REPETICIÓN
“Me equivoqué, metí la pata, pido disculpas”
Jorge Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján
*Antes que un ruego religioso por la paz y la unidad entre argentinos, la misa de Luján resultó un acto partidario que sirvió para exhibir, otra vez, la profundidad de la grieta. Una muestra más de que, si se hace siempre lo mismo, no se pueden pretender resultados distintos.
**El proyecto anti lawfare, que pretende encarcelar a los jueces que enjuicien a los políticos, es un tiro más para el lado de la impunidad.
***Definitivamente, no habrá paz en la Argentina, en la medida que no haya justicia.
No es casualidad que la “misa por la paz y la fraternidad de todos los argentinos” fuera realizada el pasado sábado en la Basílica de Luján. El gran santuario es un lugar icónico para los argentinos, pero, además de las significantes religiosas, también un templo amistoso para el oficialismo. Piensan, al parecer, que el lugar viene justo para que la política partidaria se dé un baño de piedad bajo la sombra de las sotanas.
Ahí mismo, convocada por toda la cúpula camionera presidida por Hugo Moyano, el ya fallecido arzobispo Agustín Radrizzani, celebró una misa en 2018 para “un cambio en el modelo económico” de Macri. En esa misma arquidiócesis, José López tiraba los bolsos por los muros del convento.
Así que, se trata de una jurisdicción eclesiástica amiga la de Mercedes-Luján, gobernadas por el camporismo. No fue de extrañar que el intendente de Luján promoviera la convocatoria, cumpliendo el mandato de su mentor, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.
Hacia adentro de la iglesia, la misa no fue bien vista. Las vestiduras de la paz con que quisieron adornarla apenas alcanzaban a disimular los intereses políticos que sobresalían bajo el ruedo.
Si la intención fue un encuentro de paz y confraternidad entre los argentinos, se ocuparon de que el resultado fuera exactamente el opuesto. Salió un vulgar acto partidario, que hasta provocó las disculpas del obispo oficiante. Haciendo siempre lo mismo, no se puede pretender un resultado distinto.
Pero ese acto religioso, que demuestra algunas veces la permeabilidad de la autoridad eclesial a los designios del poder político, se inscribe en el amplio marco del proceso de desjudicialización que se pretende para Cristina.
El oficialismo gobernante es pródigo en iniciativas descabelladas y mensajes contradictorios. Cuando convoca a la paz y a la unidad de los argentinos, organiza una misa “militante” en Luján y el mismo día un acto político en Parque Lezama para denostar a la oposición política.
Es cómo si quisieran pedir la escupidera necesitados por las urgencias gubernamentales y judiciales, pero a la vez mantener el discurso dogmático de confrontación. Es tal cual sucede con la designación de Massa: negocian con EEUU y el FMI, pero vociferan contra la deuda y el imperialismo.
En ese derrotero que marca el operativo impunidad de Cristina, como fundamento esencial de la gestión de gobierno, cubren todo el arco temático con iniciativas que, algunas francamente risibles, otras inviables y muchas repudiables.
Además de la ofensiva contra la justicia, que incluyen, entre otras, la modificación de los integrantes de la Corte Suprema y la crítica ácida contra los magistrados y fiscales que llevan adelante las causas de corrupción contra Cristina, además de las movilizaciones, misas, actos, comunicados, pronunciamientos oficiales, no abandonan el campo legislativo con proyectos francamente poco serios, risibles diría si no fueran patéticos.
En mi anterior columna analicé el proyecto de ley contra el odio, una sátira populista que pretende regular normativamente los sentimientos, con el propósito real de silenciar periodistas y evitar críticas opositoras.
Cómo si ello no bastara, la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta agita las aguas judiciales con el objeto declarado de amedrentar a los jueces que se atrevan a juzgar a Cristina, amenazándolos con la cárcel. Propone pena privativas de la libertad para los magistrados y fiscales “que actúen con malicia (¿?) en los juicios a dirigentes políticos”. Es decir, llevar la fantasía del “lawfare” al ámbito penal como delito.
