patas políticas de este entramado. La cuarta la pone la Justicia. Mientras tanto, la sociedad vive engañada sobre la cruzada anticorrupción emprendida por Milei, que sólo afecta a los “perejiles”.
La esperanza que nos queda a los ciudadanos, es que la Corte Suprema de Justicia, revoque la decisión de la Cámara de Casación. Caso contrario, cerremos el país.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
