DESDE EL INDULTO A LA “GRAN MENEM”
“Si acaso doblares la vara de la Justicia no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”
(Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, 2ª. Parte, Capítulo XLII)
*Ingresados ya en el segundo año de gobierno de Alberto, la desesperación comienza a cundir en la tropa kirchnerista. No se obtienen los resultados esperados en el ámbito judicial, y se comienza a presionar para que la solución se traslade al poder legislativo, con la amnistía, y al poder ejecutivo, con el indulto.
**La intención primigenia fue que la justicia pagara los costos de la impunidad. Ahora, el oficialismo sabe que no podrá eludirlos y ya piensa en imponerla por amnistía o por indulto. Para ello, tendrán mucho que ver los resultados de las próximas elecciones legislativas.
***Cristina, cuyo propósito es no sólo salir absuelta sino aplaudida, tendrá que bajar sus pretensiones y, si fuere el caso, utilizar el último recurso de “la gran Menem”, mediante el paraguas protector de los fueros legislativos.
A riesgo de incurrir en tautología, diré que lo normal es que los gobiernos lleguen para gobernar. Sin embargo, para algunos, este objetivo fue secundario, llegaron con otro fin principal, unos para eliminar la violencia con una violencia de estado aún peor, otros para el enriquecimiento propio a costa de la depredación del erario, finalmente los últimos, para organizar la impunidad de los que estuvieron.
En 2019, pocos ignoraban las condiciones que Cristina le había impuesto a Alberto para darle el impensado premio gordo de la candidatura presidencial. Debía ejercer la presidencia con el objeto primigenio de desbrozarle el camino judicial a su mentora, lo de gobernar venía como deriva.
A pesar de que un acontecimiento impensado e imprevisto se hizo presente en el escenario mundial, la pandemia, el flamante presidente comenzó a cumplir su rol de “cleaner”, lanzando furibundas críticas a la justicia en general y a la Corte en particular, remitiendo un proyecto de reforma judicial al Congreso y formando “su” comisión para cambiar la composición y número del más alto tribunal.
Pero no le bastó su investidura de presidente designado ni su autoridad académica de profesor universitario sin concurso, la reforma no logra los números en Diputados, las causas continúan marchando y los cortesanos, sin prisa pero sin pausa, impertérritos, le devuelven uno a uno los mandobles que envía.
El pánico comienza a apoderarse de los mandantes de Alberto, la cosa no parece ser tan fácil con el poder judicial, la tradicional ubicuidad de los jueces no se está haciendo presente en la dimensión esperada, la maleabilidad de las bibliotecas no está siendo utilizada en su beneficio, las actuaciones del Consejo de la Magistratura con traslados y anulación de concursos no ha surtido el efecto buscado.
La desesperación es mala consejera, comienzan a perderse los frenos inhibitorios de la prudencia, el grupo de “amigos de Boudou” reivindica su paternidad para eludir la prisión, Milagro Sala le pide al presidente que la indulte a pesar de su incompetencia en materia provincial, el brazo jurídico del kirchnerismo, lejanos ya sus tiempos de autoridad académica, reclama el dictado de una ley de amnistía.
La “impunocracia” que se instaló en la Argentina a partir de diciembre de 2019, tenía un plan para alcanzar su objetivo principal, con tres alternativas relacionadas directamente con el costo político que su instrumentación supone para el oficialismo. De menor a mayor, se recurriría a la segunda o a la tercera sólo si la primera no rendía sus frutos, como ahora parece. A saber:
1°) La opción primaria fue alcanzar la impunidad a través de las decisiones judiciales, en cuyo caso el costo lo pagarían los jueces y en especial la Corte, de ahí la presión del presidente sobre el poder judicial y los intentos de reforma en su composición. Éste es el camino preferido por Cristina, quien no sólo quiere salir absuelta sino, además, aplaudida y con pedido de disculpas.
Que el derecho y la justicia dan para todo, que siempre hay una biblioteca que lo justifica, son conceptos arraigados en la sociedad, en el hombre común, es decir que la justicia humana sea capaz de hacer el proceso inverso de lo que correspondería. Si lo correcto es que la decisión fuera consecuencia del análisis de los hechos, las pruebas y el derecho, la forma corrupta sería que primero se tomara la decisión y luego se presentaran los hechos y se mencionara el derecho que la justifiquen.
Las generalizaciones son indebidas y existen muchos magistrados que hacen honor al cargo, no sé si en la justicia federal son mayoría.
Pero pasa el tiempo, las causas continúan su marcha, y la mayoría de los jueces no parecen amilanarse ni estar dispuestos a ser el pato de la boda kirchnerista. No está sirviendo tampoco toda suerte de piruetas jurídicas, como aquella de eliminar a la Corte como última instancia y que los fallos “nunca” queden firmes y, consecuentemente, no se puedan ejecutar.
2°) El segundo camino es a través de una ley de amnistía dictada por el Congreso, pero como ello generaría costos políticos al oficialismo y tampoco hoy tienen los números, se instrumentaría luego de las elecciones legislativas de este año, para lo que habría que ganarlas. Allí jugaría el último elemento que falta, la ciudadanía, que al votarlos debería saber que está reforzando el poder de fuego de la amnistía. La próxima elección se constituiría en una especie de plebiscito, un “si” o un “no” a la impunidad.
3°) Si fracasan las dos primeras alternativas, recién Alberto pondría en juego sus pretensiones reeleccionistas y dictaría el indulto presidencial, obviamente luego de las legislativas.
El indulto es misericordia, pero su figura sería la menos deseada por Cristina, porque supone un componente moral, el arrepentimiento, una palabra que no figura ni remotamente en su diccionario.
Pero, cual trapecista de circo, ella maniobra con red de protección. Si las tres fracasaran, finalmente le quedará a la vicepresidenta, y eventualmente a sus hijos, hacer “la gran Menem”, es decir guarecerse de por vida tras el paraguas legislativo de los fueros para evitar la cárcel.
Como puede apreciarse, son varias las iniciativas que se barajan para sacarse el sayo de la persecución judicial. Y, como lo ideal es enemigo de lo posible, de última cualesquiera de ellas son idóneas para gambetear el largo (o corto) brazo de la justicia.
El kirchnerismo tiene un largo historial de relación con la justicia, lo tuvo en la provincia de Santa Cruz, lo tiene a nivel nacional. Luego de un primer paso positivo de Néstor Kirchner al conformar la nueva Corte, es conocido el intento de su sucesora de cooptar el poder judicial con las leyes de “democratización” que finalmente se declararon inconstitucionales.
“Justicia legítima”, el brazo armado del “cristinismo” en el poder judicial, no pudo copar todo el espectro, aunque no está muerta y pugna por sobrevivir, crecer y demostrarle fidelidad a su mentora con sus fallos. Veremos si puede.
Lo cierto y concreto es que el armado de la impunidad es múltiple y complejo, abarca los tres poderes, se puede alcanzar, sucesivamente, con las sentencias, con las leyes o con los decretos, pero ninguno de los caminos está exento de peligros y de costos políticos de impensada envergadura.
Sin embargo, casi todo vuelve a su origen: el voto ciudadano, que tiene una nueva oportunidad de demostrar si quiere ser un pilar de la verdadera justicia o un puntal de la impunidad.
Jorge Eduardo Simonetti
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