Si el proyecto de la Marziotta estuviera vigente, ya estarían presos los Luciani, los Stornelli, los Campagnoli, también los cortesanos, mirando a Cristina desde detrás de los barrotes. Pareciera una escena de ficción, un mundo al revés.
Tal vez, lo digo en modo irónico, próximamente presenten una propuesta de reforma constitucional, con una cláusula transitoria que la proteja, la declare impune, le permita la conservación de todos sus bienes y, obviamente, le posibilite seguir manejando los hilos del poder sin tiempo.
La embestida del kirchnerismo contra la justicia no es nueva, desde los discursos amenazadores, los mensajes de copamiento violento como el promovido por Hebe de Bonafini, la oscuridad en la muerte del fiscal especial Amia Alberto Nisman, las leyes de pesuda democratización, y tantos otros despropósitos que surgieron de sus usinas.
Sin embargo, algunos sectores de la iglesia, no todos, tampoco estuvieron ausentes de esas intentonas. En mi libro “A Dios lo que es del César” (2021) describo algunos momentos del maridaje político-religioso. En la misa de Moyano, en 2018, el arzobispo Radrizzani cantaba fuera de micrófono “patria sí, colonia no”, acompañado por los vítores de la multitud, y, sin eufemismos, en su homilía pontificaba: “sufrimos un poder judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia”. Si eso no es la teoría del “lawfare”, no sé qué más sería.
Tampoco nuestro Francisco estuvo ajeno a estos asuntos. En mi obra mencionada, hablé de la pata religiosa del “lawfare”, transcribiendo palabras del propio Papa: “El “lawfare”, además de poner en riesgo la democracia, es utilizado para minar los procesos políticos emergentes…es fundamental detectar y neutralizar estas prácticas…en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”. Coincidencia total entre el santo padre y Zaffaroni.
Con el perdón por la auto referencialidad, antes de la elección presidencial de 2019, en una columna anticipé los pasos que se intentarían dar: “La cuestión del operativo “lawfare tendría el siguiente desarrollo: La sociedad acepta culturalmente la existencia de una justicia sesgada, políticamente Cristina es una perseguida judicial, en octubre los votantes eligen la fórmula Fernández-Fernández, y a partir de diciembre comienzan los pasos jurídicos para la anmistía, el indulto o la nulidad de las causas de corrupción, convalidadas por ley especial, reconocidos por una nueva Corte Suprema y santificados por la mayor autoridad religiosa católica en el mundo: Jorge Bergoglio” (Diario El Litoral, 16 de junio de 2019).
Detalles más o menos, ese es el derrotero que está siguiendo el operativo “impunidad”, aunque se encuentre empantanado por la pérdida de mayoría legislativa en Diputados y por una justicia que lentamente está saliendo se su letargo.
Seguramente, las iniciativas gubernamentales, políticas, judiciales, religiosas y sociales seguirán desenvolviéndose para salvar a Cristina de una condena efectiva. Sin embargo, la sociedad y las instituciones aumentan exponencialmente sus anticuerpos, para que el virus de la impunidad no termine en pandemia terminal para la república.
La verdad es que resulta tedioso referirse una y otra vez a este tema. Pero, en mi descargo diré que hoy la Argentina gira en torno a esa exclusiva cuestión y que todos los días nos sorprenden con nuevas iniciativas, que merecen nuestro comentario.
Correrá aún mucha agua bajo el puente, pero los tiempos son limitados, los vencimientos de mandato se acercan y todavía queda mucho que golpear para alcanzar el objetivo del oficialismo. Difícil, muy difícil, claro que no imposible.
Por ahora, la búsqueda de consensos en la Argentina parece señalar que “juntos, ni a misa”.
Dr. JORGE EDUARDO SIMONETTI
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